En lo que va del año, nuestro país enfrenta los peores incendios de la década, de acuerdo con el Reporte Semanal de Incendios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Durante el 2021 se han registrado 3,735incendios forestales en 29 entidades federativas, afectando una superficie de 127,110hectáreas (ha.) de territorio.

Organizaciones ambientalistas como Greenpeace, Econatura, Consejo civil, entre otras afirmaron que las entidades federativas con mayor superficie afectada han sido: Nuevo León, Oaxaca, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Chiapas, Durango, Michoacán, Puebla y Baja California.

Explicaron, en un comunicado, que en años recientes se ha presentado una serie de incendios catastróficos tanto a nivel global como nacional. En México, en 2017 los incendios forestales devastaron 172,076ha. de territorio; al año siguiente 92,243ha. y en 2019, 69,047ha; todas esas cifras ya han sido ampliamente rebasadas en lo que va del presente año.

En la mayoría de los ecosistemas, los incendios forestales ocasionan enormes daños, también generan pérdidas económicas y afectaciones a comunidades rurales que dependen del cultivo en la tierra para subsistir, impactos negativos a la salud de las personas e incluso, cobran vidas humanas.

Este problema, que se ha agravado en los últimos años debido al cambio climático global y se agudiza aún más en México debido al desmantelamiento de las instituciones ambientales encargadas de diseñar, implementar, coordinar y evaluar las acciones mitigación y adaptación al cambio climático, así como los temas forestales.

A pesar del rechazo de legisladores, académicos e integrantes de la sociedad civil organizada, la serie de fuertes recortes al presupuesto público y de personal de instituciones del sector ambiental, sexenio tras sexenio se disminuyen las capacidades técnicas, humanas, financieras y operativas del sector ambiental, por ejemplo, a la Conafor desde el 2012, se la han reducido casi a la mitad (43%) sus recurso económicos.[3]

El presupuesto con el que operan actualmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Conafor y Protección Civil, así como las acciones que llevan a cabo son claramente insuficientes para atender desastres como los que están ocurriendo en los estados de Coahuila, Nuevo León, Estado de México (Valle de Bravo) y la Ciudad de México (Bosque de Tlalpan).

Además, grandes superficies en áreas naturales protegidas siguen careciendo de acciones indispensables para prevenir incendios y no existe articulación entre las políticas agropecuarias con el manejo del fuego. Esto, aunado a la omisión de autoridades municipales y estatales de todos los orígenes partidistas, por la falta de previsiones para esta temporada de secas.

Cabe señalar que, desde 2019 que se canceló el Programa de Empleo Temporal (PET), ha sido más complicado financiar brigadas para la realización de trabajos preventivos y atención a incendios, a eso se suma la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), desde el cual se financiaba el combate a los incendios forestales.

Es claro que hoy en día, no se cuenta con la capacidad ni con los recursos institucionales suficientes para atender la cantidad de incendios que en este momento están ocurriendo en el país, tampoco para identificar los polígonos de los terrenos incendiados y subirlos a las bases de datos de Semarnat, para que realmente no se autoricen cambios de uso de suelo. En síntesis, la política de manejo del fuego ha sido prácticamente olvidada.

Lo anterior, debido en buena medida a la falta de recursos y a que no existe una política de adaptación a las nuevas condiciones climatológicas del país: los últimos 7 años han sido los más calientes de la historia registrada,[4]hay mayores sequías-cerca del 80% del territorio nacional tiene algún grado de sequía-[5]así como un número creciente de incendios-13% del territorio nacional está en condición de muy alto riesgo y 26% en alto-.[6]

Los bosques ofrecen una fuente constante y renovable de recursos, así como servicios ambientales indispensables para la vida misma.

Las organizaciones de la sociedad civil demandaron al Gobierno Federal contar con una estrategia de prevención y de manejo integral del fuego, en la que se involucre y generen capacidades en las comunidades forestales y empresas sociales; asimismo, exigimos respetuosamente que, a nivel federal, estatal y municipal, las autoridades responsables asignen los recursos presupuestales, el personal y material suficiente, para poder atender de manera integral, sistemática y preventiva el manejo del fuego en el país, así como para que se inicien de inmediato obras de remediación y apoyo a las comunidades afectadas.