Desde el 2021, habitantes de la comunidad maya Sitilpech, en el municipio de Izamal, Yucatán, iniciaron un proceso organizativo y de defensa legal para exigirle al Estado el respeto y garantía de sus derechos constitucionalmente reconocidos, ante los daños que la empresa porcícola Productos Pecuarios para Consumo (aparcera de Kekén) estaba ocasionando en su territorio con la instalación y operación de una mega granja de alrededor de 50 mil cerdos.

 Daños que vulneran sus derechos al medio ambiente, la salud, el territorio, la participación en la toma de decisiones, el consentimiento, y la libre determinación y autonomía del pueblo. Después de un par de años de trabajo colectivo y defensa legal, la comunidad de Sitilpech logró frenar la operación de la mega granja que contaminó su agua y aire.

 Un juez de distrito en Yucatán otorgó medidas cautelares a los habitantes, mismas que condujeron a la suspensión de operaciones de la granja. Nueve meses después de esta resolución, el poder del empresariado porcícola en Yucatán logró que un Tribunal Colegiado, bajo propuesta del Magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García desechara el caso judicial de la comunidad de forma arbitraria, permitiendo así el reinicio de operaciones de la mega granja.

En esta coyuntura, a inicios de febrero de este año, habitantes de Sitilpech levantaron bloqueos en el pueblo y protestas pacíficas para impedir el ingreso de camiones cargados de cerdos y alimentos procesados a la mega granja, y a la par, seguir exigiendo el respeto a su derecho a la libre determinación y autonomía del cual goza como pueblo originario.

Después de 10 días de plantón, este sábado 18 de febrero a las tres de la mañana, 70 uniformados antimotines de la policía estatal de Yucatán y municipal de Izamal, entraron a Sitilpech para asegurar la entrada de un camión de la empresa Kekén y desmantelar el campamento de las y los habitantes.

La policía portaba escudos y toletes que fueron utilizados para reprimir la protesta pacífica golpeando a los miembros de la comunidad, incluyendo a mujeres y personas adultas mayores, y en frente de niños y niñas de este pueblo maya.

 Además, arrebataron sus celulares para incomunicarlos, robaron diversos bienes y dañaron motocicletas y vehículos. Personas agredidas señalaron que minutos antes de que la policía llegara, el pueblo extrañamente se quedó sin señal de servicio telefónico, ni de internet.

La historia de Sitilpech evidencia la diligencia y complicidad que tiene el estado de Yucatán en velar por los intereses del empresariado porcícola y las agroindustrias, que crecen a costa del despojo de las tierras comunitarias, violaciones a la libre determinación y autonomía de los pueblos, contaminación del agua y los cenotes, e incluso la vida de las personas.

 La gestión del gobernador Mauricio Vila Dosal y sus discursos de sustentabilidad están vacíos de acciones que promuevan el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho legítimos en los territorios en Yucatán y el mantenimiento de los sistemas ambientales del estado.

Lo que el pueblo pide es claro: Fuera Kekén. No quieren los casi 50 mil cerdos que cría. No quieren la pestilencia que causa su mierda. No quieren que les salgan ronchas ni enfermarse por la contaminación. Sí quieren cenar al aire libre y tomar el fresco. Sí quieren volver a tomar agua de pozo. Sí quieren que se respete su autonomía como pueblo maya.