Es en la familia en donde se originan, previenen y solucionan los problemas sociales, incluida la trata de personas, coincidieron especialistas en el 1er Congreso internacional de Derecho Penal 2018, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En la conferencia “Trata de personas y nuevas formas de esclavitud”, Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, expuso que nuestro país “es una mezcla explosiva de condiciones de vulnerabilidad para que niños y adolescentes sean víctimas de esta situación.

“La vulnerabilidad se deriva de las condiciones del entorno, por lo que el derecho debe ser una herramienta para reducirla; no obstante, hay una gran resistencia social para considerar a los niños como titulares de sus garantías, y otro obstáculo es la debilidad institucional”, dijo.

En el auditorio Alfonso Caso, propuso el abordaje de este problema de manera multifactorial: hacer un tratamiento jurídico diferenciado a niños y adolescentes, además del impulso a la prevención y a un cambio cultural; para ello el trabajo en familia es imprescindible, con una adecuada educación sexual.

La trata no es sólo sexual, las víctimas pueden ser utilizadas como bancos de órganos o como sujetos de esclavitud, alertó Julián Güitrón Fuentevilla, presidente del Tribunal Universitario y docente de la Facultad de Derecho

México es un país vulnerable y atrayente para la trata de personas, y desde hace tiempo es lugar de origen, de tránsito y destino, subrayó Julián Güitrón Fuentevilla, presidente del Tribunal Universitario y docente de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM.

“Las redes sociales son un enemigo silencioso que llega hasta la recamara, ¿la familia no se da cuenta de ello? No hay que dejar a los niños y adolescentes solos frente a las pantallas. Además, la trata no sólo es sexual, las víctimas pueden ser utilizadas como bancos de órganos o bajo condiciones de esclavitud, incluso aquellas que tienen alguna discapacidad”, alertó.

En su oportunidad, Carlos Daza Gómez, académico de la FD, hizo una crítica a la técnica y redacción legislativa sobre trata. Cuestionó si realmente el Estado ha creado normas que solucionen esta situación, o sólo son satisfactores para que “la ciudadanía se perciba segura”.

La trata inicia y se previene desde el núcleo familiar, no con más figuras delictivas o normas sancionadoras, hay que esforzarse en el trabajo social, apuntó.

Yuriria Álvarez Madrid, directora general del Programa contra la Trata de Personas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expuso que este fenómeno no se remite solamente al ámbito penal, está ligado a profundas causas estructurales que tienen que ver con la injusticia social, la discriminación racial, la corrupción y la violencia contra las mujeres.

En tanto, Sanjuana Sánchez Alfaro, egresada del posgrado de Derecho, resaltó que la trata de personas es uno de los tres delitos más lucrativos del mundo, sólo después del tráfico de drogas y de armas. A nivel internacional, 21 millones de personas son víctimas de este fenómeno delictivo con fines de explotación sexual o laboral, lo que genera a la delincuencia 150 mil millones de dólares anuales, indicó.

En agosto pasado, Estados Unidos presentó el Informe Mundial sobre Trata de Personas, en el que evaluó a 175 países, entre ellos México. En este documento se consideró que nuestra nación es fuente, tránsito y destino para las personas sometidas a tráfico sexual y trabajo forzado.

Asimismo, se reportó que en 2017 en nuestro territorio más de 10 mil mujeres fueron víctimas de explotación sexual, “y no sólo eso, sino que provee al vecino del norte de mujeres provenientes de Europa, Asia y Latinoamérica, y mexicanas originarias de Baja California, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas y Tlaxcala, entre otras entidades”.

En su exposición “México, país de origen y tránsito de explotación sexual”, la jurista destacó que de acuerdo con la American Bar Association de EU, en nuestra nación existen 47 grupos de delincuencia organizada dedicados a la explotación sexual de mujeres y niñas.

Zoraida García Castillo, coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina, expuso que la ciencia debe interactuar con las investigaciones de delitos en general. Las aportaciones de las pruebas científicas son elementos importantes para tomar decisiones judiciales.

En la conferencia “Investigación de los delitos contra la salud y ciencias forenses”, señaló que por tradición la opinión científica (perito) ha sido auxiliar del juez en un proceso de tipo inquisitivo.

Destacó la necesidad de contar con laboratorios con buenas prácticas y acreditación, así como con bases de datos nacionales de huellas dactilares y datos balísticos, así como de rastros de ADN, tipos de sangre y de voz.