En el marco del inicio de las negociaciones climáticas de la SB64 en Bonn, Alemania, The Climate Reality Project América Latina hizo un llamado enérgico a las delegaciones internacionales para avanzar de manera decidida en el diseño estructural, gobernanza y funciones del Mecanismo de Belém-Antalya (BAM).

Tras su histórica aprobación en la COP30, la organización advirtió que el mecanismo no debe ser un espacio puramente deliberativo o burocrático, sino una arquitectura técnico-jurídica coherente con capacidad institucional para movilizar recursos y subsidiar estrategias territoriales de transición justa en la región.

 Ante la intensificación de la crisis climática, Climate Reality, que moviliza a más de 4.5 millones de activistas en el mundo, respaldó las demandas de la sociedad civil organizada y de la Red de Acción Climática de América Latina (CANLA).

La organización exige que las modalidades de gobernanza del BAM garanticen la participación permanente y efectiva de las circunscripciones basadas en derechos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), asegurando que los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres, sindicatos y juventudes tengan voz, voto y capacidad de incidencia real en la toma de decisiones.

Hojas de ruta hacia una energía soberana En el marco de las mesas de negociación sobre el Balance Global y el Programa de Transición Justa, la organización urgió a los gobiernos a diseñar planes nacionales específicos para dejar atrás la dependencia de los hidrocarburos.

La propuesta exige frenar por completo la exploración de nuevos yacimientos y declarar zonas libres de combustibles fósiles, dándole continuidad a los acuerdos regionales alcanzados previamente en la Conferencia de Santa Marta, en abril de este año.desar

Esta demanda establece metas vinculantes y cronogramas de declive de la producción y consumo diferenciados bajo el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y Capacidades Respectivas (CBDR-RC):

● Países desarrollados de ingresos altos: Deben lograr el abandono total de los combustibles fósiles para 2040 (con el cierre del carbón en 2030 y del gas en 2035).

 ● América Latina y el Caribe (ALC): La transición hacia el 2050 debe estar habilitada por la provisión masiva de medios de implementación, tales como financiamiento público no reembolsable, transferencia tecnológica soberana y el alivio de la deuda.

«El BAM no es burocracia, es acción. No necesitamos más comités ni documentos; las comunidades necesitan fondos reales e implementación inmediata. El verdadero progreso climático sólo ocurrirá cuando los países desarrollados y con mayor responsabilidad histórica asuman su compromiso y financien una transición justa, asegurando que América Latina no pague el costo de una crisis que no provocó. Los líderes internacionales deben entender que la energía renovable es un derecho esencial y una de las herramientas más poderosas para acabar con la pobreza energética en nuestra región», explicó Itzel Morales Lagunes, branch manager para The Climate Reality Project América Latina.

 Cero tolerancia al greenwashing en las cumbres Asimismo, Climate Reality demandó procesos de cierre y salida responsable de la infraestructura fósil existente, que incluyan remediación, reconversión laboral y la restauración integral de los ecosistemas dañados por décadas de extractivismo.

La organización reiteró su rechazo absoluto al gas fósil, la geoingeniería y la captura y almacenamiento de carbono, catalogándolos como «falsas soluciones» y distractores corporativos, manteniendo activa su campaña digital #ElGasFosilNoEsTransiciónEsAtraso.

 Finalmente, exigieron limpiar las reglas del juego en las cumbres del clima para frenar de golpe el greenwashing y el descarado cabildeo de las petroleras.

La organización demandó que los contratos con los países sede se hagan públicos de inmediato y garanticen los derechos humanos, protegiendo a los activistas frente al acoso y la vigilancia.

Para acabar con los conflictos de interés, se urgió a implementar un sistema transparente donde las empresas y organizaciones de fachada tengan que abrir sus libros y decir claramente quién las financia, asegurando que las cumbres vuelvan a ser de la gente y no de los mercados.