Un nuevo informe del regulador de la industria tabacalera STOP, revela que ésta industria abrazó la pandemia del COVID-19 como una oportunidad para ganar influencia, inmiscuirse en políticas de salud que salvan vidas, y asegurar un trato preferencial.

Los informes de las organizaciones de la sociedad civil en 80 países, analizados en el Índice Global de Interferencia de la Industria del Tabaco 2021, muestran que ningún país fue inmune a los esfuerzos de este sector por utilizar el cabildeo y las donaciones en su beneficio.

“El comportamiento de la industria tabacalera durante el COVID-19 no fue la práctica comercial habitual; esta investigación sugiere que ha sido mucho peor en términos de escala e impacto”, expuso Mary Assunta, PhD, Directora de Investigación y Defensa Global del Global Center for Good Governance in Tobacco Control, socio de STOP y autor principal del Índice.

Agregó que en medio de una pandemia, la salud debe ser la consideración principal en todas las decisiones políticas, pero a menudo se deja de lado en favor de los intereses comerciales de la industria.

“Donde la política no está bien protegida, se perderán más vidas a causa del tabaco y la recuperación económica posterior al COVID puede verse afectada, con mayores costos de salud y potencialmente menos ingresos fiscales para financiar la recuperación», asentó.

En la pandemia, muchos gobiernos carecían de recursos de salud pública. Algunos como Botsuana, España, Chile e India intensificaron sus esfuerzos para proteger la política de salud, pero otros aceptaron las donaciones o el cabildeo de la industria tabacalera.

Los aumentos de los impuestos al tabaco, por ejemplo, se retrasaron, y la industria pudo abrir nuevos mercados para los productos electrónicos. Entre los países del informe del Índice 2021, 18 gobiernos mejoraron la forma en que se protegen de la influencia de la industria, mientras que 31 gobiernos deterioraron sus esfuerzos.

Los hallazgos del nuevo informe incluyen:

• Ninguna región es inmune y, dentro de cada región, existen diferencias significativas en las puntuaciones entre los gobiernos con mejor y peor desempeño.
• A nivel mundial, Brunei, Nueva Zelanda y el Reino Unido son los mejores en general, aunque incluso estos países se enfrentaron a un aumento de los intentos de la industria por influir en las políticas.
• Aunque el tabaco es un producto adictivo y nocivo, al menos diez gobiernos consideraron que la industria tabacalera y los cigarrillos eran «esenciales» durante la pandemia, o una parte vital de sus esfuerzos de recuperación económica, incluidos Bangladesh, Brasil, Jordania, Malasia, Nueva Zelanda, Perú y Sudán.
• Los países que no han firmado el tratado global, el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT), enfrentan altos niveles de intromisión de la industria. Estos incluyen Argentina, República Dominicana, Indonesia, Suiza y EE. UU.
• La actividad de la industria estuvo relacionada con retrasos en la implementación de las leyes de control del tabaco en países como Bolivia, Etiopía, Georgia, Guatemala, Sudáfrica, Tanzania, Turquía y Zambia. Sudáfrica enfrentó acciones legales por intentar limitar las ventas de tabaco durante la pandemia.
• La industria presionó con éxito a los gobiernos para vender nuevos productos en países como Egipto, Kenia, Líbano y España.
• Al menos 11 países que recibieron donaciones se comprometieron a gravar los productos de la industria, incluidos Argentina, República Checa, Indonesia, Malasia, Myanmar, Pakistán, Paraguay, Polonia, Tanzania, Turquía y Zambia.
• Al menos seis países que prohíben o restringen las actividades de responsabilidad social empresarial (RSE) relacionadas con el tabaco, igualmente aceptaron donaciones de la industria durante la pandemia, incluidos Kenia, Myanmar y Filipinas.

El uso que hace la industria tabacalera de las donaciones de RSE destinadas a responder a la pandemia contrasta directamente con la importancia de dejar de consumir tabaco.

Desde el comienzo de la pandemia, estudios independientes han encontrado que los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar COVID-19 grave, en comparación con los no fumadores.

El consumo de tabaco es un factor de riesgo conocido para una variedad de afecciones crónicas que también colocan a las personas en mayor riesgo de COVID-19.

Resistencia a la influencia de la industria

El Índice destaca el progreso en 18 países desde el último informe y en países nuevos en el Índice este año. Botsuana publicó su ley de control del tabaco, que limita la interacción entre el gobierno y la industria tabacalera, y prohíbe las asociaciones y los incentivos para la industria. La nueva ley se aplica a todo el gobierno y establece un estándar que el resto del mundo debe adoptar.

En la India, el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar adoptó un código de conducta destinado a prevenir la interferencia de la industria y los conflictos de intereses entre los funcionarios públicos y todos los departamentos de la jurisdicción del Ministerio.

Y España trabajó para reducir las interacciones entre los funcionarios del gobierno y la industria tabacalera, y la participación de los funcionarios del gobierno en las actividades de RSE de la industria.

Los esfuerzos de España también se fortalecieron entre las autoridades sanitarias regionales. “Si bien la pandemia causó estragos en todo el mundo y la economía global sufrió, dos de las compañías tabacaleras más grandes del mundo reportaron ganancias antes de impuestos de más de $10 mil millones cada una”, reveló la Dra. Assunta, y puntualizó: “Los gobiernos deben responsabilizar a esta industria y no se debe permitir que se inmiscuya en las políticas. Es hora de que todos los países prohíban las actividades de RSE relacionadas con el tabaco”.