A un año de que venció el plazo establecido en la Constitución para expedir la Ley General de Protección Animal, el Congreso de la Unión continúa en incumplimiento por la falta de avance en las comisiones encabezadas por legisladoras del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La responsabilidad recae particularmente en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Gabriela Benavides Cobos, así como en la comisión homóloga del Senado encabezada por la senadora Maki Ortiz Domínguez.

El retraso ocurre pese a que la reforma constitucional aprobada en 2024 ordenó expresamente la creación de una Ley General de Protección Animal dentro de un plazo determinado, mismo que venció hace exactamente un año sin que exista aún una legislación aprobada o un dictamen.

La falta de cumplimiento contrasta con el discurso público del Partido Verde, que durante años ha utilizado la protección animal como una de sus principales banderas políticas y electorales.

Benavides impulsa iniciativa inconstitucional

Lejos de acelerar el cumplimiento constitucional, la diputada Gabriela Benavides Cobos presentó en mayo una nueva iniciativa que ha generado preocupación entre debido a que podría debilitar el alcance de la reforma constitucional.

Uno de los puntos más cuestionados es que la propuesta excluye a los animales acuáticos explotados para consumo humano, como peces y otras especies utilizadas por la industria acuícola, remitiendo su regulación a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, una legislación enfocada principalmente en actividades económicas.

Remitir a los animales acuáticos de producción a una ley de naturaleza esencialmente económica y de aprovechamiento no equivale a garantizar su bienestar sino equivale a eludirlo.

“La Constitución no distingue entre animales que deben ser protegidos y animales excluidos. El mandato constitucional es general y aplica para todos los animales. La exclusión no está en la Carta Magna, está en la iniciativa de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, señaló Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México.

La iniciativa concentra gran parte de las facultades de vigilancia y regulación en autoridades federales, particularmente respecto de animales utilizados para producción, pese a que actualmente las instituciones responsables carecen de capacidad suficiente para supervisar una industria que explota a miles de millones de animales cada año.

El proyecto asigna a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural la inspección y vigilancia de las normas de bienestar animal para establecimientos de producción y comercialización. Sin embargo, la dependencia cuenta con apenas 20 inspectores en la materia para todo el país y el presupuesto vigente no contempla nuevas plazas, lo que vuelve inviable la aplicación real de la ley y abre la puerta a la simulación.

Asimismo, la propuesta podría debilitar avances estatales ya existentes en entidades como Hidalgo, Colima y Oaxaca, donde se han desarrollado disposiciones específicas en materia de bienestar animal.

Un año de retraso pese a foros, propuestas y exigencias legislativas

Durante meses, organizaciones de la sociedad civil, académicos, veterinarios y especialistas participaron en foros y mesas de trabajo convocadas por el propio Congreso para aportar propuestas técnicas y jurídicas sobre la futura ley.

Incluso, en sesiones de la Comisión de Medio Ambiente, legisladoras y legisladores solicitaron públicamente a Gabriela Benavides Cobos permitir el avance de las iniciativas y ofrecieron colaboración para agilizar el proceso legislativo.

Para Igualdad Animal, el problema ya no es la falta de información o consenso técnico. “Lo que falta es que la diputada Gabriela Benavides Cobos asuma su responsabilidad como presidenta de la Comisión encargada del futuro de la protección animal en México”, afirmó Dulce Ramírez.

A un año del incumplimiento constitucional, la Ley General de Protección Animal permanece congelada en el Congreso bajo las comisiones presididas por legisladoras del Partido Verde.