Organizaciones de la sociedad civil,  dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos, lamentaron profundamente los asesinatos de los defensores del medio ambiente en el estado de Michoacán, Homero Gómez González, cuyo cuerpo fue hallado el día 29 de enero después de estar desaparecido por más de 14 días, y de Raúl Hernández Romero quien estuvo desaparecido desde el día 27 de enero hasta que se encontró su cuerpo sin vida el 1 de febrero, quienes  habían denunciado en diferentes ocasiones la tala ilegal de los bosques, hábitat de las mariposas Monarca en Michoacán.

En un comunicado, las ONG, afirman que el contexto y complejidad de las violencias contra personas defensoras ambientales en México ha puesto al país como uno de los más peligrosos para el ejercicio de la defensa de derechos humanos.

 Explicaron que las personas defensoras del medio ambiente no solo enfrentan las consecuencias derivadas de la imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades, sino también de la presencia de grupos del crimen organizado que explotan los recursos naturales de su comunidad.

En ambos casos, afirmaron que  la impunidad persiste, por lo que ésta situación de violencia y persecución en contra de estas personas defensoras se podría agravar a raíz de las recientes propuestas hechas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en particular la de crear un cuerpo especializado de protección a ambientalistas con participación de la Guardia Nacional.

Esta medida propuesta no ahonda en los problemas estructurales que generan las políticas en relación a megaproyectos y que derivan en graves violaciones a derechos humanos, dijeron, pues al contrario, es una medida reactiva y limitada.

“Además, no está enfocada en generar mejores condiciones para la defensa de derechos humanos, sino que consolida la militarización de los territorios, privilegiando así un modelo de desarrollo que prioriza la sobre explotación del patrimonio natural y cultural, poniendo estos elementos por encima de los derechos humanos de las personas, como lo son el derecho a la tierra y al territorio, al agua y a un medio ambiente sano, entre otros”, abundaron.

Ante esta situación, las organizaciones firmantes exigen una investigación exhaustiva y diligente por parte de Fiscalía General del Estado de Michoacán, que incorporé la defensa de los derechos humanos de Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero como principal línea de investigación.

A su vez hacen un llamado al Gobierno de Michoacán a reconocer la labor de personas defensoras de derechos humanos, y a generar las condiciones necesarias para que defensores del medio ambiente ejerzan su labor en un entorno seguro y propicio.

Además hicieron un llamado a la Subsecretaría de Derechos Humanos a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, a que, a la brevedad y sin dilación, consolide un grupo de trabajo interinstitucional con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y con participación de las personas defensoras de derechos humanos, que involucre a todos los niveles de gobierno y a las tres ramas del poder público, para generar acciones con un enfoque diferenciado y de respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, que garanticen el ejercicio al derecho a defender derechos humanos en un ambiente propicio.

Por último, exhortaron al Senado de la República a que ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, que representaría un avance clave para la defensa del medio ambiente al garantizar el acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.