Cada día hay una nueva víctima de trata de personas y ello genera una ruptura civilizatoria que daña el tejido social, principalmente la confianza hacia situaciones que deberían ser normales como una oferta de empleo o conocer a alguien, afirmó la secretaria técnica de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM, Cristina Hernández Engrandes.

En ese sentido, sostuvo, es necesario no perder la capacidad de indignarnos ante ese delito que representa graves violaciones a los derechos humanos.

Al participar en el podcast “Vida cotidiana: sociedad en movimiento”, producido por Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social, la investigadora precisó: desde la Cátedra lo que decimos es que este fenómeno es una forma extrema de ilícito, porque no es sólo el enganche, traslado y explotación de un ser humano, sino que implica un conjunto de vulneraciones sistemáticas graves a las garantías fundamentales.

De acuerdo con Hernández Engrandes, es una transgresión que consiste en la captación (engaño, enganche o acogida) y traslado de su lugar de origen (en su país o a otras naciones) con el fin de explotación.

Es decir, el captor busca obtener un beneficio, ya sea económico o de otro tipo, que puede ser explotación sexual, mendicidad o trabajo forzados, matrimonios serviles, por ejemplo. En México últimamente se presenta el problema de realizar actividades para el crimen organizado y otro tipo de acciones fuera de la ley.

La investigadora señaló que uno de los principales factores de riesgo es que en México hay, per se, abuso en los rubros mencionados, incluso tráfico de órganos y vientres de alquiler, pero también es un país considerado origen de víctimas; o sea, donde se “engancha” sobre todo a mujeres y adolescentes jóvenes, quienes son trasladadas a otras latitudes.

La también maestra en Gobierno y Asuntos Públicos recordó que, con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de 2024 casi 2 mil 500 personas de cero a 17 años han sido víctimas de trata de personas en México; a partir de 2020 hay incrementos anuales en el total de registradas, y cerca de 34 por ciento son niñas, niños y adolescentes.

La especialista en nuevos riesgos sociales subrayó que el principal factor o condición de vulnerabilidad para ese flagelo es la pobreza, por lo que una de las formas comunes en las que se efectúa el “enganche” es a través de ofertas de empleo engañosas, donde se dice que se pagará un sueldo de seis mil pesos por cinco horas de trabajo diario.

Hernández Engrandes refirió que otro tipo de mentira usual es el enamoramiento. Se sabe que hay familias enteras dedicadas a timar a niñas y mujeres; las más frágiles son las infantas y las adolescentes, quienes conocen a alguien mediante redes sociales, son engañadas y sacadas de su hogar, lo que es difícil de ver porque hay una cultura de revictimización por parte de las autoridades quienes califican este acto con la frase: “se fue con el novio”, aunque no haya sido así.

Ahí tenemos un reto importante en la ley cuando se habla del consentimiento; se dice que mientras lo haya no se puede considerar como trata. Alguien puede estar de acuerdo en irse, pero hay abuso de confianza cuando aquel que se dice su novio o le prometió cuidarla le pide sus documentos, los retiene y después la amenaza. Ella entra en una dinámica de victimización donde no le queda más que aceptar, expresó.

El mayor reto, estimó la profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es que se genera una ruptura en la dignidad de la persona (mujer, niño, niña, hombre adulto), en su proyecto de vida; se le quita su humanidad en el sentido más amplio, la posibilidad de decidir lo que le pasará; se le trata como objeto, es invalidada, cosificada, y se le ve como algo que está para generar beneficios para otro.

La universitaria enfatizó que es un delito que ha establecido el crecimiento de la economía ilícita o negra, donde millones de dólares que se generan a partir de la explotación se relacionan con otros crímenes como lavado de dinero, el cual financia a otras actividades fuera de la ley.