Por Gael Fonseca

Expertos y diversas organizaciones de diferentes países en Latinoamerica presentaron en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México el primer borrador de la “Ley Modelo” sobre Ecocidio para América Latina, este proyecto busca dar herramientas a los gobiernos para que haya un verdadero castigo por los delitos ambientales graves en la región.

Durante el evento, varios especialistas estuvieron de acuerdo  en que la norma se crea para poder frenar la destrucción de la naturaleza y combatir la impunidad.

Gustavo Alanís, del CEMDA, advirtió que los daños grandes como derrames de petróleo afectan la vida de toda la humanidad. Por otro lado, Raúl Gutiérrez, de la Universidad Iberoamericana, indicó que la ley servirá de guía para proteger el medio ambiente. Lina Muñoz añadió que la norma fue creada para ayudar a las comunidades y proteger a los defensores de la naturaleza.

Durante la sesión de preguntas, a la  pregunta de si cualquier persona puede hacer una denuncia usando esta Ley. El experto,  Rodrigo Lledó, Director para las Américas de Stop Ecocide International, respondió que sí, que justo para eso nace esta ley, para que cualquier persona de cualquier pueblo, estado o lugar puede presentar denuncias ante las autoridades para defender las áreas verdes

Sobre  qué pasaría con las empresas que tienen fábricas en México, contaminan aquí y mandan sus productos al extranjero. El especialista  Gustavo Alanís explicó que, al publicarse la ley, se darán dos años de plazo para que las empresas dejen de contaminar y pongan todos sus procesos en regla.

Esta iniciativa busca unificar las leyes para castigar a quienes dañen las áreas verdes. Con la participación de todos, el proyecto avanza para convertirse en una herramienta importante de justicia ambiental en la región a un futuro no tan lejano.

Por su parte, la Colectiva Cambiémosla Ya señaló que la Ley de Minería vigente prohíbe cualquier actividad de exploración, explotación o beneficio minero en ANP, por lo que esas concesiones –aún vigentes– deberían ser canceladas de inmediato, porque representan un enorme riesgo para el patrimonio natural del país. Más aún cuando el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 pretende asignar alrededor de 16.2 pesos por hectárea para la protección y manejo de las ANP.

La titular de la SEMARNAT también afirmó que en esta administración federal ya se dio el cambio de paradigma del “extractivismo neoliberal hacia el ambientalismo humanista”. Para la Colectiva Cambiémosla Ya, integrada por comunidades, movimientos, organizaciones de la sociedad civil y personas académicas y defensoras, para que eso suceda, un primer paso debería ser que la Semarnat y la Secretaría de Economía cumplan con la reforma en materia de minería y agua de 2023 y publiquen los reglamentos, cuyos avances son fundamentales para la protección de los ecosistemas y de los derechos de las comunidades frente a una de las industrias extractivas más voraces y nocivas para las poblaciones y el medio ambiente en México.

A más de tres años de la reforma a la Ley de Minería, que incorporó regulaciones muy importantes para evitar la vulneración sistemática de derechos y la destrucción impune de los ecosistemas por esta industria, ni la Secretaría de Economía ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) han publicado los reglamentos de la Ley de Minería ni de la LGEEPA, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) ni de la Ley General de Aguas en materia de minería.

Esta omisión, reconocida incluso por la presidenta Claudia Sheinbaum, obstaculiza la aplicación a cabalidad de la nueva legislación minera, deja espacios para la interpretación en temas centrales como la restricción de cualquier actividad minera en Áreas Naturales Protegidas; la obligación que tienen las empresas de presentar y ejecutar un programa  de cierre y post-cierre de minas, además de los medios para sufragar los gastos derivados de las actividades de remediación, por citar solo unos ejemplos.