El hallazgo de los cuerpos no identificados en las cajas de refrigeración el 15 de septiembre de 2018 en el estado de Jalisco, visibilizó la profunda crisis forense, así como la indolencia y debilidad institucional de las autoridades estatales, afirmó el Centro de Justicia para La Paz y el Desarrollo (Cepad), quien agregó que la crisis forense no comenzó apenas el año pasado y el tema de los trailers constituye tan solo una de las graves consecuencias de las omisiones, negligencias y violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años por las autoridades estatales.

Las cajas de refrigeración con cuerpos de personas fallecidas no identificadas constituyen una de las graves consecuencias de las omisiones, negligencias y violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años por las autoridades de Jalisco

En conferencia de prensa, acompañados de la Fundación Heinrich Ball, dijo que durante décadas, se cometieron múltiples y graves violaciones de derechos humanos de las personas fallecidas no identificadas, sus familiares y la sociedad en su conjunto.

Precisaron que desde 2006 el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha incinerado 1581 cuerpos de personas fallecidas no identificadas, con la autorización y responsabilidad de las autoridades estatales como son la Fiscalía General del Estado de Jalisco, el Registro Civil, la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Secretaría General de Gobierno, el Gobernador del Estado de Jalisco, con la complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A lo anterior se suman los intentos de entrega de los cuerpos incinerados a familiares de personas desaparecidas, sin pruebas genéticas algunas que pudieran confirmar su identidad, jugando con el dolor y simulando el cumplimiento del derecho a la justicia y a la verdad. Conforme al IJCF, del 1 de enero de 2006 al 31 de octubre de 2018 se han entregado 140 cenizas a sus familiares. Incluso, aún durante el año 2018 se entregaron 7 cuerpos incinerados a los familiares de las personas fallecidas.

Como consecuencia se afectaron de manera irreversible los derechos a la verdad, justicia y seguridad jurídica. Las instituciones públicas dejaron a miles de familiares de personas desaparecidas con la incertidumbre de saber si entre los cuerpos incinerados sin identificar, están sus seres queridos y les privaron para siempre de la posibilidad de recuperar el cuerpo de su ser querido y despedirlo conforme a sus creencias y tradiciones. A las personas que fueron cremadas se les quitó el derecho a la identidad, sin reconocer su estatus legal de muerte de manera adecuada y sin poder tener una sepultura digna y personalizada.

Ante esta grave situación, solicitaron al Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, la intervención internacional en el caso, a efecto que se detone el proceso de justicia y verdad, mediante los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas en función de su mandato, tales como el Comité contra la Desaparición Forzada, el Grupo de trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la Tortura.