La polémica en torno a la senadora de Morena Mariela Gutiérrez Escalante se intensificó luego de que organizaciones defensoras de animales rechazaran públicamente el sacrificio de más de 10 mil perros durante su administración como presidenta municipal de Tecámac (2019-2024).

A través de un posicionamiento dirigido a la opinión pública, la Alianza Nacional Un Millón de Esperanzas condenó de manera categórica la muerte de animales sanos, al señalar que ninguna función pública puede justificar acciones que vulneren la vida animal. El colectivo recordó que el artículo 23 de la Ley Federal de Sanidad Animal prohíbe expresamente el sacrificio de animales que no presenten condiciones que lo ameriten.

Asimismo, enfatizó que la protección animal está respaldada constitucionalmente, particularmente en el artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado en diciembre de 2024, el cual establece la prohibición del maltrato animal y la obligación del Estado de garantizar su cuidado y bienestar.

La controversia se originó tras declaraciones de la propia legisladora, quien confirmó que durante su gestión se aplicó eutanasia a 10 mil 962 perros en situación de calle. Según explicó, estas acciones se realizaron bajo protocolos legales, argumentando que muchos de los animales se encontraban enfermos, en abandono o representaban un riesgo para la población.

Sin embargo, organizaciones y activistas han cuestionado la legalidad y ética de estas medidas, al considerar que no se ha demostrado que todos los casos cumplieran con los criterios necesarios para justificar el sacrificio. En este contexto, la Alianza exigió la apertura inmediata de una investigación, así como el deslinde de responsabilidades.

El posicionamiento va más allá al solicitar la destitución de la senadora, su desafuero y la imposibilidad de que vuelva a ocupar cargos públicos, además de que enfrente sanciones conforme a la ley por cada uno de los animales sacrificados.

El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales y ha reavivado el debate sobre el manejo de la sobrepoblación animal en México. Especialistas coinciden en que la falta de políticas integrales, como campañas masivas de esterilización y programas de adopción, agrava la problemática y deja a las autoridades frente a decisiones controvertidas.

La exigencia de justicia en este caso refleja no solo la indignación social ante posibles actos de maltrato, sino también la urgencia de replantear las políticas públicas en materia de bienestar animal. El desenlace dependerá de la capacidad de las autoridades para investigar con transparencia y garantizar que la ley se aplique sin excepciones.