En un ejercicio sin precedente, cinco iniciativas de ley en torno al tema del agua han logrado llegar a una propuesta consensada, comprometida con garantizar el derecho humano al agua y con ello la disponibilidad del líquido para todas las personas.

 La nueva iniciativa, además, reconoce el derecho de los pueblos originarios a decidir sobre el agua en sus territorios y hace al consumo humano la primera prioridad. Cada una de las iniciativas está precedida por importantes trabajos de consulta y discusión con la sociedad y los diversos actores interesados.

De este proceso dio cuenta el foro Avances y reflexiones hacia la Ley General de Aguas, convocado por el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, el y el Programa de Sustentabilidad de la UAM, las cuatro comisiones dictaminadoras de las cámaras de Senadores y Diputados y la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Leo Heller, Relator Especial del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas, participó en el foro y comentó que: “Hay un consenso en la sociedad mexicana, es importante aprobar la ley. Es necesario aprobar una ley en la que los derechos humanos al agua y al saneamiento estén claramente consignados tanto para casos individuales como colectivos. Esto será un instrumento fundamental para formular políticas públicas”.

Heller abundó que antes de promover la privatización de servicios de agua es necesario hacer una evaluación de sus impactos, garantizar plenamente los derechos y establecer salvaguardas.

“Hay una absoluta necesidad de una ley que defina que el uso del agua para consumo humano es la prioridad por encima de cualquier otro uso, ningún megaproyecto debe comprometer el consumo humano del agua. Esto es importante en México donde hay muchas tensiones en torno del tema”.

Esta Ley está avanzando a través de un proceso de colaboración innovador, involucrando a las y los promoventes de las 5 iniciativas que han sido presentadas, así como las Secretarías Técnicas de las dos comisiones dictaminadoras en la Cámara de Diputados, en coordinación con las dos comisiones dictaminadoras del Senado.

Los equipos promoventes de las cinco Iniciativas expusieron los vigorosos procesos de participación que respaldan sus propuestas. Por parte de la Iniciativa Ciudadana, el proceso de ocho años ha involucrado cientos de especialistas así como seminarios, foros y congresos con la participación de pueblos indígenas y comunidades, afectados por la contaminación y la sobreexplotación del agua, usuarios urbanos y empresarios que buscan el buen gobierno del agua.

Esta propuesta luego fue retomada por 34 senadores de Morena y el Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo, quienes la presentaron como propia.

Por su parte, la Coordinación Temática de Medio Ambiente de Morena en la Cámara de Diputados realizó un proceso ampliamente participativo de año y medio para generar su propuesta. La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento basó su propuesta en 35 foros estatales, cubriendo toda la República. Cuenta con las firmas de 11 Presidentes de Comisiones en esta Cámara.

Los grupos promoventes de las Iniciativas presentaron los consensos que se han ido generando en el inédito proceso de construcción del dictamen, realizado de acorde con los principios de Parlamento Abierto. 

Entre ellos: a) Asegurar que pueblos indígenas y otros grupos que han sufrido la violación de sus derechos puedan participar en las instancias de toma de decisión sobre el agua y las cuencas.

B) Que las decisiones de los tres órdenes de gobierno sean orientadas por planes vinculantes para garantizar la sustentabilidad con equidad.

c) Que las grandes concesiones sean fuertemente condicionadas y sujetas a ajustes de volumen para garantizar la seguridad hídrica para todxs.

d) Que se establezca un instrumento que permita la no autorización de concesiones o proyectos que pudieran vulnerar el derecho humano al agua. E) Que los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas en sus territorios sea reconocida sin el artificio de la concesión, conforme con la Constitución y los instrumentos internacionales.

F) Que se reconozcan a los sistemas comunitarios autogestionados.

G) Que se priorice el acceso domiciliar y para servicios públicos básicos (escuelas, hospitales) en la distribución del agua en los municipios y áreas metropolitanas.

La elaboración de esta Ley fue mandatada por la reforma al 4º Artículo Constitucional de 2012, la cual dio al Congreso de la Unión un plazo de 360 días para su aprobación.

Jesús Peña, representante de la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU, participó en el Foro y comentó que: “Reconocemos y alentamos la importancia de esta ley.

Hay un incremento en los casos que involucran conflictos por el agua en el país. Cada día hay más personas y comunidades que defienden el derecho al agua y en ocasiones esas personas son amenazadas, criminalizadas y asesinadas. Una nueva ley de aguas va a ayudar a resolver esta situación”.

 Por su parte, los legisladores que han participado en la elaboración de las iniciativas y en el proceso de consenso destacaron que:

«La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de legislar el derecho humano al agua potable y al saneamiento. En México, a pesar de la gran disponibilidad de agua dulce, sufrimos por escasez. Menos del 50% de las aguas residuales reciben tratamiento adecuado. En la Comisión de Medio Ambiente nos han sido turnadas una serie de iniciativas sobre el tema. Tenemos frente a nosotros la oportunidad de fortalecer el marco jurídico del agua, no la desperdiciemos»: Dip. Roberto Rubio Montejo, Pdte. de la comisión de Medio ambiente de la Cámara de Diputados.

«En la batalla desigual entre el interés comercial y las comunidades, a éstas últimas les ha tocado la peor parte. 70% de las aguas concesionadas están en manos de solo 7% de los concesionarios. Existen 1011 millonarios del agua. Se estima que los ríos están fuertemente contaminados y sus pobladores con problemas de salud. El agua es un reto estratégico en todo el país»: Sen. Gloria Sánchez Hernández, sec. de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores.        

El Estado se encuentra obligado a promover, respetar y garantizar el acceso humano al agua. Para ello, se necesita una nueva ley con un enfoque de derechos humanos, en la que el agua ya no sea vista como una mercancía: Sen. Ana Lilia Rivera, de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores.

Estamos de acuerdo en que en este periodo legislativo aprobemos la Ley General de Aguas. Se ha elaborado un amplio consenso a partir del trabajo de campo, para ir de la mano con el gobierno federal, los promoventes, diputados y diputadas y todos aquellos que han participado: Dip. Feliciano Flores Anguiano, Pdte. de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

El video completo del foro se puede consultar en el vínculo: