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La participación ciudadana ha sido el pilar de los trabajos desarrollados durante más de dos años y medio: Jucopo

Presentan al Congreso Edomex iniciativa de Constitución

La Junta de Coordinación Política presentó al Congreso mexiquense la iniciativa de reforma integral de la Constitución Política del Estado de México elaborada por el Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el marco legal (Sectec), respaldada por una amplia participación ciudadana, como pilar de los trabajos a través del Parlamento Abierto, el Grupo Plural y el Foro de Ayuntamientos, a lo largo de más de dos años y medio de trabajo.

Presentan al Congreso Edomex iniciativa de Constitución
Se prevé la reforma integral de los artículos del 1 al 118 y la derogación del 119 al 149 de la actual Constitución

De acuerdo con la iniciativa, remitida al análisis de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Especial de Seguimiento al Sectec, se reforman integralmente los artículos del 1 al 118 y se derogan los artículos del 119 al 149 de la actual Constitución Política estatal, que no ha sido actualizada de forma profunda desde hace al menos 27 años.

La reforma, se basa en la transformación estructural y sistemática de la Constitución vigente, en la ampliación de los derechos, el perfeccionamiento de las instituciones y de los elementos fundamentales de organización política y funcionamiento del Estado.

Establece a la entidad como un Estado social y democrático de derecho, tendiente a convertirse en una organización política y jurídica que reconoce toda la estructura de la sociedad, y armoniza la complejidad de intereses y necesidades a través de la justicia social.

Incorpora entre sus principios la dignidad humana, libertad, igualdad, democracia, fraternidad, solidaridad y la legalidad. Amplía y diversifica el catálogo de derechos, divididos en derechos al desarrollo individual, colectivos, sociales, económicos, al buen gobierno y a la buena administración pública.

Crea garantías constitucionales diferenciadas a las otorgadas por la constitución federal, garantiza la atención prioritaria para las personas que, debido a la desigualdad estructural y sistemática, enfrenten discriminación, opresión, exclusión, maltrato, abuso, violencia.

Incorpora las leyes de desarrollo constitucional las cuales fungirán como herramienta técnica para evitar la sobrecarga de disposiciones, darán lugar a un trabajo de consenso legislativo y al fortalecimiento de la seguridad jurídica, puesto que implica el desahogo del contenido constitucional en estas leyes, lo cual consigue simplificar el ordenamiento y evitar el constante reformismo.

Adapta el principio de interseccionalidad para identificar desigualdades múltiples y procurar la supresión de las inequidades; considera las tendencias de modernización e innovación gubernamental para satisfacer las necesidades de la ciudadanía; prevé la gobernanza digital y plantea la transformación municipalista que dé respuesta a las necesidades más elementales y urgentes de carácter general.

Integra el control parlamentario para equilibrar el ejercicio del poder, fiscalizar de manera sustancial el gasto público, sancionar la ilegalidad en el servicio público y la rendición de cuentas; además de que entiende la democracia como un sistema de vida e incluye mecanismos de democracia directa, participativa y gobierno abierto.

Reconoce la pluriculturalidad y los derechos de pueblos indígenas y comunidades originarias a la libre autodeterminación, autonomía, autogobierno, protección de sus lugares sagrados, identidad cultural, espiritualidad, cosmovisión al tiempo de que garantiza el ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos propios y la participación en órganos e instituciones del Estado.

Propone actualizar la normativa que ha propiciado la ineficiencia del combate a la corrupción, mediante un nuevo régimen de responsabilidades administrativas, penales, políticas y patrimoniales. Mientras que, ante la problemática urbana y la metropolización, incorpora el régimen de ciudades como una plataforma para garantizar a todas las personas el derecho de disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos humanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos.

Incorpora la economía de bienestar e integra una visión ecocéntrica para la protección de los recursos naturales y lograr un equilibrio ecológico, entre otros preceptos.