En México, durante las décadas de 1980 y 1990 se registraron en promedio 506 muertes cada año por desastres, mientras que los daños materiales ascendieron a cerca de 700 millones de dólares estadounidenses.

En contraste, del 2000 al 2014, aunque los fallecimientos anuales por estas causas disminuyeron a 186, las pérdidas materiales se triplicaron a dos mil 147 millones de dólares.

El grupo, constituido por 13 académicos de nueve instituciones, entre ellas la UNAM, considera que la transferencia del SINAPROC de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública representaría un retroceso de 30 años

“Estas pérdidas están vinculadas a la existencia de diferentes niveles de vulnerabilidad y exposición de la sociedad mexicana, y propiciaron un profundo análisis de las fortalezas y debilidades de nuestro actual Sistema Nacional de Protección Civil”, afirmó Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM.

En conferencia de medios en el auditorio Francisco Díaz Covarrubias, Irasema Alcántara Ayala, investigadora de esa entidad, junto con Sergio Puente Aguilar, investigador de El Colegio de México, presentaron una reflexión que analiza y propone cambios sustanciales en la política pública que existe para el manejo integral del riesgo de desastres en el país.

El escrito está dirigido al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, así como a los próximos integrantes de su gabinete en las áreas involucradas con este tema.

Documento autocrítico

El documento, titulado “Del Sistema Nacional de Protección Civil al Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres: reflexiones, retos y propuestas de transformación desde la academia”, fue elaborado por 13 científicos provenientes de nueve instituciones, entre ellas la UNAM.

Es una propuesta surgida de la discusión académica en torno a la jerarquía y modalidades que debería tener la política pública en materia de gestión integral del riesgo de desastres.

Creado en mayo de 1986, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) fue la respuesta del gobierno al desastre desencadenado por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985.

A más de tres décadas de distancia, es importante la reflexión autocrítica y colectiva de la evolución y del papel que el SINAPROC ha desempeñado en la prevención de desastres a través de una evaluación, desde la perspectiva de política pública, del efecto de los cambios en su marco normativo y pertinencia de sus instrumentos institucionales y financieros, leyó en representación del grupo académico Irasema Alcántara, coordinadora de este esfuerzo.

A nombre de los 13 académicos, Alcántara Ayala dijo que el Sistema Nacional de Protección Civil se planea transferir de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública.

“Esto puede representar un retroceso de tres décadas. Se precisa reconsiderar el efecto regresivo de la ideología de seguridad nacional y las vertientes de actuación militar como soporte de la intervención del Estado mexicano frente a desastres. Es fundamental transitar hacia una orientación de seguridad humana, centrada en la acción a favor de las personas, tal y como se define en los tratados internacionales de derechos humanos”, afirmó.

Enfoques preventivos, no reactivos

Alcántara señaló la necesidad de diseñar políticas públicas con un enfoque preventivo, que se fundamenten en principios de eficiencia y equidad, integralidad, transversalidad, corresponsabilidad y rendición de cuentas.

Consideró que para la toma de decisiones y las acciones específicas de intervención práctica, el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres debe basarse en evidencia científica, generada tanto en las ciencias y disciplinas sociales y naturales, como en la ingeniería y la tecnología.

Asimismo, habló de analizar la conveniencia de transformar el Centro Nacional de Prevención de Desastres en un centro de investigación integral, adscrito a una o varias instituciones con liderazgo y prestigio. “Debe ser un organismo descentralizado, con autonomía y personalidad jurídica propia, para que su funcionalidad no esté jerárquicamente subordinada a ninguna secretaría”.

Por su parte, Sergio Puente aclaró que lo propuesto en el documento se hizo mediante una reflexión crítica y académica, no ideologizada. “La idea es que permita plantear un referente a las nuevas autoridades, para que se aproveche el desastre como una oportunidad para repensarlo de manera diferente”.