Los impactos socioecológicos del modelo extractivo que “hoy continúa dictando la política estatal y corporativa en el país, así como algunas de sus posibles implicaciones, sobre todo en comunidades y territorios” históricamente vulnerados por el desarrollo de la industria minera, es analizado por académicos universitarios en el libro Minerales críticos para la transición energética. Conflictos y alternativas hacia una transformación socioecológica.

En el capítulo 3 El caso de México, de esta publicación de la fundación Heinrich Böll Ciudad de México y la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), los investigadores Aleida Azamar Alonso, Beatriz Olivera y Carlos Tornel profundizan su estudio en los diferentes proyectos mineros cuyos minerales son utilizados para tecnologías de energía renovable.

Los especialistas describen brevemente el estado actual de la transición de energía renovable y algunos escenarios de movilidad eléctrica que plantea el gobierno a través de la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde la generación de la limpia y renovable está integrada por la de centrales hidroeléctricas, eoloeléctricas, fotovoltaicas y plantas que utilizan bioenergéticos.

“El país tiene una meta de generación de 35 por ciento de participación mínima de enenrgías limpias en la producción de la eléctrica para 2024, con metas intermedias para 2018 de 25 por ciento y para 2021 de 30 por ciento, sin embargo, en la actual administración se logró cumplir y rebasar al generar 25.48 por ciento con limpia respecto a lo estimado para 2018”, cita la obra.

En este contexto, la “política energética del gobierno plasmada en papel apuesta por la transición soberana, que implica avanzar en la línea de cambio de la matriz, con acciones en materia de generación de energías limpias y renovables, a la par que se incrementa la seguridad y diversificación energética, el ahorro y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”.

En cuanto a la minería, los profesores contabilizan mil 65 minas en 26 entidades, de acuerdo con datos de los sistemas integrales sobre Economía Minera (SINEM) y de Administración Minera (SIAM), así como de la Secretaría de Economía (SE).

De estos proyectos, 46 por ciento corresponde a plata y cobre, mientras que un número similar es de hierro, cuyo uso es mucho más amplio que el exclusivo para las tecnologías de transición energética, mientras que el resto –de litio, bario, molibdeno, boro, grafito, manganeso, plomo, tierras raras, titanio, telurio y zinc,   que podrían destinarse a alguna tecnología de energía renovable– se reduce a apenas 80.

La doctora Azamar Alonso, académica del Departamento de Producción Económica de esta casa de estudios, señala que aun cuando más de la mitad de los programas mineros analizada se encuentra en exploración, 37 por ciento en etapa de postergación, siete por ciento en producción y cuatro por ciento en desarrollo y menos de uno por ciento en etapa de cierre, las concesiones mantienen su vigencia, debido a que la ley minera actual permite que sean otorgados por 50 años, con la posibilidad de una prórroga por medio siglo más.

De los proyectos que podrían ser usados para tecnologías de transición energética, 77 por ciento está en manos de empresas canadienses –que pueden tener alguna alianza con empresas de otro país–, 11 por ciento son estadounidenses, mientras el resto proviene de Argentina, Australia, Chile, Corea, India, Italia, Japón, Perú, Reino Unido y México.

La empresa Discovery Metals Corp, de capital canadiense, explora el único proyecto de tierras raras en el estado de Coahuila; la australiana Azure Minerals Ltd tiene uno de grafito en Oaxaca, mientras que Blackfire Exploration Ltd exploraba el único plan de Titanio en Chiapas y actualmente está en etapa de postergación.

En cuanto al litio, los especialistas lograron identificar 32 proyectos, de los cuales uno está en etapa de producción y los restantes en exploración, de acuerdo con la información del SINEM y del sitio de cartografía minera Cartominmex.

“El colectivo Geocomunes señala que los marcos normativos en varios países de Latinoamérica facilitan una creciente especulación minera alrededor de la exploración de litio por empresas junior”, es decir, pequeñas firmas que sólo se dedican a identificar yacimientos, avanzar en su exploración y, con suerte, venderlos por un precio mayor a un conglomerado que realice la exploración.

El proyecto Sonora Lithium es el único en etapa de producción ubicado en Bacadéhuachi, Sonora, 190 kilómetros al noreste de Hermosillo, cuya dueña es la compañía Bacanora Lithium Plc y la principal accionista es Ganfeng Lithium, empresa china, que para enero de 2022 poseía 86.2 por ciento de las acciones.

“Con este proyecto la empresa Bacanora pretende abordar la creciente demanda de litio para vehículos eléctricos e industrias de almacenamiento de energía y dado el regreso de Estados Unidos al acuerdo climático de París tiene entre sus planes invertir hasta dos billones de dólares en limpias durante cuatro años y asegurar las 100 por ciento limpias para 2035”.

El proyecto Electra (o Elektra) tiene cuatro concesiones mineras de litio otorgadas en 2016: Elektra, Agua Fría, Tule y El Tecolote. Abarca 41 mil 818 hectáreas, adyacentes al Sonora Lithium; así como la empresa canadiense Organimax Nutrient Corp, que en 2021 cambió su nombre a Silver Valley Metals Corp, la cual modificó su razón social en repetidas ocasiones desde que fue creada –pasó de Benton Capital Corp, a Alset Energy Corp, Alset Minerals Corp hasta Organimax Nutrient Corp–.

También destacan los esquemas Illescas, San Juan Vicente y Zacatecas, anteriormente llamada Zinc Co. Australia Limited, compañía que cambió su nombre a Zenith Minerals Limited, acumula una extensa cartera de planes de oro, cobre-zinc y minerales polimetálicos para baterías; los Proyectos Abundancia, Columpio y Pozo Hondo, el más grande con casi mil 100 hectáreas de extensión.

La actividad extractivista y la agroindustria en las partes bajas y planas acrecientan el impacto ambiental y la amenaza de hábitat de especies como el jaguar en el estado de Sonora, así como la gravedad por la cercanía de esta actividad en comunidades pobres, lo que ha llevado a la violencia contra defensoras y defensores ambientales y se reportaron tres mil 350 conflictos a inicios de 2021.

En México se reportan alrededor de 62 casos de violaciones de derechos humanos a personas defensoras del medio ambiente cada año, y desde 2012 se han acumulado más de 500 ataques contra defensoras y defensores y para 2021 se reportó el asesinato de 18 personas, en tanto la asociación Global Witness menciona que, de un total de 227 asesinatos a defensoras y defensores a nivel global en el año 2020, 30 de ellos ocurrieron en el país.

Estas estadísticas “demuestran que las consecuencias del avance del extractivismo se hacen cada vez más evidentes, haciendo cada vez más explícitas las formas de violencia física, sin mencionar otros tipos que incluyen la económica, epistemológica, cognitiva, de género, de forma estructural y a través de distintas temporalidades”, aporta el trabajo de investigación.