El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalida el Decreto estatal 418/2016, que declaraba a Yucatán zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados, abre aún más la puerta a las empresas agroindustriales para que continúen avanzando en la región con un modelo de producción que genera afectaciones graves al ambiente, la salud y los derechos y medios de vida de las comunidades campesinas mayas, consideró el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

La agroindustria amenaza no solo a los polinizadores sino que también pone en riesgo las formas de relacionarse con sus territorios que mantienen las comunidades mayas de la Península

Ante un estado de impunidad, este fallo profundiza la desconfianza de la sociedad civil organizada debido a la indiferencia que los tres niveles de gobierno han demostrado frente a la problemática generada por el crecimiento irregular de los cultivos agroindustriales, causantes de la pérdida de más de 200 mil hectáreas de selva en los tres estados de la Península de Yucatán, en el período 2004 a 2017.

La producción agrícola sustentada en la siembra de cultivos transgénicos ha venido acompañada por la privatización de la tierra, el despojo de los bienes comunes, la deforestación de las selvas y el empleo de grandes cantidades de agrotóxicos. Estas prácticas ya han causado graves afectaciones al tejido social comunitario, al ambiente, a la salud y a los medios de vida de miles de familias campesinas dedicadas a la apicultura.

La apicultura ha sido golpeada por la mortandad masiva de las abejas debido a la aplicación de plaguicidas de elevada toxicidad y a la contaminación de la miel que se destina al consumo humano. La agroindustria amenaza no solo a los polinizadores sino que también pone en riesgo las formas de relacionarse con sus territorios que mantienen las comunidades mayas de la Península.

Estas son las razones que dieron el fundamento para la creación del Decreto Estatal 418/2016, que este 13 de agosto invalidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentando que “de acuerdo con el sistema federal establecido en la Constitución, corresponde a la federación regular la materia de bioseguridad, así como distribuir competencias en favor de las entidades federativas”.

Así, dice la Corte, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reside la facultad exclusiva para establecer zonas libres de organismos genéticamente modificados.

Aunque en reiteradas ocasiones, tanto el titular de la Sader, Víctor Villalobos, como el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han declarado que “el actual gobierno no permitirá la siembra de ningún producto transgénico”, en la práctica se siguen sembrando distintos cultivos transgénicos como la soya y el algodón, entre otros.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible exhorta a la Sader, a que en función de su facultad promulgue los ordenamientos pertinentes para prohibir la siembra de semillas transgénicas en la Península de Yucatán

En este sentido, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible exhorta a la Sader, a que en función de su facultad promulgue los ordenamientos pertinentes para prohibir la siembra de semillas transgénicas en la Península de Yucatán. Además, plantea la urgencia de frenar la canalización de recursos públicos a las empresas agroindustriales y en contraparte, desarrollar acciones contundentes para proteger la excepcional agrobiodiversidad creada por las comunidades campesinas durante miles de años.

Asimismo, el Consejo Civil recordó que en diciembre pasado integrantes de comunidades de los tres estados de la Península se reunieron con las nuevas autoridades para demandar que se ponga un freno al crecimiento de la agroindustria y se atiendan las denuncias interpuestas por las múltiples afectaciones a los medios de vida campesinos, al ambiente y la salud, y violaciones a los derechos humanos y al derecho de libre determinación que el Estado mexicano debe garantizarle a los pueblos indígenas. En esa reunión, autoridades de diversas dependencias se comprometieron a impulsar una política efectiva de fomento y protección a la apicultura desarrollada en los territorios comunitarios de la Península, sin que hasta ahora se cuente con ningún avance.

“Las formas de vida campesinas alrededor de la milpa y la apicultura, además de generarles beneficios a las familias locales, contribuyen a la conservación de la selva, la biodiversidad que alberga y la provisión de servicios ecosistémicos de vital importancia como la captura de carbono, la recarga de mantos acuíferos y la conservación de los suelos. En contraste, la agricultura industrial, que incluye el uso de organismos transgénicos y agroquímicos, empobrece a los campesinos, arrasa con las selvas, contamina el agua, destruye los suelos y es una de las principales causas de la desaparición de los polinizadores. Es claro cuál es el camino por el que debemos optar”, afirmó Sergio Madrid, director del CCMSS.