Frente a la continua presión y la campaña publicitaria emprendida por la Cámara de la Industria Minera (Camimex) y sus afiliados para intentar convencer al próximo gobierno de preservar los privilegios de los que la minería ha gozado durante décadas, las comunidades, pueblos, organizaciones, académicas y personas que participan en la Colectiva Cambiémosla ya, pidieron  a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y a su equipo, que tomen las medidas necesarias para:

1) mantener vigente la Ley de Minería1 aprobada por el H. Congreso de la Unión en abril-mayo del 2023;

2) aprobar la iniciativa de reforma constitucional de medio ambiente, que prohíbe la minería de tajo a cielo abierto propuesta en este mismo año y,

3) cumplir con el compromiso 87 incluido en sus 100 puntos2, en el sentido de evaluar las concesiones ya otorgadas para conocer los impactos socioambientales y para saber lo que las comunidades y pueblos dicen al respecto.

Es importante enfatizar que, en contraste con la campaña de desinformación que llevan a cabo los representantes de la industria minera, las cifras de diversas instituciones gubernamentales, de la academia y de diversos sectores reflejan una realidad distinta.

Agrega que los informes oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por ejemplo, dan cuenta de cómo las cifras de empleos en esta actividad extractiva están sobreestimadas, ella no aporta beneficios relevantes al empleo del país. Al final del año pasado, la minería aportó poco más de 127 mil empleos, que representan el 0.58% del empleo formal y que cuenta con seguridad social en el país.

Esto sin considerar que los empleos mineros son de alto riesgo y, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la minería sigue siendo la ocupación más peligrosa del mundo, con altos índices de muertes, lesiones y enfermedades entre los trabajadores de las minas y las comunidades circundantes. Los empleos mineros sólo representan el 1 por ciento de la fuerza de trabajo mundial, pero en la minería se dan alrededor del 8 por ciento de los accidentes mortales en el trabajo.

Asimismo, la contribución de la minería a las finanzas públicas es minúscula. Las empresas mineras, cuando lo hacen, contribuyen con pagos por derechos mineros e ingresos tributarios (Impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre productos y servicios (IEPS)).

Todas esas contribuciones de la actividad minera extractiva, durante los pasados seis años, aportaron en promedio apenas 0.82% de la recaudación total del gobierno federal, cifra que ha tenido pocas variaciones durante la última década, a pesar de que diversos municipios de México figuran en los rankings mundiales por la extracción de oro y plata, entre otros productos.

Otro tema crucial a tomar en cuenta por usted, como próxima presidenta, es que, pese a que numerosos proyectos mineros han permanecido en comunidades y poblados durante años, incluso décadas, en la gran mayoría de los casos la riqueza minera no se ha traducido en mejores condiciones de vida para sus habitantes.

En nueve de los veintiún centros productores de oro que hay en México, predominan niveles de pobreza y pobreza extrema más altos que en el promedio nacional y en algunos los índices de marginación son alarmantes. Sucede lo mismo en el caso de la plata y de otros recursos minerales.

Es importante agregar que la minería es una de las actividades que realiza mayor consumo y produce más contaminación de agua -cuyo volumen de consumo nunca pagó, debido a la Ley Minera de 1992. Es gracias a la Ley de Minería de 2023 que la industria minera tiene, por fin, la obligación de reportar el agua que utiliza-.

Este consumo privilegiado, dispendioso y contaminante del agua resulta inadmisible en la grave situación de estrés hídrico que enfrenta nuestro país; esta debe usarse para garantizar el derecho humano al agua y la producción de alimentos, no para que las mineras extraigan minerales que se llevan como materia prima, sin informar a México los volúmenes que obtienen, sin pagar los impuestos correspondientes y sin generar valor agregado.

Afirman los personeros de la industria minera que se han perdido “millones” de pesos por las medidas para regular a ese sector tomadas en la administración actual. Esas pérdidas no se reflejan de ninguna manera en las finanzas del país; son, en todo caso, pérdidas de ganancias para estas industrias que durante tres décadas se han dedicado a consumar procesos de despojo, violar derechos, contaminar y apropiarse del agua y los territorios y con ello, de los recursos minerales del país a cambio de pagos ridículos y de daños inmensos en los territorios donde operan.

Llamaron a la  Presidenta electa, a profundizar los cambios necesarios para frenar los abusos, procesos despojo y destrucción ambiental y comunitaria que se enfrentan en los territorios donde la gente tiene la enorme desgracia de que sus tierras han sido otorgadas en una concesión minera.

Es fundamental que su gobierno, que iniciará en octubre, haga honor a su compromiso de dar continuidad a los cambios sustantivos iniciados por el gobierno actual y que, en materia de minería, no permita que manden las empresas vía la actuación de funcionarios, jueces y congresistas, aliados a las empresas mineras, como ha sucedido a lo largo de las últimas tres décadas.

La minería es la primera causa de conflictos socioambientales del país, cuyo origen está en la infame ley minera aprobada en 1992, que operó durante 30 años. Doctora Claudia Sheinbaum, usted tiene un mandato claro, un respaldo mayoritario para frenar los abusos de industrias como estas. Le llamamos a mantener y cumplir con ese compromiso, tiene nuestro apoyo y el de millones de mexicanos y mexicanas para hacerlo.