Mediante 10 decretos presidenciales se levantó la veda de aguas superficiales en 295 cuencas del país, el objeto es el manejo de una nueva visión para la restauración y preservación del equilibrio ecológico, explicó María del Carmen Carmona Lara, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).

En conferencia de medios en el auditorio anexo del Instituto de Geografía (IGg), indicó que “lo que genera inconformidad por estos 10 decretos es el hecho de que estamos frente a facultades exclusivas del Presidente de la República, cuya decisión se basa en estudios técnicos realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”.

Se requieren estudios, caso por caso, dijo María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas

La universitaria consideró que el decreto preocupante no es el que salió el 6 de junio, porque su objetivo es crear la Reserva Ecológica del Agua para manejar el caudal ecológico; “el que se debe de revisar es el del 23 de marzo de este año”.

Para Carmona Lara, estos decretos dejan ver la inconsistencia de la gestión del agua, pues aunque refieren que son para fortalecer la gestión integrada del recurso hídrico, son instrumentos que deberían acordarse con los consejos de cuenca, caso por caso.

Desde el punto de vista jurídico, se necesitaba levantar la veda, pero ésta es parcial, para destinar una parte del agua al equilibrio ecológico, aclaró.

“Lo que esperamos son 295 programas de reservas de agua en cada una de las cuencas, en donde sepamos cómo se cuida el caudal ecológico reservado para el sustento del ambiente”, subrayó.

Pero más del 90 por ciento de los ríos están contaminados, algunos declarados muertos. “Estamos reservando el agua cuando ya la ensuciamos; con esa falta de calidad es nada más un paliativo sin consistencia a futuro”.

Además, criticó que se hable de volúmenes y cantidades del recurso sin hacer mención de la calidad.

Estudios científicos de cuencas interconectadas

En su oportunidad, Joel Carillo Rivera, investigador del IGg, señaló que en los decretos “todo se enmarca de acuerdo con el caudal ecológico, que está dirigido sólo al cauce del río, no a entender qué pasa en toda la cuenca que aporta agua al río; es decir, se refiere sólo al agua superficial y no considera la subterránea, ni de dónde proviene o hacia dónde va”.

Explicó que cuando no llueve, el río de todos modos lleva líquido proveniente de aguas subterráneas, que se generan en algún lugar del país, y es necesario tomarlas en cuenta cuando se legisla al respecto.

Los ríos y cuencas no son entes separados ni autónomos, sino interconectados. Tienen un flujo horizontal que sí se considera en las leyes, y otro vertical que no se contempla. “El 97 por ciento del agua es subterránea,” concluyó.