Es imposible pensar en el espacio público sin hablar de conflicto, porque es de todos y, al mismo tiempo, de nadie, de aquí que no puede haber un derecho a la ciudad si no se construye una sociedad tolerante a la diferencia. Todos somos distintos y lo aprovechamos de acuerdo con un marco cultural y necesidades diferentes, afirmó la coordinadora del programa de Posgrado en Urbanismo de la UNAM, Claudia Reyes Ayala.

La cultura de la prohibición, prosiguió, no es funcional, toda vez que hay quienes viven del espacio público y cuya vida cotidiana ahí transcurre, razón por la cual debemos transitar hacia otro modelo de apropiación y de desarrollo de la urbe para considerar una metrópoli equitativa, en la cual se previene y se realizan acciones para llegar a la ejecución, a la apropiación del espacio público de una forma diversa a la que hoy tenemos.

Al ofrecer la conferencia Defender el espacio público: más allá de la retórica, como parte del curso Expansión y cambios metropolitanos: Un debate ininterrumpido, la académica universitaria evaluó que en materia ambiental, social, cultural y educativa, las alcaldías deben trabajar más en la prevención.

Al observar la descripción de puestos y los organigramas de la administración pública, se aprecia que todas las áreas son reactivas, están para resolver y solventar problemas que ocurrieron, sobre todo la denuncia ciudadana; sin embargo, no se implementan programas para su prevención, agregó.

En la última sesión de la actividad académica, organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM, y presidida por Javier Delgado Campos, director de la entidad universitaria, Reyes Ayala comentó que en materia ambiental vivimos una situación delicada, “hay una nula comunicación entre el nivel de la política pública y la administración pública”.

En el encuentro efectuado en formato a distancia, la urbanista señaló que es necesario poner en la mesa de discusión la vinculación de una verdadera política pública en torno a la sostenibilidad y la importancia de combatir el cambio climático, el derecho a la ciudad y al espacio público, algo que en la actualidad no ocurre.

También avanzar hacia los derechos de la naturaleza, vamos atrasados tanto en normatividad como en la ejecución de la política pública en torno al derecho a la ciudad. El espacio público aloja numerosas actividades sociales, recreativas y laborales, incluso debemos considerar factores como las migraciones, acotó.

Más adelante, consideró que en las leyes se precisa el principio de precaución, pero no se aplica. “Nos preocupamos como sociedad por el cambio climático y buscamos la sostenibilidad, hacemos leyes, construimos todo un marco jurídico para ello, pero cuando bajamos a la operación urbana y a la toma de decisiones, no aplicamos todos estos principios de sostenibilidad, ni de mitigación de cambio climático y, sobre todo, de precaución y de prevención”.

Cuando los urbanistas nos referimos a la segregación socioespacial debemos considerar los ámbitos privado, del mercado inmobiliario y también el espacio público, el cual desde hace más de 11 años es objeto de transformación física y social, indicó.