Integrantes de la Red Ciudadana por el Derecho a la Biodiversidad, apoyados por diversas organizaciones, redes y personas rechazaron las decisiones de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de designar la presidencia de las Comisiones de Medio Ambiente al Partido Verde (PVEM).

Estas designaciones, aseguran,  manifiestan un profundo desinterés por la protección de los recursos naturales del país, dejándolos en manos de un partido político que en los pasados comicios obtuvo menos del 5% de los votos y cuyo desempeño legislativo se ha distinguido por impulsar intereses económicos particulares por encima de la protección del patrimonio natural de las y los mexicanos.

Señalan que, aprovechándose de estas presidencias en pasadas legislaturas, el PVEM ha impulsado sistemáticamente contenidos regresivos en las leyes ambientales

Las organizaciones indígenas, campesinas, de jóvenes y de la sociedad civil que integran la Red Ciudadana por el Derecho a la Biodiversidad recordaron que, durante la legislatura pasada, el PVEM impulsó una iniciativa de Ley Forestal regresiva en cuanto a los espacios de participación social, como el Consejo Nacional Forestal (CONAF), y se negaron sistemáticamente a abrir un proceso de participación y consulta.

Aún con la activa participación de diversas organizaciones, el PVEM, con apoyo del PRI, aprobó una versión de la Ley Forestal con múltiples contradicciones que van a dificultar el manejo forestal sustentable y cuyo contenido en materia de recursos genéticos y de definición de los terrenos forestales abre la puerta a la biopiratería y al cambio de uso de suelo forestal para impulsar megaproyectos en todo el país. Tales contenidos deben ser modificados de manera urgente por la actual Legislatura.

En el caso de la iniciativa de Ley General de Biodiversidad (LGB) que la bancada del Verde presentó durante la legislatura pasada, la Red recordó que fue un texto plagado de omisiones y que atentaba contra la biodiversidad, la diversidad biocultural y pasaba por alto el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y las comunidades, que son las y los custodios y poseedores de los recursos naturales en los diferentes territorios del país, violando el Artículo Segundo Constitucional, el Convenio 169 de la OIT y el Principio 10 de la Declaración de Río.

La LGB se aprobó en Comisiones aprovechando que la atención pública estaba centrada en la discusión de la cuestionada Ley de Seguridad Interior, lo que muestra el actuar sucio y mañoso que ha distinguido a este partido político.

Además, el rol del PVEM en la reforma energética ha dejado demostrado su profundo desdén por temas ambientales, promoviendo la dependencia del país en los combustibles fósiles sin importar los impactos al agua, aire, suelo, clima y comunidades.

En el caso de la iniciativa de Ley General de Biodiversidad (LGB) que la bancada del Verde presentó durante la legislatura pasada, la Red recordó que fue un texto plagado de omisiones

Particularmente, este partido propuso la creación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la cual supuso el debilitamiento de la política ambiental en materia de hidrocarburos, facilitando y acelerando la entrada de empresas y proyectos en los territorios, limitando la vigilancia y el castigo de los daños al ambiente y la población. Este mismo año, legisladores del PVEM propusieron una modificación a la ley de esta agencia con la finalidad de debilitarla aún más y de permitir que personas cercanas a la industria quedaran a cargo de la misma.