La defensa de las corridas de toros y las peleas de gallos desde espacios controlados por Morena ha encendido la indignación de colectivos animalistas y amplios sectores ciudadanos que observan una profunda contradicción entre el discurso progresista del oficialismo y su respaldo a prácticas basadas en el sufrimiento animal.

Para activistas y organizaciones defensoras de los animales, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum comienza a reflejar la misma narrativa promovida por la política madrileña Isabel Díaz Ayuso en favor de la tauromaquia.

La reciente aprobación y defensa de espectáculos como las corridas de toros y las peleas de gallos en el Congreso del Estado de México, de mayoría morenista, reabrió uno de los debates éticos más sensibles del país: ¿cómo un partido que se define como humanista y transformador termina defendiendo actividades que millones consideran actos de violencia y crueldad animal?

La polémica trasciende el ámbito legislativo mexiquense. Para numerosos colectivos animalistas, lo ocurrido evidencia una postura política cada vez más clara dentro de Morena, encabezado nacionalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum. A juicio de activistas y especialistas, el oficialismo mexicano comienza a coincidir discursiva y políticamente con una de las figuras más controvertidas de la derecha española en materia de tauromaquia: Isabel Díaz Ayuso.

Díaz Ayuso se ha consolidado como una de las principales defensoras de las corridas de toros en Europa. La mandataria madrileña ha promovido la llamada “fiesta brava” como símbolo de identidad cultural, libertad política y tradición nacional, destinando incluso recursos públicos para fortalecer la actividad taurina. Su postura ha sido duramente cuestionada por organizaciones internacionales de protección animal, que consideran que sus declaraciones normalizan la violencia y convierten el sufrimiento animal en espectáculo.

Lo que hoy preocupa a sectores animalistas en México es que Morena parece seguir una lógica similar.

Mientras millones de ciudadanos exigen leyes más estrictas contra el maltrato animal, legisladores morenistas han respaldado actividades donde animales son heridos, mutilados y asesinados frente al público. La contradicción resulta aún más evidente porque el discurso oficial suele apelar a conceptos como justicia social, transformación ética y derechos, aunque en los hechos termina defendiendo prácticas asociadas a modelos profundamente conservadores en materia de bienestar animal.

Las cifras reflejan con claridad la distancia entre la sociedad y buena parte de la clase política. Diversas encuestas nacionales muestran que más del 70% de los mexicanos rechaza las corridas de toros y las considera una forma de maltrato animal. Asimismo, la mayoría de la población asegura no tener interés en asistir a estos espectáculos. A pesar de ello, las estructuras políticas continúan protegiendo intereses económicos y tradiciones vinculadas al sufrimiento animal.

Organizaciones defensoras de animales han advertido que esta defensa institucional de la tauromaquia y las peleas de gallos representa un retroceso ético para el país. Las organizaciones han sostenido reiteradamente que ningún espectáculo puede justificarse cuando depende de la tortura física y psicológica de un ser vivo. Por su parte, otras organizaciones ha señalado que las corridas de toros contradicen principios elementales de bienestar animal e incluso podrían vulnerar criterios establecidos en normas mexicanas relacionadas con el trato digno hacia los animales.

A nivel internacional, PETA ha insistido en que la tauromaquia no puede considerarse arte ni cultura, sino violencia institucionalizada convertida en negocio. Para estos colectivos, defender las corridas bajo el argumento de la tradición equivale a legitimar la crueldad únicamente por su antigüedad histórica.

En México, activistas como José Luis Carranza, integrante de la organización FRECDA, han cuestionado severamente que autoridades y legisladores continúen respaldando prácticas basadas en el sufrimiento animal. Desde su visión, muchas costumbres desaparecieron precisamente porque la sociedad comprendió que eran moralmente inaceptables.

En el mismo sentido, Ethel Herrejón, representante de la organización 1 Millón de Esperanzas, ha advertido que el bienestar animal no debe subordinarse a intereses políticos ni económicos ligados al negocio taurino y gallístico. Para la activista, resulta preocupante que gobiernos que se presentan como progresistas terminen reproduciendo esquemas donde la violencia se normaliza bajo el argumento de la tradición.

La comparación entre Morena y Díaz Ayuso deja de parecer exagerada cuando se observan las decisiones políticas concretas. Aunque pertenecen a corrientes ideológicas distintas, ambos proyectos coinciden en un punto central: la defensa pública de espectáculos construidos sobre el dolor animal.

Y esa coincidencia comienza a generar incomodidad incluso dentro de sectores simpatizantes del oficialismo. Porque mientras el discurso gubernamental habla de sensibilidad social y transformación, las decisiones legislativas muestran otra realidad: la permanencia de prácticas donde el sufrimiento sigue siendo utilizado como entretenimiento.

El debate de fondo ya no es únicamente cultural. Es ético, político y generacional. México enfrenta una discusión histórica sobre el tipo de sociedad que desea construir: una basada en la empatía y el respeto hacia los seres vivos o una donde el poder político continúe justificando la violencia bajo el disfraz de tradición.

En esa discusión, Morena comienza a mostrar un rostro que muchos colectivos animalistas consideran cada vez más cercano al modelo impulsado por Isabel Díaz Ayuso: un poder político dispuesto a proteger espectáculos de crueldad animal aun cuando la sociedad exige avanzar hacia una cultura de compasión, respeto y bienestar animal.