El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) reconoce la nueva Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Baja California Sur (BCS) como un avance significativo para la protección de los ecosistemas de esta región.

El pasado 21 de agosto se publicó  el proyecto aprobado por la XVII Legislatura del Congreso del estado de Baja California Sur.  Se trata de la actualización de una ley que se encontraba vigente desde 1991 y cuya nueva versión es la culminación de cuatro años de trabajo y colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad y actores del gobierno.

La nueva legislación contiene elementos de vanguardia orientados a que en el estado se privilegie un desarrollo sostenible, donde se mantenga un equilibrio armónico entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente, del territorio, así como de las personas y comunidades que ahí habitan.

La reforma armoniza la legislación estatal con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las leyes generales en materia ambiental, los principios contemporáneos de justicia ambiental, cambio climático y economía circular, así como con compromisos internacionales asumidos por México, como el Acuerdo de París y el  Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Además, fortalece la transparencia, la participación ciudadana y la evaluación técnica de los proyectos para responder a los retos ambientales actuales.

Se retoman también elementos fundamentales como el Principio Precautorio, el cual establece que la falta de certeza científica no puede utilizarse como justificación para ignorar riesgos ambientales graves o irreversibles.  Por otro lado, se reforzaron las facultades para que el estado genere políticas públicas que beneficien ecosistemas prioritarios en los que se puede trabajar de manera coordinada con los diferentes niveles de gobierno.

A fin de garantizar certeza para la inversión y el desarrollo, la ley define un sistema flexible de evaluación que mantiene la figura del Informe Preventivo como alternativa a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para los casos donde existan normas oficiales aplicables o donde los proyectos ya hayan sido evaluados mediante instrumentos de planeación. Las obras de competencia federal permanecen bajo jurisdicción de la Federación.

La legislación aprobada no modifica la estructura actual de la administración pública, sino que únicamente asigna atribuciones ambientales a la Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM)  estatal ya existente y fortalece mecanismos de transparencia.  Los municipios conservan sus facultades para formular y aprobar sus Programas de Ordenamiento Ecológico Local y ejercer las competencias ambientales que ya les reconoce la legislación federal.

En cuanto a los recursos necesarios para implementar de forma óptima esta ley, ya existen partidas autorizadas para el ejercicio fiscal correspondiente de las cuales se puede echar mano.  Por otro lado, es importante precisar que la ley no creó un impuesto ambiental general; por el contrario, privilegia mecanismos de autorregulación, auditorías ambientales, subsidios, estímulos económicos, asistencia técnica, tecnologías limpias y pagos por servicios ambientales. También obliga a las autoridades a brindar acompañamiento prioritario a la pequeña y mediana empresa para facilitar su transición hacia procesos más sostenibles.

Desde el CEMDA saludamos este esfuerzo y conminamos a los sectores público y privado de Baja California Sur a continuar dialogando para fortalecer las leyes que protegen la rica biodiversidad de nuestro estado, lo cual garantiza bienestar para las actuales y futuras generaciones.