El caso de los llamados “perros franciscanos” ha recorrido, en menos de un año, un camino lleno de contradicciones, disputas judiciales, operativos policiacos, protestas, muertes, cambios en las cifras oficiales y acusaciones cruzadas
Maltrato animal a perros franciscanos del Ajusco
La historia de los perros del Refugio Franciscano se ha convertido en uno de los episodios más complejos y polémicos de la protección animal en la Ciudad de México. Lo que comenzó como una disputa por un predio terminó convertido en una investigación penal por presunto maltrato animal. Después vino el aseguramiento de cientos de perros y gatos, su traslado a instalaciones gubernamentales, las protestas de activistas, las exigencias de transparencia y, ahora, una nueva denuncia ciudadana que apunta directamente a las condiciones en las que algunos de esos animales han permanecido bajo resguardo oficial.
La paradoja es difícil de ignorar
Los perros fueron retirados de Cuajimalpa bajo el argumento de que vivían en condiciones que comprometían su salud y bienestar. Meses después, una fuente de primera mano que participó en labores asistenciales dentro del refugio temporal del Ajusco asegura haber encontrado hacinamiento, enfermedades infecciosas, deficiencias en la limpieza, ausencia de protocolos clínicos y animales con padecimientos que, según su testimonio, no estaban recibiendo la atención necesaria.
“El gobierno se está haciendo cargo de perros que fueron víctimas de maltrato y los está revictimizando”, resume la fuente.
Su identidad se reserva en este reportaje para proteger sus datos personales y su seguridad, conforme a los principios de protección de fuentes periodísticas y al marco de protección de datos personales. La información fue contrastada con una carta dirigida a autoridades de la Ciudad de México, una denuncia ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y documentación proporcionada para sustentar los señalamientos.
El caso obliga a separar hechos comprobados, posiciones oficiales y denuncias que todavía requieren investigación.
No se puede afirmar como hecho judicialmente probado que el Gobierno de la Ciudad de México haya cometido maltrato contra los perros del Ajusco. Pero sí existe una denuncia formal, un testimonio directo de una persona que participó en el funcionamiento del refugio y una serie de señalamientos específicos que, por la cantidad de animales involucrados, ameritan una respuesta institucional, una investigación independiente y transparencia pública.
La propia carta enviada a autoridades capitalinas plantea que la situación podría constituir una nueva crisis de bienestar animal en el mismo grupo de perros que, en enero, fue presentado por el Gobierno como uno de los mayores rescates de animales realizados en la capital.
El origen: diciembre de 1977 y la idea de no sacrificar
Para entender la magnitud del conflicto actual hay que regresar casi medio siglo.
El Refugio Franciscano nació en diciembre de 1977, después de que un grupo de personas, entre ellas Gina Rivara y su esposo Arturo, conociera de cerca las condiciones en las que vivían —y morían— perros abandonados dentro de un centro antirrábico.
Aquella experiencia marcó el inicio de un proyecto que se planteó una idea entonces poco común en México: crear un espacio dedicado a rescatar animales abandonados y evitar su sacrificio como método de control poblacional.
El refugio se constituyó como asociación civil y desarrolló una política de no sacrificio, esterilización y búsqueda de adopciones. La propia historia institucional relata que el proyecto surgió después de observar el abandono, la violencia y el sufrimiento que enfrentaban los animales en las calles y en centros de control canino.
Con el paso de las décadas, el Refugio Franciscano se convirtió en uno de los proyectos de protección animal más conocidos del país. Su propia organización sostiene haber atendido a miles de perros y gatos y haber desarrollado un modelo basado en la convivencia en grupos y en la búsqueda de hogares.
Pero la dimensión del proyecto también se convirtió en uno de sus principales problemas.
Mantener cientos de animales implica infraestructura, personal, recursos médicos, alimentación, control epidemiológico y mecanismos rigurosos de registro. Cuando cualquiera de esas piezas falla, el modelo puede transformarse rápidamente en una crisis.
Y eso es precisamente lo que, desde posiciones opuestas, terminó ocurriendo.
El predio, la Fundación Haghenbeck y una disputa que nunca desapareció
El terreno donde funcionó el Refugio Franciscano, en la carretera México-Toluca, quedó vinculado durante años a un acuerdo de comodato relacionado con el filántropo Antonio Haghenbeck y de la Lama.
Después de su muerte, la relación entre el refugio y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama se transformó en una disputa jurídica por la posesión y el destino del inmueble.
El conflicto no era reciente. De acuerdo con información difundida durante el operativo de enero, la controversia entre el Refugio Franciscano y la Fundación llevaba años desarrollándose por la posesión del predio.
Para quienes apoyaban al refugio, la disputa por el terreno terminó mezclándose con la investigación por maltrato animal. Los colectivos y colaboradores que salieron a las calles sostuvieron que el operativo contra el refugio no podía analizarse aislado de la controversia civil.
Las consignas fueron contundentes: “No fue rescate, fue despojo”, “Somos protectores, no somos criminales” y “Clara Brugada, regresa la manada”.
Cientos de personas marcharon en enero desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo para exigir la devolución de los animales y cuestionar el operativo.
El Gobierno capitalino y la Fiscalía rechazaron que su intervención tuviera como objetivo quedarse con el predio. La posición oficial ha sido que la actuación institucional se limitó al bienestar de los animales y que la disputa civil por el inmueble corresponde a otras instancias.
Así se formaron dos narrativas.
De un lado, la Fiscalía y el Gobierno capitalino sostuvieron que se trataba de una intervención necesaria para salvar animales en condiciones graves.
Del otro, integrantes del refugio y diversos activistas denunciaron que la investigación por maltrato se utilizó en medio de una disputa jurídica que podía terminar favoreciendo la recuperación del inmueble.
Ambas historias comenzaron a desarrollarse simultáneamente.
Y en medio quedaron los animales.
La Fiscalía entra al caso
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostiene que la investigación formal comenzó a partir de una denuncia presentada el 12 de diciembre de 2025.
Según la institución, durante diciembre se realizaron inspecciones ministeriales y periciales en materia de medicina veterinaria forense. Los dictámenes oficiales reportaron hacinamiento, acumulación de heces y orina, presencia de fauna nociva, enfermedades crónicas sin atención suficiente, desnutrición, dolor no tratado, heridas, tumores, problemas ortopédicos y medicamentos caducados.
La Fiscalía identificó un universo de 936 animales.
De acuerdo con la versión oficial, 21 animales habían muerto antes de la intervención y 57 requirieron hospitalización. Posteriormente, el 7 de enero de 2026 se realizó el operativo mediante el cual 858 perros fueron trasladados a instalaciones temporales bajo resguardo de autoridades capitalinas.
La distribución oficial fue la siguiente:
- 304 perros fueron enviados al refugio temporal del Ajusco.
- 371 fueron trasladados a la Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco.
- 183 fueron enviados a un espacio temporal en la Utopía de Gustavo A. Madero.
La Fiscalía fue clara: desde su perspectiva, la intervención respondió exclusivamente a la protección de los animales.
La investigación contra el Refugio Franciscano continúa siendo el origen formal de todo el proceso. Sin embargo, el traslado no terminó con el conflicto.
En realidad, abrió una segunda etapa.
Los 304 perros del Ajusco
El refugio temporal donde fueron concentrados 304 de los perros se localizó en la zona del Pueblo de San Miguel Ajusco, en Tlalpan.
El Gobierno presentó entonces el espacio como una solución temporal mientras los animales eran valorados, atendidos y preparados para una eventual adopción.
En enero, incluso se permitió una visita para que integrantes del Refugio Franciscano verificaran la presencia de los 304 perros trasladados al Ajusco. La información publicada entonces describía a los animales con alimento, agua y atención veterinaria.
Pero cinco meses después, una persona que participó en labores asistenciales dentro del lugar comenzó a documentar otra realidad.
La fuente asegura que ingresó cuando, de acuerdo con los registros que conoció, ya no estaban los 304 animales.
“En el registro se dice que llegaron 304 perros al Ajusco, pero cuando yo llegué había 279 en lista nada más”, relató.
La diferencia era de 25 animales.
La fuente afirma no haber tenido información clara sobre su destino.
“No sé si fallecieron, si se escaparon, si estaban en un hospital. Había una falta de 25 perros”, señaló durante la entrevista.
Ese punto quedó incorporado también en la carta dirigida a las autoridades. El documento establece que de los 304 perros originalmente destinados al Ajusco, al 21 de junio se tenía registro de 279 animales vivos y plantea que no existía claridad pública sobre el paradero, traslado o causa de muerte de los otros 25.
La fuente asegura que durante su estancia no observó sacrificios ni procesos de adopción.
Sí observó, en cambio, documentos relacionados con muertes de animales y cuestionó la forma en que se registraban los decesos.
“Yo no sé dónde están los cuerpos de los perros. Todo esto es grave”, declaró.
También afirmó haber conocido reportes sobre un perro que habría muerto tras ser atacado por otros animales y otro caso relacionado con torsión gástrica.
Estas afirmaciones son parte del testimonio y requieren investigación pericial independiente. El reportaje no cuenta con documentación forense que permita determinar las causas de muerte de esos animales.
La carta denuncia precisamente la ausencia de necropsias bajo estándares forenses y solicita que se determine, de manera independiente, qué ocurrió con cada ejemplar que dejó de estar bajo registro.
Hacinamiento: hasta 11 perros en espacios reducidos
Una de las principales denuncias se refiere a las condiciones de alojamiento.
La fuente describe módulos de aproximadamente tres por tres metros donde podían permanecer hasta 11 perros medianos o grandes.
“Simplemente no da el espacio para que los perros puedan estar bien”, afirma.
Según su relato, el hacinamiento tenía consecuencias directas: mayor acumulación de heces, conflictos entre animales, dificultad para realizar limpieza adecuada y problemas de control epidemiológico.
La carta entregada a autoridades señala que los módulos tenían dimensiones aproximadas de tres por tres metros y que en algunos podían permanecer hasta 11 perros. El documento también sostiene que el espacio limitado y la posibilidad de movimiento entre áreas por fallas en las puertas dificultaban cualquier esquema efectivo de aislamiento sanitario.
El señalamiento resulta particularmente relevante porque el hacinamiento fue precisamente uno de los elementos utilizados por la Fiscalía para justificar el retiro de los animales del Refugio Franciscano.
En el caso original, la Fiscalía sostuvo que los perros se encontraban en jaulas saturadas y que algunos no podían moverse ni descansar adecuadamente.
La pregunta es inevitable: si el hacinamiento fue una de las razones para retirar a los animales, ¿qué mecanismos se implementaron para garantizar que no se reprodujera el mismo problema en los espacios temporales?
Hasta la información disponible para este reportaje, la denuncia de la fuente plantea que esos mecanismos habrían sido insuficientes en el Ajusco.
Comer sobre el piso
Otro de los señalamientos más delicados tiene que ver con la alimentación.
La fuente afirma que las croquetas eran colocadas directamente sobre el suelo de los cubículos.
El problema, sostiene, era que el piso podía permanecer contaminado con orina y materia fecal.
“Levantaban las heces, pero no limpiaban. Solamente pasaban con el recogedor y la escoba, y ahí echaban las croquetas en el suelo”, relató.
La carta enviada a las autoridades describe la misma situación y sostiene que alimentar a los perros directamente sobre superficies contaminadas incrementaba el riesgo de transmisión de patógenos por vía fecal-oral.
Este punto es una acusación concreta sobre prácticas de manejo y debe ser verificado mediante una inspección sanitaria.
No basta con determinar si los perros reciben alimento.
La cuestión es cómo se distribuye, bajo qué condiciones higiénicas y con qué mecanismos de prevención de enfermedades.
En un refugio con cientos de animales, la bioseguridad no es un detalle administrativo: es una condición básica para evitar brotes.
Ocho minutos cada 12 días
El tiempo de salida de los animales es otro de los puntos denunciados.
La fuente asegura que, hasta el momento en que dejó el refugio, algunos perros salían al exterior apenas unos minutos después de largos periodos de confinamiento.
“Salían ocho minutos cada 12 días, más o menos. O sea, nada”, señaló.
Según su testimonio, él mismo incrementaba los tiempos de salida durante los fines de semana, lo que generó desacuerdos con otros integrantes del personal.
La denuncia escrita también registra que el enriquecimiento ambiental era prácticamente inexistente y que el confinamiento prolongado podía provocar estrés, conductas repetitivas, deterioro cognitivo y agresividad entre los animales.
La discusión no es menor.
El bienestar animal no se limita a comida y atención médica de emergencia. Incluye movilidad, interacción, descanso, estimulación y condiciones compatibles con la especie.
La propia Fiscalía utilizó un argumento similar contra el Refugio Franciscano al señalar que en el inmueble de Cuajimalpa no existían condiciones adecuadas de ejercicio, enriquecimiento ambiental y socialización.
El caso del Ajusco plantea así un problema de consistencia institucional.
Si la falta de movilidad era un indicador de deterioro del bienestar en un refugio, el mismo criterio debe aplicarse a cualquier otro espacio que reciba animales bajo custodia pública.
Giardia, TVT y el problema de la contaminación cruzada
Cuando la fuente dejó el refugio, asegura que existían brotes activos de enfermedades.
Menciona específicamente casos de giardiasis y la presencia de Tumor Venéreo Transmisible, conocido como TVT.
“Cuando yo llegué no había un brote de Giardia. Cuatro semanas después, hay un brote”, sostiene.
La fuente atribuye la propagación a la falta de protocolos adecuados de limpieza y bioseguridad.
“Una escoba que pasaba por un cubículo, pasaba por el otro y por el otro”, explica al describir lo que considera un posible mecanismo de contaminación cruzada.
La carta dirigida a las autoridades establece que, al 21 de junio, aproximadamente 22 por ciento de la población presentaba procesos infecciosos activos y denuncia la falta de un sistema efectivo de cuarentena y triaje sanitario. También reporta un brote de Giardia spp. y una propagación de TVT cuyo alcance no estaba determinado.
La fuente insiste en que no se puede establecer que todos los perros estuvieran enfermos sin estudios individuales.
Y en este punto hace una precisión importante.
“Yo no puedo decir que todos los perros tienen enfermedad porque tendría que hacer un estudio uno a uno”.
La declaración introduce una diferencia fundamental entre un diagnóstico médico y la observación directa de síntomas o condiciones de riesgo.
La fuente no afirma haber diagnosticado a todos los animales. Afirma haber observado un sistema que, según su experiencia dentro del lugar, no contaba con los mecanismos necesarios para determinar adecuadamente la situación clínica de cada perro.
Timmy: un caso que concentra las dudas sobre la atención médica
Entre los casos mencionados aparece un perro identificado como Timmy.
De acuerdo con la fuente, el animal fue intervenido por un problema de obstrucción uretral. Después de la cirugía, asegura, presentaba signos de dolor intenso.
Posteriormente surgió un posible diagnóstico de TVT.
“Primero se diagnostica una obstrucción uretral, un tema mecánico, y luego un cáncer. Eso es muy extraño”, cuestiona.
La carta presentada ante autoridades describe el caso y sostiene que existieron deficiencias en el manejo del dolor postoperatorio y que el posible diagnóstico posterior no habría sido respaldado, según la denuncia, con estudios suficientes de confirmación.
El reportaje no cuenta con el expediente clínico completo de Timmy, por lo que no es posible establecer responsabilidad médica ni reconstruir con certeza el proceso de atención.
Precisamente por ello, la fuente solicita que los expedientes clínicos, estudios de laboratorio, tratamientos y registros quirúrgicos sean revisados por especialistas independientes.
La propuesta incluye la participación de instituciones académicas y organismos profesionales ajenos a las autoridades directamente involucradas en el resguardo de los animales.
Lucy, Santiago y los perros que siguen esperando
Otros casos mencionados en la denuncia son los de Lucy y Santiago.
Sobre Lucy, la fuente sostiene que permaneció aislada durante todo el periodo en que él trabajó en el lugar debido a un supuesto problema conductual y un posible diagnóstico de TVT.
“En lugar de tratar ya sea el TVT o su problema conductual, lo que hicieron fue encerrarla en una jaula”, afirma.
El caso de Santiago se relaciona con la presencia de múltiples masas corporales que, de acuerdo con el testimonio, no habrían recibido la atención necesaria.
La carta solicita información clínica específica sobre ambos animales y otros ejemplares identificados por nombre o número.
Estos nombres tienen una importancia particular.
Detrás de las cifras hay animales individuales.
El debate público ha girado durante meses en torno a 936, 858, 824 o 304 perros.
Pero cada diferencia estadística representa un ser vivo con una historia clínica, una condición específica y un destino que debería poder ser rastreado.
Los protocolos que, según la denuncia, nunca existieron
La fuente resume buena parte del problema en una frase:
“Se trabaja al sombrerazo, a lo que vaya saliendo”.
La carta presentada ante las autoridades sostiene que el refugio carecía de procedimientos operativos estandarizados para limpieza, enriquecimiento ambiental, registro clínico individual y bioseguridad.
El documento afirma que no existía un sistema suficientemente sólido para registrar el historial médico, vacunaciones, desparasitaciones, tratamientos, cirugías y evolución clínica de cada perro.
En un refugio de esta dimensión, la ausencia de trazabilidad es uno de los principales riesgos.
Sin registros completos es difícil saber: qué perro ingresó; en qué fecha; con qué diagnóstico; qué tratamiento recibió; qué medicamentos se administraron; si fue trasladado; si murió; cuál fue la causa de muerte; o si fue entregado en adopción.
Por eso la diferencia de 25 perros adquiere relevancia. No se trata solamente de una discrepancia numérica. Es un problema de trazabilidad.
Una denuncia ante la PAOT y cartas sin respuesta
La fuente afirma haber presentado una denuncia formal ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.
En la carta dirigida a autoridades capitalinas señala que presentó la denuncia el 29 de junio y proporciona un número de folio, además de afirmar que entregó pruebas y documentación. También manifiesta que, hasta la fecha en que redactó el documento, no había recibido la respuesta que esperaba.
Posteriormente, en la entrevista, sostuvo que había enviado fotografías y otros elementos documentales.
“No voy a desistir en la denuncia porque son muchas vidas las que tiene el gobierno en sus manos”, afirmó.
La fuente también sostiene haber enviado el señalamiento a diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.
El documento dirigido a la Jefatura de Gobierno, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Agencia de Atención Animal plantea una solicitud urgente de intervención.
Hasta el material disponible para este reportaje, no se cuenta con una respuesta oficial específica a los señalamientos contenidos en esa denuncia de junio y julio.
Esto es importante
El Gobierno capitalino sí ha emitido posicionamientos amplios sobre el estado de los perros después del operativo de enero. Sin embargo, esas comunicaciones preceden a varios de los hechos y denuncias concretas planteados por la fuente de primera mano.
Por tanto, las declaraciones oficiales emitidas entre enero y marzo no constituyen, por sí mismas, una respuesta directa a esta nueva denuncia.
La posición oficial: los perros fueron retirados para protegerlos
La postura del Gobierno y de la Fiscalía ha sido consistente desde enero.
Los animales fueron retirados porque, según los dictámenes de medicina veterinaria forense, se encontraban en condiciones graves de insalubridad, hacinamiento y falta de atención.
La Fiscalía sostuvo que 798 animales presentaban afectaciones compatibles con maltrato o crueldad y que la intervención fue necesaria para protegerlos.
Posteriormente, el Gobierno capitalino informó que los perros permanecían bajo atención veterinaria y que avanzaban procesos de recuperación y adopción.
En marzo se informó que permanecían 824 perros bajo resguardo y que las autoridades no consideraban viable su retorno inmediato al inmueble de Cuajimalpa mientras no existieran condiciones adecuadas.
También se promovieron procesos de adopción para animales que ya se encontraban en condiciones de ser entregados a una familia.
La posición oficial, por tanto, es que el Estado intervino para sacar a los animales de un entorno incompatible con su bienestar y conducirlos hacia su recuperación.
La nueva denuncia coloca esa afirmación bajo una prueba adicional.
No basta con rescatar. También hay que demostrar qué ocurre después del rescate.
Los activistas: del “fue despojo” a la exigencia de transparencia
Desde el inicio del operativo existieron colectivos y defensores de animales que cuestionaron la actuación de las autoridades.
Algunos consideraron que el caso estaba contaminado por la disputa jurídica del predio.
Otros centraron sus críticas exclusivamente en el destino de los animales.
Las movilizaciones de enero tuvieron como principal demanda conocer dónde se encontraban los perros, permitir el acceso para identificarlos y garantizar que ninguno hubiera desaparecido, muerto o sido entregado sin control.
Las protestas reflejaron una fractura dentro del propio movimiento animalista.
No todos defendían necesariamente la administración del Refugio Franciscano.
Pero muchos coincidían en algo: la intervención debía ser transparente.
El debate dejó de ser solamente si el Refugio Franciscano había cometido o no maltrato.
La discusión pasó a otra pregunta:
¿quién vigila al Estado cuando el Estado asume el control de cientos de animales?
Los activistas exigieron censos, visitas, pruebas de vida y acceso a información.
En el caso del Ajusco, la nueva denuncia vuelve a colocar sobre la mesa exactamente las mismas exigencias: trazabilidad, expedientes clínicos, información sobre los animales fallecidos, condiciones de alojamiento y supervisión independiente.
El problema de las cifras
Uno de los aspectos más confusos de toda esta historia ha sido el número de animales.
La Fiscalía identificó inicialmente 936 animales en el predio de Cuajimalpa.
Después informó que 21 habían muerto antes de la intervención y 57 estaban hospitalizados.
El 7 de enero se reportó el traslado de 858 perros a tres espacios temporales.
De esos, 304 llegaron al Ajusco, según la información oficial.
Meses después, la fuente de primera mano sostiene que, cuando comenzó a trabajar ahí, sólo encontró 279 registrados.
La diferencia es de 25 animales.
Más adelante, el Gobierno informó que del total de perros rescatados permanecían 824 bajo resguardo.
Las diferencias entre las cifras pueden tener explicaciones legítimas: muertes, hospitalizaciones, adopciones, traslados o procesos médicos.
El problema surge cuando no existe un sistema público y verificable que permita seguir la trayectoria individual de cada animal.
Un censo no debería ser solamente una cifra.
Debería permitir responder una pregunta básica:
¿dónde está cada perro?
La segunda victimización
La fuente utiliza una palabra especialmente fuerte para describir lo que, desde su punto de vista, está ocurriendo: revictimización.
El término no se utiliza aquí como una conclusión judicial.
Es la interpretación de una persona que trabajó dentro del refugio y que considera que los animales retirados de un entorno presuntamente violento fueron trasladados a otro sistema que no habría tenido la capacidad suficiente para atenderlos.
La carta lo expresa de forma directa: los perros habrían sido retirados de un caso de presunto maltrato para ingresar a un nuevo ciclo de sufrimiento bajo custodia oficial.
La denuncia sostiene que el problema no puede reducirse a responsabilizar individualmente a veterinarios o cuidadores.
La fuente reconoce que existía poco personal y que la carga de trabajo era elevada.
Pero cuestiona la falta de infraestructura, protocolos, supervisión y recursos.
“No es parte de quienes se dedican a cuidar a los animales trabajar sin las herramientas necesarias”, sostiene.
Ese argumento apunta hacia una responsabilidad institucional.
Un refugio con cientos de perros no puede depender exclusivamente de la buena voluntad de quienes trabajan en él.
Necesita una estructura.
¿Quién debe investigar?
La principal propuesta de la fuente es que la revisión no quede exclusivamente en manos de las mismas instituciones involucradas en el resguardo.
Solicita una inspección clínica y forense independiente mediante especialistas y académicos de instituciones externas.
La propuesta incluye la participación de universidades y organizaciones profesionales de medicina veterinaria.
La lógica es sencilla.
Cuando existe una acusación contra un refugio privado, las autoridades realizan inspecciones y peritajes.
Cuando la acusación se dirige contra un espacio administrado o gestionado bajo responsabilidad pública, también debería existir una instancia capaz de evaluar las condiciones con autonomía técnica.
La credibilidad del proceso depende de ello.
Una auditoría independiente debería responder, como mínimo, a las siguientes preguntas:
¿Dónde están los 304 perros originalmente enviados al Ajusco?
¿Cuál fue el destino individual de cada uno?
¿Cuántos murieron y cuál fue la causa certificada?
¿Existen expedientes clínicos completos?
¿Se realizaron necropsias o estudios forenses en los casos de muerte?
¿Cuál es la prevalencia real de enfermedades infecciosas?
¿Cuántos perros presentan Giardia, TVT u otros padecimientos?
¿Qué protocolos existen para aislamiento y cuarentena?
¿Cuál es la densidad real de animales por metro cuadrado?
¿Cuánto tiempo pasan fuera de los cubículos?
¿Cuál es la capacidad operativa real del refugio?
Y, sobre todo:
¿los perros que fueron retirados para protegerlos están actualmente viviendo en condiciones compatibles con el bienestar animal?
Un caso que todavía no termina
El conflicto del Refugio Franciscano comenzó como la historia de un proyecto de protección animal que sobrevivió durante décadas.
Después se convirtió en una disputa por un terreno.
Más tarde, en una investigación por presunto maltrato.
Luego, en un operativo que retiró a cientos de animales.
Después vinieron las marchas, las protestas y las exigencias para conocer el paradero de cada perro.
Ahora aparece una nueva denuncia desde el interior de uno de los lugares donde fueron depositados los animales.
El caso ha cambiado de escenario, pero la pregunta central sigue siendo la misma.
¿Quién garantiza realmente el bienestar de los perros?
La Fiscalía sostiene que intervino porque encontró condiciones incompatibles con la vida digna de cientos de animales.
Los integrantes del Refugio Franciscano y diversos activistas han sostenido que el operativo estuvo atravesado por una disputa jurídica y exigieron transparencia sobre el destino de los perros.
Y ahora una fuente de primera mano, cuya identidad se reserva, afirma que parte de los animales habría permanecido en condiciones que requieren una revisión urgente.
“Los perros siguen ahí”, advierte.
Esa es quizá la frase más importante de toda la historia.
Porque los conflictos legales pueden durar años.
Las investigaciones administrativas pueden prolongarse.
Las autoridades pueden intercambiar oficios.
Los activistas pueden marchar.
Los expedientes pueden seguir abiertos.
Pero los perros no pueden poner su vida en pausa mientras las instituciones resuelven quién tiene razón.
Para ellos, cada día cuenta.
Y en este caso, la historia todavía está lejos de terminar.
Lo que sigue
La denuncia presentada obliga, por razones de interés público, a una respuesta puntual de las autoridades responsables del resguardo de los animales.
No bastaría una declaración general sobre el compromiso con el bienestar animal.
La gravedad de los señalamientos exige datos verificables.
Un censo actualizado.
Expedientes clínicos.
Registro de ingresos y egresos.
Información sobre muertes.
Resultados de laboratorio.
Protocolos sanitarios.
Capacidad instalada.
Número de trabajadores.
Y una evaluación independiente de las condiciones actuales.
La lección del caso Franciscano puede ser mucho más amplia que la disputa por un refugio.
México ha avanzado en el reconocimiento jurídico y social de los animales como seres sintientes. Pero ese reconocimiento pierde sentido si las instituciones no son capaces de garantizar, en la práctica, las condiciones necesarias para su vida y bienestar.
El desafío no termina cuando un animal es decomisado.
En realidad, ahí comienza una responsabilidad todavía mayor.
Porque rescatar a un perro de una situación de presunto maltrato implica hacerse cargo de todo lo que viene después.
Alimentarlo no basta.
Encerrarlo no basta.
Contarlo tampoco basta.
Hay que saber quién es, qué necesita, qué enfermedad tiene, qué tratamiento recibe, dónde está y cuál será su destino.
Los “perros franciscanos” llegaron a convertirse en símbolo de una disputa política, jurídica y social.
Pero antes que símbolo, antes que expediente, antes que cifra, siguen siendo animales bajo responsabilidad humana.
Y la pregunta que permanece abierta es incómoda: si fueron retirados para salvarlos, ¿quién está vigilando ahora que realmente estén a salvo?
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