Después de “este momento histórico-trágico, el mundo no debiera regresar al mismo curso de las cosas que nos llevaron a la crisis de derechos humanos que la pandemia del coronavirus COVID-19 ha develado”, aseguró la doctora Laura Raquel Valladares de la Cruz, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Este “desastre es de tal envergadura que obliga a repensar los acuerdos sociales, económicos y, al propio Estado”, pero sin duda, los profesionales de la antropología “tenemos un papel de interlocución y en este momento debemos tratar de incidir en los debates políticos, porque nuestra experiencia en la investigación” permite contar con un cúmulo de análisis e informes sobre la situación que guardan las garantías individuales en México y el extranjero.

Todo lo que está aconteciendo “nos lleva a pensar en el antes y el después de este fenómeno sanitario, en especial si el universo va a ser distinto como muchos desean”, lo que conlleva a propuestas interesantes desde la disciplina, aunque no audibles debido a la prevalencia de aspiraciones y necesidades del mercado sostuvo la profesora de la Unidad Iztapalapa durante el Seminario virtual Antropología y derechos humanos en tiempos del COVID-19.

En este momento “tenemos a la vista desigualdad, injusticia, discriminación, xenofobia, racismo, expulsión social y pobreza que se profundizan, pues se trata de una inestabilidad civilizatoria, estructural y sistémica que nos lleva al inicio del modelo neoliberal de los últimos 40 años”, con las terribles consecuencias del “capitalismo salvaje”, que tendría que ser replanteado por su inoperancia y fallas para poder enfrentar este suceso, relacionado con la forma en que están actuando y están situados los gobiernos.

Los Estados cada vez deciden menos sobre el modelo de desarrollo y han perdido soberanía o la han cedido a las grandes corporaciones transnacionales para transformarse a la “economía salvaje, con expresiones muy lamentables”, una de ellas la agudización del trastorno ecológico ambiental que, sin ser nuevo, condujo a la depredación del hábitat, con los pueblos nativos violentados debido al impacto de megaproyectos en sus territorios, resaltó la jefa del Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa.

La minería que no sólo ha trastocado la organización comunitaria por el arribo de mano de obra y la devastación de la naturaleza, sino por la creación de nuevos negocios, incluidas cantinas.

Un diagnóstico sobre la situación en el ámbito rural mostró en 2013 que 42 de 62 poblados analizados de México tenían concesiones, sin que los habitantes hayan sido consultados y en ciertos casos los involucrados desconocían su existencia.

La contraparte de esto es el activismo social, la resistencia y la acción que el movimiento indígena en América Latina ha dado desde hace una década a través de las redes sociales, así como de blogs en Internet, permitiendo articulaciones, reflexiones e intercambio de información, casi en tiempo real, sobre lo que está ocurriendo en cada país.

La protesta colectiva en defensa de la vida, el suelo y las garantías colectivas está dejando huellas muy fuertes en el espacio digital, incluido el hashtag El encierro no me calla, que mantiene la disputa contra los megaproyectos y vincula a luchadores y mujeres indígenas, entre otros conglomerados.

La realidad no cambia, pese a esta movilización, porque el inicio de la reactivación de la economía colocó a la minería como un sector prioritario que exige preguntarnos “¿dónde están las alternativas e incidencias de transformación?”.

El panorama de violación de los derechos de grupos autóctonos, trabajadores y mujeres lleva a poner límites a las injusticias y “sin duda una de nuestras apuestas es conocer y documentar aquellos procesos que pelean por la igualdad”, pero no desde un lugar particular sino por distintos actores.

“Nos sentimos ante una crisis civilizatoria que pareciera no tener salida, pero esos ejemplos, rutas y resistencias nos hacen respirar, aunque es una batalla tan compleja que puede trastocar el mundo desde lo local”, resaltó Valladares de la Cruz.

El Seminario –organizado por la Red Mexicana de Instituciones de Formación en Antropología y moderado por la doctora Lizeth Pérez Cárdenas, docente de la Unidad Iztapalapa– contó también con la participación de los doctores Irene Juárez, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); Guillermo Luévano y Manuel Buenrostro, de las universidades de San Luis Potosí y de Quintana Roo, respectivamente, y Rachel Sieder, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).