Greenpeace México cuestionó la política ambiental de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que, a dos años del inicio de su gobierno, persisten pendientes y contradicciones entre el discurso de desarrollo sustentable y las decisiones relacionadas con infraestructura, energía, residuos y megaproyectos.

En un balance difundido con motivo del Segundo Informe de Gobierno, la organización sostuvo que la protección ambiental no ha ocupado un lugar prioritario y alertó sobre lo que considera retrocesos en materia ambiental durante 2026. Entre los principales cuestionamientos ubicó el impulso a infraestructura de gran escala, la expansión de la industria de combustibles fósiles y diversos proyectos con impactos territoriales.

Uno de los puntos centrales de la crítica es la posibilidad de recurrir al fracking para la explotación de gas fósil bajo el concepto de un supuesto “fracking sustentable”. Greenpeace recordó que un comité científico creado en abril de este año recomendó prohibir esta técnica en la cuenca Tampico-Misantla, pero advirtió que otras regiones, como las cuencas Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, podrían quedar expuestas a una intensificación de la explotación.

La organización reiteró su exigencia de establecer una prohibición constitucional del fracking en todo el país, al considerar que esta técnica genera riesgos ambientales y para la salud humana. También cuestionó el fortalecimiento de PEMEX y la CFE como empresas del Estado, al señalar que los recientes derrames, incendios y otros siniestros asociados con la industria petrolera evidencian los impactos del modelo energético basado en combustibles fósiles.

Greenpeace señaló además que existe una brecha entre las expectativas generadas al inicio de la administración y las acciones emprendidas. Recordó que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 plantea el desarrollo sustentable como uno de sus ejes, después de reconocer los efectos del modelo económico extractivista sobre el medio ambiente, la biodiversidad y la crisis climática. Sin embargo, la organización considera que todavía no se observa un cambio sustantivo hacia la justicia ambiental y social.

En materia climática, Greenpeace también advirtió la ausencia de una política suficiente de adaptación y atención al desplazamiento climático, pese al incremento de fenómenos extremos como olas de calor y lluvias intensas. La organización destacó que México incorporó el desplazamiento climático como eje prioritario en sus contribuciones nacionales determinadas ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pero sostuvo que este compromiso debe traducirse en políticas públicas y recursos para las comunidades más afectadas.

Otro frente de preocupación es la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Greenpeace consideró que la propuesta mantiene deficiencias en participación pública y acceso a la información ambiental, además de advertir sobre la necesidad de prohibir expresamente la fragmentación de proyectos durante las evaluaciones de impacto ambiental.

La contaminación por plásticos también ocupa un lugar en el balance. La organización cuestionó los denominados Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, al señalar que habitantes de San José Chiapa, Puebla, y San Pedro Ecatepec, Tlaxcala, se han manifestado contra la instalación de tecnologías como la pirólisis, el coprocesamiento y la valorización energética de residuos. Greenpeace sostiene que estas prácticas pueden mantener un modelo de generación masiva de residuos en lugar de avanzar hacia políticas de prevención y basura cero.

El balance también señala proyectos considerados de alto impacto, entre ellos la planta de amoniaco proyectada en Topolobampo, Sinaloa, que Greenpeace vincula con el uso de gas obtenido mediante fractura hidráulica y advierte que podría generar afectaciones en la Bahía de Ohuira, las comunidades de la zona y el territorio indígena Mayo-Yoreme.

Finalmente, Greenpeace alertó sobre la situación de las personas defensoras del medio ambiente y el territorio, y pidió al gobierno federal impulsar una política ambiental capaz de responder a la crisis climática, detener la degradación de los ecosistemas y atender las desigualdades sociales asociadas con el deterioro ambiental.

La organización sostuvo que el desafío no consiste únicamente en anunciar proyectos bajo conceptos como desarrollo sustentable o economía circular, sino en garantizar que las decisiones públicas privilegien la protección de los ecosistemas, la salud, los derechos de las comunidades y la conservación de la biodiversidad.