La agenda Ambiental 2021 para la Cámara de Diputados, debe incluir  la discusión y aprobación de la Iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, una reforma profunda en la Ley Minera y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, modificaciones a la legislación en materia de energía y cambio climático y una legislación para la eliminación de los plaguicidas altamente peligrosos que anteponga el principio precautorio, afirmaron los integrantes del Observatorio Académico del Seminario Universitario Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM.

En coordinación con un grupo de académicas, académicos y organizaciones civiles presentaron la Agenda ambiental 2021 para la LXV Legislatura  cuya apropiación e impulso desde el Congreso sería una contribución definitiva para construir el país que se necesita para las presentes y las futuras generaciones de mexicanas y mexicanos.

Leticia Merino coordinadora de este órgano universitario, afirmó que en la Agenda Ambiental se reúnen propuestas concretaras de los que se Considera son los cambios legales más apremiantes en materia socioambiental que deben ser parte imprescindible de la agenda de trabajo de la próxima Legislatura.

Destacó que los nuevos  legisladores no comenzarán de cero , pues algunos de los problemas ya fueron trabajadores de manera importante por la sociedad civil organizada y por la XLIV Legislatura, de manera que culminaron en iniciativas que ya han sido enviadas al Senado.

Precisó, en conferencia de prensa, que sobresalen los casos de modificación al artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para prohibir la minería en Áreas Naturales Protegidas y la Ley General de Consulta Indígena, que de ser aprobados por esa Cámara regresarán de nueva cuenta al Congreso.

En el cuerpo de la Agenda Ambiental destaca que los miembros del Congreso , en especial aquellos representantes de entidades con concesiones mineras, tienen la obligación de frenar desastres sociales, las violaciones de derechos, la destrucción ambiental, de las economías locales, y las afectaciones a la salud pública que hoy genera a lo largo del país la actividad  minera, altamente desregulada y amparada por la legislación más permisiva de América Latina.

Argumenta que la actual Ley Minera data de 1992, la cual dio grandes facilidades a las empresas nacionales y extranjeras, buscando atraer inversiones al país y generar divisas a partir de exportaciones de este sector.

Por otro lado, en lo que se refiere a la Ley General de Aguas, afirma que de 1917 a 1992, Conagua entregó 2, 000 concesiones de agua, “sin embargo, desde entonces, la Conagua ha otorgado 524, 684 concesiones sobre concesionando 108 cuencas y 115 acuíferos”.

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