Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Iniciativa de Acceso México (IAMEX), que participarán en la Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), esperan que la delegación que acudirá por parte del Estado mexicano inicie a corto plazo la construcción del Plan nacional de implementación con la “significativa participación del público”.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental y Cultura Ecológica, agrupados en la IAMEX, esperan también que la delegación mexicana continúe apoyando las acciones sobre la perspectiva de género durante las negociaciones y las decisiones que se tomen dentro de la COP, así como en la elaboración de plan para la implementación nacional del Acuerdo.

La COP3 de Escazú, que tuvo lugar en Santiago de Chile del 22 al 24 de abril, es el principal espacio para la toma de decisiones de los Estados que forman parte del Acuerdo. Se espera que, como resultado de las negociaciones, se adopte el Plan de Acción Regional, el cual facilite el cumplimiento de la obligación de garantizar un entorno seguro a las personas defensoras de derechos humanos ambientales en América Latina y el Caribe, como señala el artículo 9 del Acuerdo.

Asimismo, se ha anunciado un proyecto de decisión sobre la perspectiva de género, el cual plantea la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en la aplicación Acuerdo, en los planes y hojas de ruta de implementación nacional.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo en su tipo que incluye disposiciones sobre las defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. En él se reconoce la importancia del trabajo y las contribuciones fundamentales del público y de las personas defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales para el fortalecimiento de la democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible[1].

El Acuerdo contribuye también al fortalecimiento de este concepto al referir que son las personas, los grupos y las organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Asimismo, promueve la participación pública de manera integral -vinculada al acceso a la información y a la justicia-, con enfoque preventivo y como la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales.

El pasado 16 de abril, el CEMDA presentó su Informe sobre la situación de las personas y comunidades de los derechos humanos ambientales, 2023, en el cual se dio a conocer que México sigue siendo uno de los países más violentos e inseguros a nivel mundial para ejercer la labor de defensa y protección del medio ambiente. Durante 2023, ocurrieron 123 eventos de agresión contra personas defensoras, incluyendo amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, criminalización, hostigamiento y, desafortunadamente, 20 agresiones letales.

De ahí que desde la sociedad civil se reitera la urgencia que el Estado mexicano retome los esfuerzos nacionales para la implementación adecuada del Acuerdo de Escazú, diseñando el esquema que permita elaborar a corto plazo una hoja de ruta para el Plan Nacional de Implementación. Asimismo, el Estado deberá realizar los esfuerzos nacionales para la implementación del Plan de Personas Defensoras.