Facetas de México

Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo

El escándalo con repercusiones nacionales e internacionales provocado por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, por haber presentado una tesis copiada prácticamente de otro alumno –Edgar Ulises Báez Gutiérrez—para obtener el grado de licenciatura en Leyes por la Facultad de Derecho de la UNAM, deberá llegar hasta sus últimas consecuencias, a pesar de haberse convertido en un auténtico nudo o nido indescifrable.

La falta de reconocimiento de la ministra, de que “robó el contenido de una tesis, de que cometió fraude, falsificó el proceso de registro, y abusó de la confianza en un concepto público”, son suficientes argumentos señalados en la Constitución Mexicana, para dejar de ocupar el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia. En su Artículo 95, el ordenamiento jurídico –que es la Ley en todo México—señala lo siguiente:

“Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: Fracción Tercera: Poseer el día de la designación, una antigüedad laboral (en aplicación de la justicia) mínima de 10 años; Título Profesional de Licenciatura en Derecho, expedido por una autoridad o Institución legalmente facultada para ello…

“Fracción Cuarta: Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos que ameriten pena corporal de más de un año de prisión. Pero si se tratase de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”.

Pero tan fácil que hubiera sido que la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Mossa, “por amor propio”, desde el primer momento en que la UNAM dictaminó la certeza de la copia de la tesis –con el mismo título, temario y contenido; con los mismos errores y faltas ortográficas—debió renunciar como ministra de la máxima institución que imparte justicia a todos los mexicanos y extranjeros residentes en nuestro país.

Sólo así, podía haber impedido la exhibición del mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “que metiera las manos en la hoguera” en su defensa, independientemente de que sea su amiga entrañable, al señalar que si la UNAM, que otorga los títulos profesionales en todas las facultades de la institución, y la Secretaría de Educación Pública, responsable de extender la Cédula Profesional, no se ponían de acuerdo en una propuesta de solución “nosotros lo vamos a resolver”, afirmó con mucha solvencia el mandatario López Obrador, sin reflexionar que la expresión de PRIMER MANDATARIO, no significa, en términos de Administración Pública, que “sea el PRIMER MANDÓN”, sino ”EL PRIMER MANDADO” por el pueblo que le dio el poder con su voto para ser Presidente.

El tema en comento, está pendiente. Por una parte, la “necedad de la ministra Esquivel”, impide avanzar en el dictamen hecho público del señor Rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue, en el sentido de que, efectivamente, la tesis de Esquivel constituye un fraude, por el hecho de haber sido copiada de una original presentada por Báez Gutiérrez.

Sin embargo, la ministra afirma y reafirma que ella fue plagiada por el abogado Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Ambas partes coinciden que la Tesis de Báez fue presentada con 14 meses de antelación. Es decir, desde julio de 1986, en la Facultad de Derecho, respecto de la fecha de presentación de Esquivel, en septiembre de 1987.

Hay que decirlo las veces que sea necesario: “El primero en tiempo, es primero en derecho”, como sentencia un viejo adagio. Pero esto no lo entiende la señora ministra, quien quiere convencer con afirmaciones personales en diferentes medios de comunicación, sin presentar pruebas. Ella y dos o tres personas, con intereses que, en apariencia, rayan en lo absurdo: quieren hacer creer a todo mundo, que “primero es el número dos, seguido del número uno”.

Los “otros intereses” están a la vista: La señora ministra fue propuesta por el presidente López Obrador, para asumir el cargo que desempeña actualmente en la Suprema Corte de Justicia en 2019; lo ostenta hasta esta fecha y no se sabe hasta cuándo en adelante.

Hay que saber que el esposo de la aún ministra, es un empresario al que, parece, le sobra el dinero: José María Riobóo. Es llamado popularmente como el “empresario de cabecera y favorito del Presidente de México, López Obrador”. Riobóo se dedica, desde hace muchos años, a la industria de la construcción. Ha recibido contratos millonarios de parte de Andrés Manuel. Primero, en su calidad de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y actualmente como Presidente de la República.

Su labor fue parte muy importante en la construcción de la vía elevada, o “segundo piso” del Periférico de la capital del país. En Monterrey, Nuevo León, la empresa de Riobóo diseñó el viaducto que va de la Avenida Servicio Postal, a Sendero, en la zona de Escobedo, con el agravante de que seis de las siete estaciones, por fallas en estructura, fueron cerradas hace tres días en la Línea 2 del Metro regiomontano.

De igual manera, es sabido que la empresa de Riobóo ha recibido contratos jugosos para la construcción del llamado “Tren Maya”, en la península de Yucatán. Por ahora, sus gestiones están enfocadas a lograr que su esposa, Yasmín Esquivel Mossa, logre mantenerse como ministra de la Suprema Corte de la Nación.

Muy importante es el hecho y no debemos omitir en este texto que, la señora Esquivel Mossa de Riobóo, se perfilaba sin oponentes de peso entre los 11 ministros de la Corte, para ser electa, el día dos de enero de este año, como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada más y nada menos.

Tampoco debemos dejar de mencionar que, toda esta tormenta en el señalamiento de plagio de la señora ministra en todo México y el extranjero, fue publicado, en primera instancia, por un destacado escritor y periodista, llamado Guillermo Sheridan, a través del portal “Latinus”, con el antecedente de tratarse de un verdadero investigador universitario, con la habilidad de identificar plagios y todo tipo de irregularidades de personajes públicos y funcionarios gubernamentales.