La pandemia causada por la COVID-19 tuvo un impacto negativo en la economía a nivel mundial, además de las evidentes afectaciones a la salud. Y México no fue la excepción, ya que entre 2019 y 2020, la economía presentó una caída del PIB de 8.5%, la más grande para el país desde 1965, que tuvo consecuencias en el sector laboral: disminuyó en 17% el número de quienes trabajaban o estaban en búsqueda de empleo, y afectó de manera particular a las mujeres.

Frente a este contexto, especialistas de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas analizaron las medidas que se implementan desde los gobiernos Federal y locales para promover una recuperación económica amigable con el medio ambiente. Los resultados de su investigación se encuentran en la publicación «Panorama de la recuperación en México ante la pandemia por la COVID-19», que fue presentada hoy a través de un evento virtual.

Entre los principales hallazgos de Ethos están que a nivel federal, lejos de impulsarse estrategias sostenibles para atender la pandemia, se llevaron a cabo medidas que afectaron gravemente al sector ambiental, como la reducción de 7% de los recursos del Ramo de Medio Ambiente, que pasaron de 33,229 a 30,894 millones de pesos, así como la reducción del presupuesto de las dependencias y organismos descentralizados encargados de implementar la política ambiental, entre otras acciones.

Por el contrario, a nivel subnacional, estados como Jalisco, Yucatán y la Ciudad de México han promovido medidas de recuperación sostenibles, esto, en gran medida, debido a que antes de la pandemia contaban ya con una visión de sustentabilidad clara, además de que hay un trabajo interinstitucional y de manera conjunta con el sector privado.

A manera de evento de presentación del reporte, Ethos y WRI México organizaron el webinario «¿Cómo encaminar la recuperación de México hacia la sostenibilidad?», en el que participaron Sofía Hernández, Directora General de Transversalidad y Gobernanza Territorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco; Alfredo González, encargado de Agenda 2030 de la Secretaría de Economía; y Karla Maass, cofundadora de la iniciativa Reactivación Transformadora. 

A partir de la crisis generada por la pandemia, en Jalisco se vio la necesidad de una recuperación económica y optaron porque fuera a partir de un desarrollo sostenible, que fuera verde y tuviera un impulso por una economía distinta, expresó Sofía Hernández, y agregó que si bien ya existían programas de apoyo con criterios ambientales, esta fue la oportunidad para potenciarlos; así, se creó Incentivo verde, dirigido a la transición productiva a modelos más sostenibles.

Sobre la Alianza Empresarial por el Clima, expresó que es reciente y con ella las empresas se comprometen a conocer cuál es su impacto en materia de emisiones y tener una ruta de descarbonización con objetivos basados en ciencia. Para esto ha sido fundamental que existe un reconocimiento claro de que la competitividad está vinculada con la sostenibilidad, indicó.

Por otro lado, a nivel federal, el encargado de Agenda 2030 de la Secretaría de Economía Alfredo González compartió que para que para el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en México, se están buscando fuentes alternativas de financiamiento, destacó la emisión de dos bonos sostenibles en dos años consecutivos: uno por 750 y 1250 millones de euros. 

En el contexto de impactos de la pandemia, puntualizó que desde la Agenda 2030 se impulsa una recuperación distinta y se transversaliza la mirada de sostenibilidad. Como ejemplo, señaló, se está impulsando la electromovilidad y también se está trabajando en la economía circular. “Hemos participado en la propuesta de ley sobre economía circular y se está discutiendo una propuesta de norma oficial mexicana en la materia”, aseguró.

Mientras tanto, Karla Maas precisó que la coherencia entre los objetivos climáticos y las acciones de recuperación en América Latina es muy baja. Recordó que de acuerdo con un análisis del PNUD, menos del 0,5% de las medidas de largo plazo serían convergentes con los objetivos climáticos de la región y casi 80% del gasto de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue al transporte tradicional basado en combustibles fósiles, el sector que emite la mayor cantidad de gases de efecto invernadero.

Finalmente, resaltó el papel histórico de la sociedad civil, que es un tercer pilar de la sociedad, para impulsar agendas y en este caso, en la legitimación de las medidas de recuperación que se implementan.. «Necesitamos construir un discurso público para construir una nueva normalidad, es claro que no podemos volver a como estábamos antes de la pandemia […] La sociedad civil tiene un rol fundamental: proponer visión, proponer soluciones, buscar visiones de convergencia”, dijo.