El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, aceptó el amparo presentado por Greenpeace México y ordenó suspender de manera provisional la aplicación del Acuerdo del Cenace y de la Política de Sener en materia de generación de energía eléctrica, emitidos respectivamente el 29 de abril y el 15 de mayo pasados. 

Con ello, la ciudadanía obtiene una victoria en términos de la protección a sus derechos humanos a un ambiente sano, a la protección a la salud, a la participación en asuntos medioambientales y a la legalidad, principal interés de la organización ambientalista, consideró María Colín, especialista en derecho ambiental de Greenpeace México.

Con este amparo, la organización ambientalista, en una estrategia conjunta con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, (Cemda),  busca defender los derechos de la ciudadanía, y de ninguna manera los intereses de las empresas.

El principal interés es que prevalezca la legalidad y por ello, reiteramos que se debe de investigar y corregir cualquier irregularidad que haya en las concesiones o en las subastas otorgadas en el pasado, incluyendo en su caso el castigo a los funcionarios públicos y personas privadas que hayan incurrido en presuntas violaciones administrativas o penales. 

Las organizaciones demandan que se abra un espacio de diálogo con la actual administración, en la que participen la sociedad civil, las comunidades y empresas para definir el rol y la forma con la que deben jugar las energías renovables; un modelo que sea socialmente justo y con respeto a los derechos humanos. Es urgente garantizar un camino franco y abierto a la transición energética para hacer frente al cambio climático y para ello debe 

“Es importante precisar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplir con la suspensión provisional otorgada, por lo que deberán abstenerse de seguir los lineamiento que se establecieron en el Acuerdo y Política mencionados, que bloquean la implementación y desarrollo de energías renovables y obligan a los sectores productivos y al de servicios a depender de los combustibles fósiles que hoy por hoy predominan en el portafolio de tecnologías de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, señaló María Colín, integrante del equipo legal que presentó la solicitud de amparo correspondiente.

Para ambas organizaciones  es muy importante resaltar que nuestra oposición a los instrumentos de política energética del CENACE y la Sener se debe a que en ellos se olvidó cumplir tres mandatos constitucionales de vital importancia: respetar la sustentabilidad en materia energética; fomentar la utilización de energías renovables; y asegurar la disminución de las emisiones contaminantes en la industria eléctrica, siempre pensando en la ciudadanía y en acelerar la transición energética para disminuir los efectos del Cambio Climático

“Los  acuerdos motivo  de la  demanda,  además de haber sido emitidos en franca violación  a los procedimientos jurídicos previstos para ello,  son a todas luces medidas  regresivas que alejan a México del cumplimiento  de sus compromisos internacionales de reducción de emisiones para mitigar el cambio climático y con ello deja en entedicho la protección  del medio ambiente y la salud de las  personas pues profundizan la vulnerabilidad de la población al exponernos a un clima y un aire deteriorado. 

Por lo  tanto,  celebramos la suspensión, por ahora provisional,  otorgada por el Juez ya que contribuye a la protección de estos derechos humanos y está alineada a los máximos valores que protege nuestro sistema jurídico” señaló Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del  Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA.

En la demanda ahora admitida bajo el expediente 104/2020, Greenpeace solicitó suspender en todos los efectos y consecuencias del “Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, emitido el 29 de abril y el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, publicado el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, lo cual le fue concedido. 

De este modo, los sujetos obligados en la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, entre ellos la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, deberán abstenerse de cumplir con las obligaciones generales y particulares del acuerdo ahora suspendido por el juez.