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Los representantes comunitarios lamentaron que la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, no quiera dar cumplimiento a su compromiso de campaña de prohibir el fracking

Representantes indígenas exigen prohibición del fracking

Representantes de comunidades indígenas y campesinas y de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, acudieron a la Cámara de Diputados a entregar una solicitud para que se dé trámite a la iniciativa legislativa para prohibir el fracking en México. Dicha solicitud, firmada por 150 autoridades comunitarias, fue entregada a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Kenia López Rabadán.

Representantes indígenas  exigen prohibición del fracking
También expresaron su malestar por haberse violentado el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas

Las autoridades y representantes indígenas exigieron a los legisladores que se comprometan a dictaminar y aprobar la iniciativa para reformar el Artículo 27 Constitucional para la prohibición del fracking en México que se encuentra en comisiones. Manifestaron que las comunidades ya han elaborado más de 200 actas de asamblea general en las que se declaran libres de fracking.

En rueda de prensa a las afueras del recinto legislativo de San Lázaro, las comunidades enfatizaron que “no existe fracking sustentable”, que esta técnica de explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales es altamente riesgosa y dañina para la salud y el medio ambiente. “El fracking es muerte, y va en contra de nuestras formas y medios de vida, de la conservación de la naturaleza y la producción de la milpa sin químicos”.

Explicaron que, en varias comunidades de Papantla, Veracruz, las comunidades totonacas ya padecen de serios problemas de contaminación de su agua por la extracción de hidrocarburos y la perforación de pozos de fracking. Denunciaron que se registran derrames de hidrocarburo de manera recurrente que provocan la muerte de fauna y la contaminación de los arroyos y de las parcelas. Asimismo, provocan serias afectaciones a la salud de las personas.

Señalaron que es inadmisible que ahora se pretenda engañar a las comunidades con tecnicismos que pretenden ocultar los verdaderos impactos de la industria de los hidrocarburos.

Gerarda Reyes Pérez, de la comunidad tenek de Tanleab, municipio de Huehuetlán, San Luis Potosí, resaltó que la lucha central de las comunidades de la huasteca es la prohibición del fracking, “porque es una seria amenaza para sus territorios, porque agotará y contaminaría las fuentes de agua de las comunidades”. Lamentó que muchas de las comunidades de la región ni siquiera cuentan con servicio de suministro de agua entubada y si se impulsa el fracking sería catastrófico para las comunidades.

Por su parte, Rufino Gutierrez Hernández, la comunidad Nahua de Pilateno, municipio de Xilitla, S.L.P., subrayó que la lucha contra el fracking de las comunidades de la huasteca potosina lleva más de 12 años y van a seguir hasta que se logre la prohibición de esta práctica en el país, porque “si no lo hacemos qué le vamos a dejar a nuestros hijos y las futuras generaciones”.

Representantes indígenas  exigen prohibición del fracking
Gerarda Reyes Pérez, de la comunidad tenek de Tanleab, municipio de Huehuetlán, San Luis Potosí, resaltó que la lucha central de las comunidades de la huasteca es la prohibición del fracking

Los representantes comunitarios lamentaron que la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, no quiera dar cumplimiento a su compromiso de campaña de prohibir el fracking. Esto va en contra de los principios de la cuarta transformación, por eso, explicaron que están realizando asambleas y autoconsultas en las que se están declarando comunidades libres de fracking.

También expresaron su malestar por haberse violentado el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, porque para elaborar el Plan Estratégico de PEMEX 2025-2035 no se les consultó, además manifiestan su desacuerdo con consultas simuladas que solo buscan validar decisiones que van en contra de los pueblos y comunidades indígenas.