A tres años de la reforma a la Ley de Minería, que representó un avance sustancial en la protección de los derechos de las comunidades, de los trabajadores mineros y del medio ambiente, sigue sin ser publicado el reglamento respectivo, lo que ha limitado su plena aplicación y permite que la industria minera siga vulnerando derechos sistemáticamente, durante su operación.

El reglamento de la Ley de Minería y las reformas a los reglamentos de las Leyes de Aguas Nacionales (LAN), General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), en materia de minería y agua, debieron publicarse a más tardar 180 días después de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Minería de mayo de 2023. Es decir, desde octubre de 2023 debieron ser publicados.

De acuerdo con el artículo cuarto transitorio de la Ley de Minería, corresponde a “la persona titular del Ejecutivo Federal” publicar los reglamentos, que tanto la Secretaría de Economía como la de Medio Ambiente y Recursos Naturales han redactado, pero que inexplicablemente están detenidos en sus áreas jurídicas, con un retraso de más dos años en su emisión.

Mientras tanto, se repiten en el país los siniestros en instalaciones mineras, que cuestan la vida de decenas de trabajadores por las malas condiciones de seguridad con las que operan las mineras, como mostró –una vez más– el derrumbe del pasado marzo en la mina Santa Fe, en el Rosario, Sinaloa, donde 24 trabajadores quedaron atrapados y dos perdieron la vida. En octubre de 2025, otros dos mineros murieron en la mina Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora; y en diciembre de 2024, en la mina Media Luna, en Guerrero, propiedad de la empresa canadiense Torex Gold, murieron otros tres mineros.

Los siniestros no son hechos aislados, la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea, también es responsable del “peor desastre ambiental registrado en el país”, el derrame de residuos mineros altamente tóxicos que tienen contaminados los ríos Sonora y Bacanuchi desde 2014, y que a la fecha sigue sin remediación; a pesar de ello, la minera sigue operando.

La mina Media Luna fue señalada por el líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, por tener presuntos vínculos con grupos criminales para amedrentar a los trabajadores. De hecho, entre 2017 y 2018, en medio de conflictos sindicales, fueron asesinados trabajadores de la minera. Así como la minera Buenavista del Cobre, la Media Luna también sigue en operación.

El ex senador y actual diputado federal, Gómez Urrutia, también señaló que las mineras Plata Panamericana en Zacatecas; Americas Gold and Silver, en Cosalá, Sinaloa; y otra minera ubicada en Mezcala, Guerrero, también tendrían vínculos con grupos criminales.

Un caso relevante de los vínculos de empresas mineras con grupos criminales es el de la mina Camino Rojo, ubicada en Zacatecas y propiedad de la canadiense Orla Mining, que una investigación realizada en el marco del T-MEC concluyó que utilizó vínculos con grupos criminales para amedrentar a sus trabajadores, con la finalidad de que abandonaran el Sindicato Nacional Minero y se afiliaran a otro afín a la compañía.

De acuerdo con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, está corroborado que Orla Mining “contrató a un narcotraficante para interrumpir con personas armadas las reuniones sindicales”. No obstante, es lamentable que las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía de México consideren que estas evidencias son insuficientes para vincular a la empresa con las conductas denunciadas.

Esto deja aún más claro que las autoridades mexicanas no tienen interés en regular más estrictamente a esta industria que ha provocado violencia, severos impactos ambientales, a la salud y vulneración sistemática de derechos.

Uno de los grandes avances de Ley de Minería de 2023 es que incorpora causales de cancelación de concesiones mineras, como cuando “exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro irreversible a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes, sistemas hidrológicos superficiales o subterráneos, o para la salud pública, de conformidad con las disposiciones aplicables a la materia”.

Además, establece la suspensión de las operaciones y trabajos de las mineras cuando “existan accidentes o siniestros dentro del lote minero”; pero sin reglamento, se quedan en la indefinición los procedimientos para imponer las sanciones.

¿Y qué pasó con el plan de acción sobre minerales críticos?

El acuerdo que presumió el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el 4 de febrero pasado, para elaborar un Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México, establecía que durante los 60 días posteriores a su anuncio ambos países trabajarían coordinadamente para definir las acciones del Plan. Este acuerdo tiene el objetivo de asegurar el suministro de los denominados minerales críticos para Estados Unidos y garantizar su preferencia como comprador con los precios pactados.

Asimismo, contempla incorporar estándares regulatorios para facilitar la explotación, procesamiento y comercialización de los minerales críticos, lo que podría debilitar los avances en la regulación sobre la exploración y explotación minera de México y abrir nuevamente las puertas para el despojo, el desplazamiento y la destrucción de comunidades, ecosistemas y territorios. Regresiones que no deben ocurrir.

También se busca con ese plan de acción saber qué minerales críticos hay en el territorio, dónde están y en qué cantidad; establecer medidas comerciales que faciliten el suministro de minerales críticos entre las partes; injerencia técnica y regulatoria; invertir en investigación y desarrollo de tecnología para procesar los minerales críticos; identificar minerales específicos, proyectos mineros y de procesamiento de interés para Estados Unidos, México u otros países reconocidos con estándares de conducta responsable en los negocios.

Ya se cumplió el plazo para acordar los detalles del acuerdo y genera mucha preocupación que la Secretaría de Economía no haya informado qué se acordó o en qué estatus se encuentran esas negociaciones.