A cinco años de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el principal tratado ambiental en la región de América Latina y Caribe que incluye disposiciones para garantizar la seguridad de las personas defensoras del medio ambiente, México continúa siendo uno de los países más peligrosos para realizar esta labor.

En el marco del Día de la Tierra que se conmemora cada 22 de abril, fecha que coincide con la entrada en vigor del acuerdo, desde Greenpeace México reiteramos que los retos en materia ambiental en el país son muchos, lo cual convierte la labor de las personas defensoras en un elemento esencial para la garantía del derecho a un medio ambiente sano para toda la población.

México ratificó el acuerdo en enero de 2021, asumiendo de esa manera el compromiso de garantizar los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia en temas ambientales. Sin embargo, ejercer labores de defensa del medio ambiente en el país continúa siendo una actividad de alto riesgo.

De acuerdo con un informe emitido sobre el tema por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), de 2015 a 2025 han sido asesinadas 199 (1) personas defensoras del medio ambiente, 10 tan sólo en 2025.

En lo que va del año, han sido asesinadas al menos dos personas defensoras del medio ambiente, de acuerdo con registros periodísticos (2). Los casos se han registrado en Michoacán (3).

CEMDA indicó que en 2025 documentó 135 agresiones en contra de personas defensoras del medio ambiente. Entre las agresiones sufridas por defensores el año pasado hubo estigmatizaciones, intimidaciones, difamaciones, amenazas, hostigamientos, criminalizaciones, agresiones físicas, entre otras. El homicidio entra en la categoría de agresiones.

Ante la situación, Greenpeace México hace un llamado al gobierno federal a atender la deuda de seguridad y justicia con el ambientalismo en nuestro país para asumir firmemente los compromisos que asumió al ratificar el Acuerdo de Escazú y garantizar la seguridad total de las personas defensoras del medio ambiente. “Urgimos a las autoridades a llevar a la práctica los estatutos incluidos en el acuerdo que ratificó y que además brinde justicia a las familias de las personas defensoras asesinadas en el país”, expresó Aleira Lara, directora ejecutiva de Greenpeace México.

“Los intereses que se enfrentan en la defensa de la tierra y sus recursos son muchos y muy poderosos. Permitir la continuación del modelo extractivista, contaminante, devastador, que pone intereses económicos por encima de la protección de nuestro entorno y de los derechos humanos no es una opción congruente con los compromisos del gobierno actual. Atreverse a confrontar esos intereses requiere valor porque lamentablemente, hoy hay a quien le va la vida en ello”, abundó Lara.