Organizaciones de la sociedad civil que hemos trabajado durante décadas por la defensa y protección de los derechos humanos en México exigimos a las autoridades a nivel estatal y federal un alto a la estigmatización y a las agresiones contra personas y comunidades que, en el marco del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), defienden sus derechos humanos y el territorio.

Como parte de la resistencia contra la imposición del CIIT, las comunidades ayuuk se han movilizado en la zona de Mogoñe Viejo, municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca, desde el inicio del proyecto y han sostenido un bloqueo permanente de las vías férreas en el tramo Mogoñe Viejo-Vixidu durante 28 días.

En razón de estas acciones, el pasado 21 de marzo, durante la conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y la persona defensora de los derechos humanos, Carlos Beas, fueron señaladas, estigmatizando y se intentó desligitimar su lucha por los derechos de las comunidades indígenas.

Entre octubre del 2021 y marzo del 2023, se han registrado 26 agresiones en contra de personas defensoras del territorio y los derechos humanos en el marco de la construcción del CIIT. Dichas agresiones se han dado principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz y, en su mayoría, se han cometido contra personas de pueblos o comunidades indígenas. Entre las agresiones más frecuentes se encuentran: intimidación, hostigamiento, amenazas, criminalización, violencia física y homicidio.

Quienes cometen las agresiones son principalmente integrantes de las fuerzas públicas, trabajadores de empresas y miembros del crimen organizado. Esta situación ha violentado los derechos humanos a la vida, la integridad, la libre determinación, al territorio, la identidad cultural, la circulación y residencia, la libertad personal, la libertad de expresión, la manifestación, el debido proceso y el acceso a la justicia del pueblo ayuuk, y otros pueblos indígenas y equiparables.

El CIIT se está ejecutando sobre territorios indígenas sin que el gobierno federal haya obtenido el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas y equiparables para dicho proyecto, como se ha demostrado en los peritajes de las acciones jurídicas interpuestas ante el Poder Judicial de la Federación, lo cual representa una grave afectación a sus derechos fundamentales.

El megaproyecto Interoceánico pretende, entre otros objetivos, desarrollar un corredor comercial-industrial en el Istmo de Tehuantepec enlazando los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz y Salina Cruz, en Oaxaca. Contempla la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la construcción de puertos comerciales, una red de carreteras primarias y secundarias, redes de conectividad digital, un gasoducto, así como diez polos de desarrollo.

Todo ello tendrá un impacto directo en, al menos, 79 municipios (33 veracruzanos y 46 oaxaqueños) para, eventualmente, conectarse con otro proyecto de inversión a gran escala, el denominado “Tren Maya”. Asimismo, estas obras modificarán de forma definitiva los territorios y las formas de vida de los doce pueblos indígenas que habitan en la zona, entre ellos mixes o ayuuk, zapotecas o binniza, popolucas, nahuas, chontales, zoques o chimase ikjots o huave, entre otros, y ocasionarán severos daños al medio ambiente.

El proyecto comenzó a ejecutarse en septiembre del 2019 y, desde entonces, se han observado múltiples eventos en perjuicio de las personas y comunidades que no están de acuerdo con su ejecución, quienes han sido sujetos directos e indirectos de diferentes tipos de agresiones.

La UCIZONI ha cuestionado desde el inicio al CIIT y la forma en que el gobierno federal ha llevado a cabo la obra, por lo que sus integrantes han recibido múltiples agresiones; esto es, no han gozado de un entorno seguro para realizar su labor de defensa de derechos humanos como mandata el artículo 9 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

La violencia contra la UCIZONI, las comunidades ayuuk y todas las personas defensoras de los derechos humanos y el territorio debe terminar ahora. Hacemos un enérgico llamado a las autoridades competentes para que:

Detengan toda forma de amenazas y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza.

Emprendan las acciones necesarias para asegurar su integridad y bienestar.

Reconozcan y respeten los derechos humanos al consentimiento previo, libre e informado, a la libre determinación, a la autonomía, al territorio y la vida de los pueblos indígenas.

También hacemos un llamado a la comunidad internacional para que respalden la labor de defensa de la UCIZONI y las comunidades, y intercedan ante las autoridades correspondientes para que se detengan las agresiones.