Organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, defensoras de derechos humanos y colectivos ciudadanos emitieron un pronunciamiento conjunto en el que rechazaron los señalamientos realizados contra periodistas, analistas, líderes de opinión y medios de comunicación, a quienes el Gobierno de México vinculó con una supuesta “red de amplificación digital” de mensajes críticos hacia la administración federal.

De acuerdo con el documento, el análisis fue presentado recientemente por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la consejera jurídica Luisa María Alcalde, durante la sección denominada “Derecho de Réplica”, donde se exhibieron nombres de periodistas, analistas políticos, líderes de opinión y medios.

Las organizaciones firmantes expresaron su solidaridad con las personas, medios y agrupaciones señaladas, y advirtieron que la labor informativa y la crítica al poder son elementos fundamentales para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información.

En el pronunciamiento, sostuvieron que estas actividades no deberían ser objeto de descalificación ni de acciones que puedan interpretarse como intentos de amedrentamiento desde instancias oficiales.

“Contar con medios que ejerzan un periodismo autónomo y la crítica pública libre” contribuye a la vigilancia del poder, al debate público y a la formación de la opinión, señalaron las organizaciones. También destacaron que los medios independientes representan espacios para que sectores históricamente relegados, colectivos y organizaciones civiles puedan posicionar demandas que de otra manera podrían permanecer fuera de la discusión pública.

Ante este escenario, exigieron al gobierno federal respetar y salvaguardar la crítica, la pluralidad y la libre manifestación de las ideas, así como garantizar la permanencia de medios plurales, independientes y críticos.

El documento también subraya que estos espacios son fundamentales para incentivar la movilización, la acción colectiva y la difusión de demandas sociales, además de funcionar como contrapesos y mecanismos de vigilancia necesarios para el funcionamiento democrático.

Entre las consignas centrales del pronunciamiento destacan: “No a los listados de periodistas y medios de comunicación”, “No a cualquier intento de acallar voces”, “Sí a la libertad de prensa y de expresión” y “Sí al derecho a disentir con respeto”.

El posicionamiento cuenta con la firma de organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Greenpeace México, la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, Colectivo Maya de los Chenes, SélvaMe MX y otras organizaciones y representantes comunitarios.