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A la comercialización del patrimonio natural se suma la apropiación del patrimonio cultural, alertó Ana María Salazar Peralta

Mayor precariedad y desigualdad en Riviera Nayarit

Sistemas costeros, como los del estado de Nayarit, sufren importantes conflictos ambientales por la imposición de enclaves turísticos, principalmente a cargo de capital extranjero, por la inversión directa que en realidad es una amenaza para los recursos ambientales y las poblaciones locales, la cual debería llegar, pero con respeto a los bienes comunes, afirmó Ana María Salazar Peralta, del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la UNAM.

Mayor precariedad y desigualdad en Riviera Nayarit
En esa zona turística emergen organizaciones sociales para enfrentar diferentes problemáticas, dijo

En el sur de la entidad, en la llamada Riviera Nayarit, aunque las comunidades obtienen empleos, tienen salarios bajos y durante la pandemia se perdieron debido al confinamiento. “La emergencia sanitaria ha tenido impacto a diferentes niveles; en contextos turísticos como este, ha provocado mayor precariedad y desigualdad”, indicó en entrevista la investigadora.

La situación en la región es complicada, calificó la doctora en Antropología. A las anomalías ambientales, se suma el problema del agua, debido a los sistemas de riego y las instalaciones turísticas; “las intervenciones al medio ambiente han sido dramáticas”.

La solicitud para las autoridades de resolver ese problema tiene décadas, y no sólo se trata del abastecimiento doméstico del vital líquido, sino del agua residual, detalló.

En el sur de Nayarit, puntualizó, el motor de la riqueza para los empresarios ha sido la apropiación del territorio, y su urbanización “a lo loco”. Por eso, hoy parte de las soluciones que requiere esa zona del país implica también la planeación urbana y territorial.

Ante lo que ocurre, resaltó, han emergido fuerzas sociales, organizaciones para atender diferentes problemas. La gente ya no está dispuesta a dejar pasar por alto las situaciones que la afectan y la opacidad en el manejo de los recursos.

Los sitios turísticos generan una cantidad enorme de riqueza. Punta de Mita, por ejemplo, atrae la inversión de multimillonarios como Bill Gates. “Los pobladores locales saben que ingresa mucho dinero, pero no se distribuye adecuadamente”, de forma que también se satisfagan sus propias necesidades, “porque no están pidiendo lujos, sino calidad de vida, lo básico para mantener la dignidad como personas”, acotó.

La población ha comenzado a manifestarse y a asumir que tiene poder de movilización, de decisión y de utilización de sus recursos. “La proactividad de la población local ha comenzado a hacerse evidente y de Cabo Corrientes, Jalisco, a San Blas, Nayarit, hemos contabilizado más de 40 organizaciones de todo tipo, sobre todo, ambientales”. Y si se toma en cuenta sólo Nayarit, son aproximadamente 30.

Dichas agrupaciones de la sociedad civil tienen a su cargo huertos urbanos, jardines botánicos, incluso realizan reforestación, y han establecido comunicación directa con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, enfatizó Salazar Peralta.

Poco a poco ha habido logros. Hasta ahora, recalcó la experta, se han recuperado playas como un bien público, porque estaban privatizadas “hasta con malla ciclónica para evitar que los pobladores pudieran entrar libremente”. El Estado está recuperando su papel de ser árbitro de lo público y garantizar a todo ciudadano la administración de esos bienes.

La universitaria del IIA realizó estudios desde Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, Jalisco; para seguir en Bahía de Banderas, Compostela y San Blas, Nayarit; y llegar hasta Marismas Nacionales, en Sinaloa.

En Bahía de Banderas, por ejemplo, tenemos tres sistemas (costa, valle y sierra); en el último hay “la amenaza de los grupos delincuenciales organizados, que se articulan para saquear maderas preciosas de estos sistemas boscosos”. En esa zona, hay franjas de la Sierra de Vallejo que se ven “limpias” de material maderable, que se exporta, pero sin racionalidad alguna.

Mayor precariedad y desigualdad en Riviera Nayarit
La solicitud para las autoridades de resolver ese problema tiene décadas, y no sólo se trata del abastecimiento doméstico del vital líquido, sino del agua residual, detalló

Además de la comercialización del patrimonio natural, se suma otra dificultad: la apropiación del patrimonio cultural. “Eso es evidente en espacios costeros como Sayulita, donde la transformación de los bienes culturales en mercancías para el turismo es muy clara”.

En ese lugar la celebración del Día de Muertos, tradición importante y sensible, “un acto de recuerdo, de memoria, de acercamiento con las personas queridas que ya no están en nuestro plano material, ahora es una mercancía a través de un festival llamado Vivan los Muertos, patrocinado por nómadas digitales”, aquellos que usan internet para desempeñar su ocupación y vender sus conocimientos a otras personas o empresas.

Estudio

Ana María Salazar refirió: de 2020 a 2021 “tuvimos oportunidad de hacer una investigación a distancia, con apoyo de diversas instituciones; nos contestaron 99 personas y además tuvimos 10 entrevistas con actores clave”.

Fue interesante descubrir cómo los habitantes sobrevivían y trataban de resolver su existencia. Tomaron conciencia de la dependencia que tenían de los recursos generados por el turismo. Se percataron de cómo habían desaprovechado la oportunidad de seguir empoderados a través de la agricultura y pesca local, para quedar sometidos a las “migajas” que les da la “industria sin chimeneas”. Otros, se dieron cuenta de que pueden emprender. “La pluriactividad registrada fue impresionante”.

De igual manera, la población femenina se hizo consciente de la violencia, que creció; incluso, hubo feminicidios. Por ejemplo, en Bahía de Banderas se abrieron 74 carpetas de investigación al respecto en 2019; 250, en 2020; 2021, 153. “El porcentaje de personas atendidas señala que las mujeres tuvieron mayor confianza en las instituciones para denunciar”.

En tanto, las órdenes de aprehensión que se solicitaron fueron 427, en 2019; 977 en 2020; y 455 en 2021, lo cual también indica cómo los servicios judiciales se mantuvieron activos para atender ese fenómeno creciente.

Los aspectos positivos del periodo de la pandemia y el posterior han sido que la gente comienza a tener una actitud distinta, proactiva, para reivindicar sus necesidades y sus propias luchas. Las comunidades tienen capacidad de transformación y de buscar resarcir las anomalías que el sistema les ha impuesto, para generar nuevas formas de satisfacer sus necesidades y aspiraciones.

Las poblaciones van a marcar la pauta de lo que quieren ser; “como investigadores, nos toca observar, registrar esos procesos y llevarles nuestros resultados para que sirvan de referente y tomen posturas críticas ante los fenómenos que viven de forma cotidiana”, concluyó Salazar Peralta.