Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, externamos nuestra preocupación ante el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036 (Prodesen) presentado el pasado 31 de mayo de 2022 por carecer de enfoque y acciones hacia una transición energética justa en México.

El Prodesen es el principal instrumento de planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), e incluye las estrategias, objetivos y metas para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en México. Su contenido marca el rumbo y el avance (o no) de la transición energética justa en nuestro país.

En esta edición, queda claro que el Gobierno de México no ha contemplado avanzar hacia una transición o transformación de las fuentes de generación eléctrica. Por el contrario, se observa que se favorece -y se continuará favoreciendo- la generación de energía eléctrica con fuentes fósiles como el gas y el combustóleo.

De ahí que nuestra preocupación radique en que dichas energías son altamente contaminantes y dañinas no solo para el medio ambiente, sino también para la salud de las personas.

Según los datos de los informes anuales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 2020 a 2021, de toda la canasta de energéticos para la generación de electricidad, la fracción de la generación de energía proveniente del combustóleo pasó de una participación del 5.65% a 13.80%; es decir, la fracción de combustóleo se incrementó en más del 144% en tan sólo un año, aún cuando la propia CFE ya había reconocido que este tipo de combustible es más caro, menos eficiente y con mayores impactos ambientales.

Como ejemplo, se pueden citar las emisiones de la central termoeléctrica de Tula, cuyas emisiones de PM2.5, generadas por el uso de combustóleo, son responsables de 16 mil muertes prematuras en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Como organizaciones de la sociedad civil, consideramos que es fundamental que la política energética del país promueva una transformación justa, que atienda las brechas de desigualdad existentes, reduzca la pobreza energética y garantice el derecho a un medio ambiente sano para todas las personas, especialmente aquellas que habitan los territorios en donde se localizan las centrales de generación de electricidad.

El Prodesen 2022-2036 manifiesta que se incumple e incumplirá con las metas establecidas en la Ley de Transición Energética (LTE) y en la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en materia de generación de energía limpia. Además, no presenta elementos de una política energética que reduzca los impactos ambientales y sociales del actual modelo de generación fósil y, mucho menos, establece cuál será el avance en la construcción de una ruta planificada de transición energética justa en la que se genere bienestar en las poblaciones locales.

El Programa ancla a México a una infraestructura fósil contaminante por las próximas décadas y aumenta la dependencia de combustibles provenientes del extranjero, como el gas. Esto hará que México no cumpla con los compromisos que suscribió en el Acuerdo de París y retroceda de manera lamentable en la lucha por la justicia climática.

La transición energética justa es un proceso largo y complejo, pero que tiene que desarrollarse e implementarse de manera urgente, ambiciosa e impostergable, reflejándose en los planes, estrategias y programas energéticos y climáticos del gobierno. Debe hacerse desde un marco de justicia climática en donde se garantice el derecho de los distintos actores involucrados a participar en la planeación de las políticas del sector energético, ya que impactarán en su salud y bienestar.