Siendo México el tercer país más atacado cibernéticamente, muestra riesgos ante  posible iniciativa de crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para combatir la delincuencia y crimen organizado, utilizando los datos biométricos, advirtió Alice Oliva, Oficial de Cumplimiento Legal y Consultor jurídico Corporativo (Legal Tech Officer) de la prestigiada consultoría Optimiti Network enfocada en “servicios de cyberseguridad en 3D”, la dimensión del negocio, de tecnología y del factor humano.

Alice Oliva, especialista en temas jurídicos en ciberseguridad y protección de datos personales, recordó que México ya ha tenido episodios en donde los datos personales han caído en manos de la delincuencia, e incluso esos datos se encontraron en el mercado negro, lo que muestra los graves riesgos que se corre con los datos biométricos.

La especialista recordó que “en 2009 hubo un tipo de mecanismo de registro similar al que se pretende implementar, también era un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil obligatorio de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que se llama Renaut, que obligaba a los concesionarios a llevar un registro de los datos personales y de los datos biométricos de los usuarios, pero fue cancelado en 2011 porque no cumplió con sus funciones para combatir al crimen organizado y la información terminó en el mercado negro”.

Respecto a la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que se llama ahora Panaut, para combatir al crimen organizado y delitos, no es admisible, por la simple razón de que sus bases son inconstitucionales, sostuvo la Oficial de Cumplimiento Legal de la consultoría Optimiti Network.

“Esta situación es inconstitucional, porque trastoca los artículos 16 y 6 de la Constitución que resguardan el derecho a la protección de los datos personales (Art °16) y a la información (Art °6), por lo que cancelar la posibilidad de tener una línea de telecomunicación, tan sólo por no dar nuestros datos biométricos, nos impediría el tener acceso a la tecnología de la información, además se afectó el derecho a un consentimiento libre ya que el usuario no tiene opción, si él quiere tener acceso al servicio de una linea telefónica – lo que en practica se vuelve necesidad para todos-debe someterse a la obligación de entregar sus datos biométricos al concesionario”, expuso la abogada.

“Cabe resaltar que dicho Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil tendría el objetivo de combatir la delincuencia, pero qué pasa si el delincuente roba tus datos biométricos y los utiliza para delinquir, entonces las autoridades van a pensar que tu efectuaste el crimen y te van a detener a ti, y no al delincuente, por lo que no cumpliría el objetivo por el que fue creado dicho Padrón”, apunto la especialista.

Asimismo, agregó Alice Oliva que “la ley aprobada para la creación del Padrón es un esfuerzo gigantesco, además de que México cuenta con más de 120 millones de habitantes, cabe añadir que existen antecedentes de la vulnerabilidad cibernética en los sistemas que resguardan los datos personales”.

La especialista, advirtió “un punto que me llamó la atención en el proyecto de leyes, es que había un informe anual de resultados del comité especializado de estudios e investigaciones que se hizo en 2017 y 2018, y resultados mostraron que la mayoría de los delitos, a través de telefonía, se hicieron dentro de los centros penitenciarios, entonces, qué quiere decir eso, quiere decir que, en realidad, ya sabemos en dónde y quién hacen estos delitos a través de los celulares…”.

Asimismo, explicó que “con esas experiencias y datos se muestra que dicho padrón no es una garantía para combatir el crimen o frenar la delincuencia, pero sí afecta los derechos humanos de acceso a la información y protección de los datos personales”.

La directora de Legal Tech señaló que “este tipo de padrones no son utilizados en los países de primer mundo con tradición democrática, sino al contrario, este tipo de modelos se han aplicado en países como Venezuela y Afganistán, los cuales son países que no manejan una imagen de democracia”.

Finalmente, Alice Oliva indicó que el amparo provisional aprobado por el juez, Juan Pablo Gómez Fierro, todavía no es definitivo, pero permite al quejoso no tener la obligación de dar datos a los concesionarios, esto sin duda, muestra que los amparos son posibles ante dicha ley.