El Poder Judicial admitió una demanda ciudadana de amparo presentada el pasado mes de octubre, después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cesara actividades en sus oficinas en Tijuana y Ensenada, Baja California, lo que significa un retroceso en materia de inspección y vigilancia, limitando el acceso a la justicia ambiental y a la denuncia de delitos ambientales.

“El cierre de estas oficinas representa una violación grave al derecho humano a un medio ambiente sano de los habitantes de Ensenada y Tijuana. Con este demanda de amparo activamos un mecanismo legal para exigir el cumplimiento de nuestros derechos, esperamos tener una sentencia favorable y que haya una reapertura de estas sedes de la Profepa en Baja California, que se incremente su presupuesto, y se capaciten a los funcionarios públicos adscritos a la Procuraduría” comentó Gabriel Camacho, representante de Ciudadanía Mexicana A.C.

Bajo el argumento de austeridad, el pasado 29 de septiembre, el Gobierno federal anunció el cierre de dos de las tres oficinas de la Profepa en Baja California, sin embargo, no se proporcionó mayor información para sustentar la decisión. Cabe señalar que en la Ley Federal de Austeridad Republicana, emitida por el Presidente en 2019, se menciona que “los recursos deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”; no obstante, el reducir la capacidad de atención de la autoridad ambiental en este estado, dificulta el cumplimiento de su función de incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.

“Desde el CEMDA estamos apoyando esta acción porque consideramos que la buena administración de los recursos económicos no debe comprometer el cumplimiento de los derechos humanos, en este caso particular nuestro derecho a un medio ambiente sano, no es posible considerar como ahorro la disminución de la capacidad de las instituciones encargadas de velar y proteger el medio ambiente.“ señaló María Inés Pérez, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda).

Lejos de reducir costos, este cierre podría significar un aumento en los gastos operativos que requiere la autoridad para ejercer sus acciones de inspección y vigilancia, ya que para trasladarse a los sitios a monitorear, las personas inspectoras necesitarán más combustible, viáticos e insumos.

Por otra parte, grupos de ambientalistas han visto afectadas sus operaciones de rescate de especies silvestres varadas en esta zona, ya que para realizar las actividades de salvamento es necesario la presencia de personal de Profepa, quienes ahora deberán viajar hasta 12 horas para llegar a los sitios.

“Sin la presencia de inspectores de la autoridad ambiental en Ensenada, será más difícil salvar a los cientos de animales marinos como ballena gris, delfines, vaquita marina que se varan en nuestras playas” mencionó Ernesto Salmerón, residente de Ensenada y colaborador de actividades de rescate de vida silvestre.

“Es lamentable el retroceso que estamos dando en materia de protección al medio ambiente, sobre todo a la vigilancia en áreas naturales protegidas”, indicó César Guerrero, Consejero Ciudadano por el Municipio de Ensenada ante el Consejo Estatal de Protección al Ambiente.

La caza furtiva y la pesca ilegal son otras de las problemáticas ambientales que existen en el estado. Sin una inspección y monitoreo adecuado por parte de la Profepa, incrementará la vulnerabilidad de especies como el venado bura y el borrego cimarrón que habitan en el Valle de los Cirios, una de las ocho áreas naturales protegidas que alberga el territorio de Baja California.

Organizaciones ambientalistas y habitantes de Baja California hacen un fuerte llamado a las autoridades para que abran las oficinas de PROFEPA en Ensenada y Tijuana, cesen los recortes presupuestales al sector ambiental, y se realicen acciones en favor del medio ambiente y los derechos humanos.