En el marco de las recientes modificaciones a las políticas de despacho de energía eléctrica emitidas por la Secretaría de Energía (SENER) y el Centro Nacional de Control Energético (CENACE), así como de las diferentes reacciones al respecto, tanto de la sociedad civil como de las empresas de energías renovables, El Poder del Consumidor (EPC), la Iniciativa Climática de México (ICM) y la Fundación Heinrich Böll abordaron el tema en una conferencia virtual para profundizar en las perspectivas del cambio climático, la defensa del territorio, el impacto social de las empresas de energías renovables y la defensa de los consumidores.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, abordó la importancia de realizar una transición energética como una medida central y urgente para enfrentar el cambio climático, bajo el papel rector del Estado, con justicia social y plena transparencia.

Indicó que lo anterior es uno de los grandes retos a enfrentar, ya que en el pasado diversas empresas energéticas han desarrollado sus proyectos sin consultas plenas a las comunidades, sin transparencia, con pagos mínimos por la renta y beneficios raquíticos a los municipios.

Estas empresas han sacado provecho de la falta de regulaciones y transparencia, a costa de los propietarios de la tierra y las comunidades, gracias a gobiernos extremadamente corruptos.

Calvillo declaró: “Con una política reguladora transparente y justa, con contratos públicos, con adecuados beneficios para los propietarios de las tierras y los municipios, las energías renovables deben seguir adelante, sumándose la participación de la CFE en nuevos proyectos, incorporando proveedores nacionales. El costo de las energías renovables es menor, son fuente de muchos más empleos que la generación de electricidad por energías fósiles, no dependen de combustibles, no tienen los graves impactos locales de las termoeléctricas, y contribuyen a los compromisos del gobierno mexicano de combate al cambio climático”.

Por su parte Carlos Tornel, doctorando en ecología política de la Universidad de Durham, habló de cómo esta transición debe ser justa, democrática y soberana, convirtiéndose en el motor del cambio que guíe otras políticas que permitan transformar la sociedad, reduciendo el consumo de energía en sectores clave.

Por ejemplo, al sustituir la movilidad individual por un modelo colectivo o la producción de servicios comunitaria, y disminuyendo la intensidad energética de nuestras sociedades con medidas como la reducción de las jornadas de trabajo y la reestructuración del modelo económico alrededor de las economías del cuidado y la reproducción, no de la producción y la competencia, además del reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derecho.

Tornel señaló: «La pandemia de COVID-19, con todo lo que implica, presenta una ventana de oportunidad para democratizar el sector eléctrico en México. La transición energética debe estar basada en principios de justicia y autonomía energética, bajo un diseño que permita asegurar que la energía se convierta en un derecho y no en una mercancía».

Jorge Villarreal, Director de Política Climática de ICM, señaló que en la planeación sectorial energética y los proyectos de infraestructura se priorizan los aspectos técnicos, económicos y políticos por encima de las dimensiones sociales, ambientales y culturales, lo que ha exacerbado la desigualdad en el uso y acceso de los recursos, así como los conflictos sociales en el territorio. Los mecanismos e instrumentos existentes son insuficientes para garantizar un acceso y uso justo de los recursos naturales y socioeconómicos.

“Por los compromisos climáticos, México requiere de una mayor penetración de energía renovable para dejar de consumir energía producida con fuente fósil, pero no a cualquier costo. Esta transición energética debe ser justa, esto implica que el desarrollo de energía renovable debe ser concebido desde el marco de derechos humanos, garantizando una participación efectiva de todas y todos los involucrados en la planeación del proyecto, desde su implementación. Debe reconocer y prevenir los impactos a gran escala, así como potenciar los beneficios sociales”, enfatizó Villarreal.

Para lograr una transición energética justa es necesario incorporar la perspectiva social en las prácticas y las capacidades de los diferentes actores, así como en los instrumentos de política pública para la gobernanza, planeación y diseño de la transición energética.

“La política pública puede y debe ser adecuada y fortalecida, para abrir espacios de conversación y participación significativa desde el territorio, que garanticen el enfoque de derechos en la transición energética», afirmó Ana Sofía Tamborrel, asociada al proyecto para Impacto Social de ICM.

Por su parte, Dolores Rojas, de la Fundación Heinrich Böll, mencionó que si bien deben tomarse en cuenta las consecuencias ambientales de la producción y el consumo de ener­gía, no debe soslayarse su costo social.

“Eso aplica no solamente a los productores de ener­gía fósil, pues las energías renovables no son automáticamente la mejor opción; un factor decisivo ra­dica en la escala de los proyectos, tanto como en la fuente de energía”. Agregó que la actual pandemia ha subrayado la necesidad de explorar más los caminos para reducir el consumo de energía, “preguntarnos para qué y para quién necesitamos más energía antes que producir más”.