La organización ANIMAL HEROES analizó artículo por artículo los dos dictámenes que crean la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales — el aprobado en comisión por la COMARNAT de la Cámara de Diputados el 3 de junio y el proyecto presentado en Comisiones Unidas del Senado el 13 de julio — y advierte que, tal como está escrito, el texto pone en riesgo la vida de miles de perros y gatos en todo el país.

Ambos documentos contienen la misma ley, reglamentaria de la reforma constitucional de diciembre de 2024, y entraría en vigor a los sesenta días de su publicación.

Adriana Buenrostro, Directora Política de la organización, resumió el hallazgo con el nombre que le puso al dictamen: «Se llama Ley de Bienestar Animal, pero solo en su texto las palabras matanza, eutanasia y muerte aparecen más de cincuenta veces. El cariño está en el nombre y el veneno está en la letra. Por eso la bautizamos como la Ley Pedrito Sola.»

La referencia alude a las declaraciones que el conductor hizo públicamente el 7 de julio — por las que después ofreció disculpas — y no pretende señalar a una persona, sino nombrar una contradicción: decir cuidado y escribir muerte.

El análisis de la organización documenta, con artículos en mano, dónde está el problema. El artículo 8 ordena a los municipios «rescatar» a los animales ferales y abandonados, y canalizarlos a los Centros de Prevención y Control de Zoonosis, que el propio dictamen define como los viejos Centros de Atención Canina. Los artículos 82 y 83 permiten ahí medidas de control «que tengan como última opción provocar la muerte», sin obligar a nadie a intentar antes la esterilización ni la adopción.

El artículo 73 prohíbe matar hembras en el último tercio de gestación, salvo cuando se trate de «medidas de control animal» — justo el supuesto que aplica a las abandonadas. El artículo 58 ofrece la eutanasia como salida para los perros de trabajo jubilados, cuando el Ejército lleva años dándolos en adopción mediante convocatorias públicas.

El artículo 107 permite vender en subasta a un perro o un gato decomisado por maltrato. Y el catálogo de sanciones olvidó incluir los artículos que regulan la matanza y el control: matar fuera del marco de esta ley no tendría consecuencia administrativa alguna.

«El dictamen revive el modelo que México llevaba décadas tratando de enterrar: el del antirrábico del que ningún perro salía», señaló Buenrostro. «Y lo hace con una ley que en el papel reconoce a los animales como seres sintientes. Esa contradicción no es un matiz técnico: son vidas.»

La organización subraya que su posición no es de rechazo, sino de corrección urgente, y ya redactó dieciséis reformas puntuales — con texto vigente, texto propuesto y justificación jurídica y ética — que comparten una misma lógica: que agotar las alternativas antes de matar no sea una intención, sino un requisito comprobable, con expediente, plazos y registros públicos. Ninguna requiere presupuesto adicional ni toca a la industria.

«No pedimos tirar el dictamen. Pedimos corregirlo antes de que sea demasiado tarde», concluyó Buenrostro. «Hay artículos que se arreglan con una línea y salvan miles de vidas: ya los identificamos, ya redactamos las reformas y no cuestan un peso. Senadoras, senadores, diputadas, diputados: estamos listas para sentarnos a trabajar.»

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