Ante la disminución en la tasa de natalidad y el aumento en el envejecimiento de la población, dentro de algunas décadas la seguridad social será un aspecto sustantivo; por ello, es fundamental que la protección en la materia se amplíe y se consolide como derecho universal, consideraron académicos de la UNAM.

En la conferencia de prensa virtual “Resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 ¿hacia dónde va México?”, integrantes de los institutos de investigaciones Sociales (IIS) y Económicas (IIEc) expresaron que los datos arrojados indican que la sociedad se transforma; sin embargo, está en vías de acceder a los satisfactores que provee la seguridad social.

Carlos Welti Chanes, del IIS, explicó que una de las metas de la presente administración es universalizar los servicios de salud; no obstante, dada la situación por la pandemia, el objetivo se prevé difícil de cumplir en términos reales.

La coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, Verónica Montes de Oca Zavala, refirió: este es el momento propicio de incentivar programas de salud y atención médica para todos, y tomar en cuenta el proceso de envejecimiento de la población, así como la feminización de éste.

Para el académico del IIEc, Gabriel Badillo González, cualquier política pública debe ser de género, porque es en la población femenina en la cual se puede aprovechar de mejor manera el potencial productivo. “La mayoría de los hombres en edad adulta participa en la actividad económica; entre el censo de 2010 y el de 2020 no se observan grandes cambios en la participación económica masculina. Lo que destaca es la incorporación de las mujeres al mercado laboral”.

Welti Chanes comentó que el censo 2020 muestra un cambio en la conformación de los hogares, proceso que debe ser tomado en cuenta incluso en la actual situación coyuntural derivada de la pandemia. Ejemplo de ello es el crecimiento significativo de los considerados unipersonales (viviendas habitadas por una sola persona).

Asimismo, por primera ocasión se constata la tendencia en el crecimiento de mujeres que no tienen hijos. Hay una caída significativa de la fecundidad en las últimas décadas del siglo XX que se acentúa en los años más recientes.

Donde no había cambios era en el porcentaje de mujeres que al final de su vida reproductiva no tenían descendencia, porque no deseaban o no podían tener hijos, la cual era de ocho por ciento; los censos recientes muestran un crecimiento de ese porcentaje a 12 por ciento. Ello se debe a que muchas no desean procrear por circunstancias como la incertidumbre económica y sus nuevos roles, precisó la especialista, acotó.

Apuntó que el censo también señala la transformación en los patrones conyugales, ya que se observa un crecimiento significativo en la proporción de mujeres y hombres que se declaran solteros; por primera ocasión, en el grupo de 30-34 años de edad, más de la mitad de ellas se ubican en ese estado civil.

Montes de Oca Zavala expuso que así como en sexenios pasados la violencia redujo la esperanza de vida fundamentalmente de varones, ahora la emergencia sanitaria podría provocar otra reducción, la cual todavía no se puede calcular.

“Durante los últimos 40 años se descuidaron las instituciones y las políticas de salud. Se centraron en curar los padecimientos de la población más que en prevenirlos y ahora nos hemos dado cuenta del terrible perfil epidemiológico de las otras pandemias que hemos ocultado: la obesidad, la diabetes y la hipertensión, que anteceden a la COVID-19, y que dejan de manifiesto la necesidad de articular las políticas de cuidado, empleo,  salud y vivienda”.

La experta enfatizó que es necesario contar con un sistema nacional de cuidado, tanto por el proceso de envejecimiento de la población, como por la mayor visibilidad de las personas con discapacidad. La precariedad social genera una desventaja importante que amerita ser reparada por el Estado.

El envejecimiento es un logro, pero hacerlo con calidad será un gran desafío para nuestro país. Hay que trabajar para que desde ahora niños, jóvenes y adultos tengan políticas públicas para proteger y cuidar su persona, salud, habitabilidad y educación, con empleos que brinden seguridad social y certidumbre, opinó.

En tanto, Gabriel Badillo González destacó que la participación de las mujeres en el mercado laboral es importante y en algunas entidades ha sido del doble o más. Según los datos preliminares que arroja el censo, 49 por ciento en edad laboral participan en la actividad económica.

En el año 2000 la Ciudad de México era la entidad con la mayor participación económica femenina, con alrededor de 40 por ciento de las mayores de 12 años; ahora, la capital del país ocupa el tercer lugar, después de Baja California Sur y Quintana Roo.

La disminución de mujeres casadas o en unión libre, el aumento de la proporción de las que están solteras y de los divorcios y separaciones se vincula con la participación laboral femenina, refirió.

Finalmente, los universitarios reconocieron la tarea del INEGI, debido a la realización del trabajo de campo y la disponibilidad de los datos obtenidos antes de un año, hecho que consideraron inédito en el panorama estadístico mundial.