Comunidades afectadas por la construcción de gasoductos,  activistas  y organizaciones ambientales se reunieron en el Encuentro Continental “Construyendo una alianza contra gasoductos y otros megaproyectos en defensa de los territorios de pueblos originarios”,

El encuentro realizado en Matías Romero ayudó a generar un espacio en común para pueblos afectados por gasoductos, cuyas historias repiten los mismos patrones de despojo de los territorios y extracción de recursos a través de engaños, división entre las poblaciones y corrupción, seguida de violencia y represión y finalmente, en su conversión en las zonas de sacrificio ambiental, y desalojo forzado.

En dicho encuentro participaron 374 delegadas y delegados provenientes de 20 estados de la república Mexicana. Asimismo, representantes de once paises y 22 pueblos indígenas.

En la Declaración de Yajxonax, las organizaciones se manifestaron contra la guerra y otras formas de violencia como mecanismos de saqueo de los pueblos, como el palestino; por el cese a la violación de los derechos de la naturaleza y contra el papel de la banca internacional que financía megaproyectos que atentan contra los pueblos.

El encuentro mismo se dio al cumplirse 532 años de la colonización europea en el continente americano, y la respectiva resistencia indígena, negra y popular que persiste.

La declaración colectiva condena la imposición de megaproyectos y en particular de gasoductos como los de Tuxpan, Tula y Puerta al Sureste.

Por parte de las mujeres, se expresa una reflexión sobre el futuro de las nuevas generaciones de niñas y niños y hacer visible el dolor que generan la imposición y despojo de bienes naturales y territorios.

Coinciden en la importancia de fortalecer la  comunicación comunitaria y popular e impulsar una gran iniciativa continental de comunicación para fortalecer los procesos de unidad.

El encuentro se pronunció contra la militarización, el cese de hostigamiento, libertad de defensores del territorio en prisión, presentación con vida de las victimas de desaparición forzada, y justicia para los activistas y luchadores asesinados.

Exige la liberación de Leonard Pelthier, Chief Dhstayl (Adam Gagnon), Lenia Hernández Montalbán, Tomás Martinez Mandujano, Emiliano Zambrano Aguilar, Arnulfo García Santos, indígena triqui, y otros.

La presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Sandra Estéfana Domínguez, Claudio Uruchurtu, Ernesto Sernas García, Estefanía Domínguez Martinez y muchos más.

Castigo para los asesinatos de Samir Flores, Noé Jimenez Pablo, José Santiago Gómez, Luis Armando Fuentes Aquino, Jesús Manuel García Martinez, Félix Vicente Cruz, Juan López, integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre,  Bety Cariño y Jyri Jaakola.

Se denunció la persecución contra la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), de Puente Madera y otras comunidades criminalízadas por defender su territorio y oponerse a megaproyectos como el Corredor Interoceánico, el Tren Maya; los pueblos cholultecas y de los volcanes en Puebla; las y los defensores del agua y territorio que enfrentan las Granjas Carroll.

Exige cancelar el megaproyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit, porque atenta contra los sitios sagrados de los pueblos naáyari, wirarika, o’dam y meshika. Cese a la persecución contra Máxima Acuña, en Cajamarca, Perú 

También rechaza la criminalización racial, y el uso de la delincuencia organizada para atacar y agredir a los movimientos de los pueblos.

Un consenso es impulsar estrategias de prevención jurídica y exhorta a pueblos y municipios a realizar protocolos de consulta propios, así como declaratorias municipales y regionales de territorios libres de proyectos de minería, hidrocarburos, represas y parques eólicos e industriales y basureros tóxicos.

Suman su voz en contra de la demanda de Energy Transfer (ET) contra Greenpeace EEUU.

Aceptaron  sumar sus voces en solidaridad con Greenpeace ante la demanda de Energy Transfer.

Energy Transfer -empresa estadounidense de combustibles fósiles responsable del oleoducto Dakota Access- ha demandado por casi 300 millones de dólares a  Greenpeace EE.UU. y Greenpeace Internacional en relación con las protestas indígenas de 2016 en Standing Rock. 

Esta empresa gestiona la mayor red de ductos para combustibles fósiles de Estados Unidos. Su fundador y presidente ejecutivo es el multimillonario texano Kelcy Warren, un donante clave de Donald Trump.

En los últimos años, estas Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) han sido esgrimidas por corporaciones que intentan suprimir la libertad de expresión y limitar el poder popular.

Esta demanda SLAPP no solo intenta reescribir la historia de este movimiento liderado por los pueblos originarios Sioux de Standing Rock, sino que una derrota en el juicio podría resultar destructiva para Greenpeace EE.UU y tener repercusiones generalizadas para el movimiento por la justicia climática en todo el mundo.

De prosperar, podría aplicarse ampliamente contra manifestantes pacíficos y, de hecho, contra cualquiera que denuncie o critique a una empresa con mucho dinero.