El Senado de la República revisará y votará este 19 de abril el dictamen de modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), en el tema de plásticos de un solo uso y los integrantes de la Alianza México Sin Plástico (AMSP) advierten que aprobarlo sería un error que beneficiaría a la industria, en lugar de combatir de manera efectiva la contaminación por plásticos.

“La Alianza México sin Plástico, Greenpeace México, la Asociación Ecológica Santo Tomás A.C., Fronteras Comunes A.C.  y el Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad (LIDECS) nos manifestamos totalmente en contra de la aprobación de este dictamen en la forma en que se encuentra redactado y consideramos como muy preocupante que lleguen a aprobar estas modificaciones legislativas que son imprecisas, desinformadas, que carecen de bases científicas, técnicas y que resultan social, económica, ambiental y jurídicamente incorrectas.

Las principales alertas que identificamos en este dictamen son las siguientes:

• Se incluye en diversos artículos el término “responsabilidad extendida” el problema es que la definición que dan es equiparada  con la responsabilidad compartida que ya existe en la Ley, es decir, no establece responsabilidades claras y ambiciosas para productores, importadores, transformadores y comercializadores de plásticos. Con la redacción propuesta, persiste la visión de que las responsabilidades de estos pueden ser fácilmente equiparables con las de los gobiernos o la ciudadanía.

Es esencial que la LGPGIR integre el término y concepto completo de “Responsabilidad extendida de los productores”, como es definida por organismos internacionales reconocidos, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La definición presente en el dictamen es imprecisa y claramente manipulada para ser coincidente con los intereses del sector industrial.

De proceder esta redacción, se ocasionarán confusiones al momento de aplicar la ley. Por esta razón, lo que solicitamos en nuestra calidad de expertos en la materia es que dichas referencias sean adecuadas con base en nuestras recomendaciones y justificaciones, o de lo contrario sean eliminadas.

• La definición de “plásticos de un solo uso” es imprecisa y también está hecha claramente para beneficiar al sector industrial.  No existen los “plásticos de un solo uso”; existen productos de plástico de un solo uso (o desechables). El material no define el número de usos. Por ello esta definición debería referirse a “Productos Plásticos de un Solo Uso”. Los productos o aplicaciones plásticas de un solo uso adquieren esta característica debido a su diseño, a su concepción para ser desechables y no a una visión idealista sobre si pueden reciclarse o compostarse.

Una definición así dejaría fuera del término, y por tanto de las prohibiciones, a la mayor parte de los productos plásticos de un solo uso puestos en el mercado en nuestro país por lo tanto debe modificarse.

En el dictamen persisten las alertas que hicimos anteriormente sobre diversos artículos que ponen en riesgo las prohibiciones estatales, actuales y futuras (Art. 10BIS, Art. 100BIS, Art. 96, por ejemplo), ya que condicionan la aprobación e implementación de estas medidas a su pertinencia económica, de nueva cuenta privilegiando salvedades en beneficio del sector industrial.

• Artículo 10 Bis.- La Federación, las entidades federativas y los ayuntamientos deberán observar los principios y políticas de esta Ley, la libre concurrencia y competencia económica, para lograr una gestión integral de residuos ambientalmente adecuada así como tecnológica, económica y socialmente viable y evitar barreras técnicas o tratos discriminatorios.
• Artículo 96.- Toda regulación expedida por entidades federativas o municipios deberá analizar previamente las implicaciones económicas, sociales y ambientales para garantizar que los beneficios sean superiores a sus impactos.
• Artículo 100 Bis.- Las disposiciones que expidan los municipios y alcaldías, en relación con la prevención de la generación, manejo y disposición final de residuos de su competencia, deberán emitirse de conformidad con la presente Ley, incluidas las prohibiciones del artículo anterior.
• Implica prohibiciones para la ciudadanía y posibles sanciones si no tiran la basura en su lugar, asimismo abre la posibilidad de cobros a la ciudadanía por la recolección de residuos que hagan los municipios.

Es decir sigue la visión de culpar a la gente y cargar a su bolsillo la responsabilidad de los productores.

• No desincentiva el consumo de plásticos:
• “Establecer, en su caso, las medidas económicas y fiscales necesarias para incentivar la producción y consumo de productos plásticos que cumplan con los criterios de economía circular;” (art. 9, facultades de los estados).

Crear, financiar y mantener la infraestructura sigue siendo obligación de gobiernos estatales y municipales,

No se asigna ninguna responsabilidad en este sentido a las empresas (art 9, 10, 26, 28, 96).

“Además de las anteriores, el documento propuesto incentiva la incineración y el co-procesamiento de residuos a pesar del negativo impacto ambiental de estas prácticas y sin atender la necesidad de privilegiar la prevención y la minimización antes que el aprovechamiento, y aunque introduce elementos de economía circular, estos no están correctamente aplicados y no se garantiza su adecuada instrumentalización, entre otras deficiencias identificadas” precisó Jorge Tadeo, del Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad.

“El dictamen que las y los senadores pretenden aprobar el lunes 19 de abril es una tomada de pelo para la sociedad civil y los expertos que desde hace años vienen alertando al poder legislativo sobre las reformas necesarias para combatir efectivamente la contaminación plástica. Los acercamientos que tuvieron con nosotros fueron una simulación para dar la apariencia de inclusión, porque no tomaron en cuenta ninguna de nuestras principales observaciones. Ahora buscan aprobar este dictamen para beneficiarse en el marco de las elecciones, pero una vez más nos demuestran que importa más el poder político que la protección ambiental y el beneficio de la gente. La ciudadanía ahora más que nunca exige representantes que cumplan por el bien común y no que sirvan a los intereses particulares”, indicó Ornela Garelli, especialista en consumo responsable y cambio climático de Greenpeace México.

“Desde hace años, la industria ha engañado sistemáticamente a la sociedad, al etiquetar sus productos con leyendas que hacen alusión a la reciclabilidad, compostabilidad y biodegradabilidad de los empaques, aún y cuando no hay normas oficiales mexicanas que establezcan la forma en como esto es realmente efectivo. Lo que no dicen, es que en México solo se recicla el 5% de esos plásticos llamados reciclables, pues no hay infraestructura para aumentar esa cifra. Por otra parte, aquellos productos etiquetados como compostables y biodegradables, requieren forzosamente de un procedimiento industrial para su tratamiento, capacidad que nadie tiene en sus casas. Por ello, el concepto de “plásticos de un solo uso” que propone el Senado, debe mejorarse o bien, eliminarse, pues es claramente afín con los intereses de la industria y muy alejado del interés público”, afirmó Esteban García-Peña Valenzuela, director de campañas, de la oficina en México de Oceana.

La Alianza ya había hecho todas estas alertas a la Comisión de Medio Ambiente del Senado en forma de comentarios y propuestas de articulado. De 89 comentarios formulados por la Alianza solo se retomaron 17 parcialmente, es decir este dictamen no surge de ningún consenso entre actores, al contrario, las voces de la sociedad civil siguen sin ser escuchadas por esta legislatura que continúa privilegiando los intereses particulares sobre el bien común y el medio ambiente por lo que claramente la apertura de espacios de discusión sobre el tema han sido una simulación. 

Como Alianza recalcamos que es urgente contar con una ley, pero ello no justifica aprobar una  que no sirva a su cometido: detener la contaminación por plásticos de un solo uso y la consecuente degradación de los ecosistemas a los que éstos llegan.

Este es un llamado público que se suma a la carta entregada el 15 de abril a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República (1) presidida por el senador del Partido Verde,  Raúl Bolaños-Cacho Cué.