Con relación al posicionamiento emitido por el gobierno mexicano hacia la COP28 de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) el pasado 30 de noviembre, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), expresó que se  suma a la exigencia del gobierno mexicano sobre la necesidad de que los países realicen mayores esfuerzos para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, encaminados a limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 1.5° grados, basándose en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

En un comunicado CEMDA, afirmó que al respecto, reconocen que México es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático y es también uno de los principales emisores de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel global y el segundo en Latinoamérica. De ahí la importancia de que el Estado mexicano no minimice su responsabilidad de mitigación.

Por otro lado, aplauden que el gobierno mexicano reconozca la necesidad de incorporar un enfoque de justicia social frente a la crisis climática y «nos sumamos al llamado para que durante la COP28 se acuerde un objetivo global de adaptación centrado en las personas y comunidades más vulnerables. Sin embargo, dicho llamado debe respaldarse con acciones concretas y con los recursos necesarios para llevarlas a cabo».

En este sentido, dijo que el gobierno mexicano debe adoptar una política nacional y un plan de acción sobre adaptación de cambio climático, aspectos que, hasta la fecha, no ha realizado. Los casos más recientes, como el de la comunidad del Bosque en Tabasco -la cual ha sido desplazada de sus hogares debido al avance del mar- y las graves afectaciones ocasionadas por el impacto del huracán Otis en Acapulco, nos muestran que el gobierno carece de recursos etiquetados para adaptación, así como de una ruta de acción clara para enfrentar estas situaciones de manera preventiva, suficiente y adecuada.

Además, el Estado mexicano debe asignar los recursos suficientes a través del Anexo Transversal 16, el cual debería destinarse a acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático.

Lamentablemente, dijo que tanto en el presupuesto de 2023, como en el proyectado para el 2024, estos recursos están siendo asignados a mega proyectos como el Tren Maya, a la construcción de infraestructura para gas fósil y para programas como Sembrando Vida, los cuales no contribuyen a la reducción de emisiones de GEI, sino que, por el contrario, las aumentan.

Al mismo tiempo saludaron la reafirmación del compromiso de que México logrará generar el 35% de energía limpia para el 2024. Sin embargo, esto debe acompañarse de una ruta de acción con objetivos claros, medidas específicas e indicadores medibles, lo que, hasta la fecha, no ha ocurrido, además de que dicha meta debería alcanzarse predominantemente a través de energías renovables.

Precisaron que es relevante el compromiso asumido por México de realizar esfuerzos que hagan operativo el Fondo para la Atención de las Pérdidas y Daños, así como el Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral a Desastres Naturales. Sin embargo, esto contrasta con las medidas tomadas por el gobierno mexicano de desaparecer el Fondo para el Cambio Climático y el Fondo Nacional de Desastres, así como con la ausencia de criterios y reglas claras para la asignación y ejecución de recursos públicos para acciones de mitigación y adaptación de cambio climático.

Frente a todo lo expuesto anteriormente, desde el CEMDA «hacemos un llamado al gobierno mexicano para que, además de declaraciones de buenas intenciones, lleve a cabo medidas específicas y dé a conocer la ruta con la que pretende alcanzar los compromisos asumidos, así como el grado de avances de las acciones realizadas»