Con el objetivo de establecer una nueva autoridad de competencia económica en México que sea efectiva, independiente y legítima, la International Chamber of Commerce México (ICC México), presenta ocho recomendaciones clave para guiar su desarrollo y funcionamiento, donde se destaca la importancia de su independencia del gobierno y de intereses empresariales, así como de una estructura y presupuesto que garanticen su autonomía técnica y capacidad para tomar decisiones imparciales.

Ante el anuncio realizado en el Congreso de la Unión para votar esta semana la desaparición de siete Organismos Constitucionales Autónomos, y la transferencia de sus facultades y obligaciones a diversas dependencias del Gobierno Federal y al INEGI, de acuerdo con las reformas dictaminadas positivamente en agosto pasado, ICC México propone estas recomendaciones para que la nueva autoridad de competencia económica pueda promover un entorno de mercado justo y competitivo, a la vez que sea efectiva, legítima e independiente.

En primer lugar, se subraya la importancia de que la autoridad opere de manera independiente en un sentido técnico, para lo que se debe asegurar una estructura, operación y presupuesto que garanticen su autonomía técnica, permitiendo así decisiones imparciales y basadas en las pruebas y análisis de mercado que se realicen de forma profesional por personal con capacidad y experiencia en la materia.

Se estima que un cuerpo colegiado, compuesto por personas que hayan demostrado de manera fehaciente y pública una amplia experiencia y conocimientos en la materia, y que cuenten con nombramientos de al menos siete años, contribuiría a garantizar la independencia técnica de la institución.

Además, es fundamental definir con claridad los objetivos de la autoridad, que debería estar enfocado a la protección del proceso de competencia económica en nuestro país y sus efectos sobre el bienestar de los consumidores. Esta claridad orientará las decisiones y la priorización de casos, asegurando que las acciones de la autoridad estén alineadas con sus metas establecidas.

Para evitar sesgos en el análisis de casos y asegurar un proceso justo, se recomienda la separación interna de las funciones de investigación y adjudicación, promoviendo así la objetividad y equidad en la resolución de casos.

Asimismo, la autoridad debe seguir operando con altos niveles de transparencia en sus procesos y toma de decisiones. Esta transparencia no solo aumentará la legitimidad percibida, sino que también actuará como una defensa contra influencias externas indebidas. Los controles y protocolos para el contacto con servidores públicos deben de conservarse y reforzarse.

La capacidad de priorizar casos eficientemente es crucial para maximizar el impacto de las acciones de la autoridad. A su vez, la colaboración con reguladores sectoriales es esencial para alinear políticas de competencia y regulación, evitando conflictos y duplicación de esfuerzos.

Se destaca también la necesidad de una flexibilidad organizativa que permita a la autoridad adaptarse a cambios en el entorno económico y legal, respondiendo eficazmente a nuevos desafíos y oportunidades, particularmente ante los retos que representa la economía digital. Para lograr esto, es indispensable contar con un presupuesto adecuado y estable asegurando la independencia financiera de la autoridad.

El reclutamiento y retención de personal altamente calificado en economía y derecho es imprescindible para manejar casos complejos y contribuir al desarrollo continuo de la autoridad. Finalmente, se deben establecer mecanismos de evaluación y mejora continua, permitiendo a la autoridad adaptarse a cambios en el entorno y justificar su existencia y efectividad ante las y los mexicanos.

La propuesta de ICC México busca fortalecer el sistema de competencia económica en el país mediante la creación de una autoridad autónoma, capaz de operar con independencia, imparcialidad y eficacia. La implementación de estas recomendaciones será clave para asegurar que México continúe avanzando hacia un entorno de mercado más competitivo, transparente y justo para todos, protegiendo así el bienestar de los consumidores y fomentando la innovación.

ICC México reitera su compromiso con el desarrollo de políticas públicas que contribuyan al crecimiento económico, la confianza en las instituciones y el progreso social, y se pone a disposición del Congreso para seguir colaborando en la construcción de un marco legal que impulse la competitividad y la equidad en el país.