Más de 400 organizaciones, pueblos, universidades e instituciones de investigación participaron en el proceso de discusión y elaboración de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, que presentaron a la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Esta Iniciativa sienta las bases para una amplia participación ciudadana y de los pueblos para lograr el acceso equitativo y sustentable al agua, en cumplimiento a la reforma del art. 4° constitucional, que mandata una Ley General de Aguas desde febrero de 2013

Las organizaciones, pueblos indígenas y académicos entregaron la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, respaldada por más de 198 mil firmas ciudadanas acreditadas con credencial de elector, a los representantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, basándose en el Artículo 71 fracción IV permite la presentación de Iniciativas Ciudadanas cuando éstas sean respaldadas con las firmas de por lo menos el 0.13% de la lista nominal de electores.

La Iniciativa ciudadana propone:

• Establecer procesos consensuados de planeación para enfrentar el sobreconcesionamiento y la contaminación impune en cada territorio del país.
• Restaurar los derechos de los pueblos indígenas y los núcleos agrarios, y establecer esquemas de apoyo para sus labores de restauración y defensa de las fuentes del agua del país.
• Establecer criterios objetivos de sustentabilidad públicamente medibles como condición para el otorgamiento de concesiones, para así restaurar las cuencas y acuíferos y poner fin al ejercicio arbitrario de la autoridad que ha autorizado el uso de aguas nacionales para proyectos demandantes de agua en zonas de alto estrés hídrico, como Constellation Brands en Mexicali, Goldcorp en Zacatecas y Modelo en el Acuífero Apan, Hidalgo. 
• Democratizar y transparentar la administración de los sistemas municipales, haciendo obligatoria la distribución equitativa del agua a todos los hogares.
• Cerrar la puerta a la privatización de sistemas municipales y de obras hidráulicas.
• Permitir la aplicación de recursos públicos solo en obras aprobadas a través de una Evaluación de Costo-Beneficio Social, Económico y Ambiental, para poner fin al despilfarro a favor de megaproyectos hidráulicos con costos excesivos y de cuestionable valor de cada sexenio (como el Emisor Oriente, la Planta Atotonilco, las obras hidráulicas de NAICM, Presa y acueducto Zapotillo, entre otros).
• Crear un Dictamen de Impacto Sociohídrico, que bloquearía la autorización de cualquier obra o actividad que vulneraría el derecho humano al agua de las comunidades.
• Establecer políticas fiscales y tarifarias que reemplacen el actual esquema de subsidios indirectos para grandes usuarios, con el cual quienes tienen mayores beneficios económicos del aprovechamiento de aguas pagarían derechos para cubrir el costo de manejo y renovación de las aguas que utilizan y cubrir el costo de las obras requeridas para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento para toda la población.
• No permitir el uso de aguas nacionales para la minería tóxica ni el fracking.
• Poner fin a las actuales dinámicas de corrupción a través de una Contraloría Social del Agua, con unidades auto-organizadas desde el nivel local hasta el nacional.
• Contar con una Defensoría del Agua y el Ambiente, la cual utilizaría recursos públicos y abogados especializados para obligar a los grandes concesionarios infractores a cubrir el costo total de los daños que han causado a los cuerpos de agua, las comunidades y los ecosistemas.
• Establecer el diálogo para evitar el uso de la fuerza pública contra los defensores del agua.

“El 8 febrero 2012, se reformó el artículo 4 de la Constitución reconociendo el derecho al agua y a un medio ambiente sano. El tercer transitorio de esta reforma exigió la aprobación de una Ley General de Aguas que siente las bases para la participación ciudadana y de los tres órdenes de gobierno para lograr el acceso equitativo y sustentable al líquido, en un marco de derechos humanos y derechos de los pueblos. Esta Iniciativa asume ese mandato y abre las puertas a la coparticipación ciudadana-gubernamental del agua”, afirmó el Dr. Oscar Monroy Hermosillo, exRector de la UAM Iztapalapa, representante ciudadano para la presentación de la Iniciativa.

“La Ley de Aguas Nacionales vigente tuvo como objetivo central entregar las aguas de la Nación y su manejo a intereses privados, a través de un sistema de concesiones, las cuales son objetos de compra y venta. Desde su aprobación, en 1992, la Comisión Nacional del Agua ha otorgado más de 537 mil concesiones, en violación de vedas, disponibilidades y los derechos de pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades rurales,” afirmó Pedro Moctezuma Barragán, co-fundador de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida, instancia formada en el proceso de elaboración de la Iniciativa y en la preparación para su instrumentación.

“Es impostergable contar con una Ley General de Aguas que respete los derechos ancestrales de los pueblos indígenas sobre as aguas en sus territorios, previos y superiores al sistema de concesiones,” comentó la Lic. Maira Olivo Paz, abogada de Flor y Canto de Valles Centrales de Oaxaca.

El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera, participó como testigo

Por su parte, Rogel del Rosal Valladares de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina comentó que “La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas representa la oportunidad de sentar las bases jurídicas para proteger las aguas de México y, como lo ha afirmado el Presidente de la República, proteger a la naturaleza y evitar megaproyectos devastadores como son el fracking y la minería tóxica.”

Para evaluar el funcionamiento de esas concesiones, la Conagua actualmente cuenta con solo 85 inspectores, mientras que 60% de los cuerpos de agua del país oficialmente están contaminados y 25 millones de mexicanos (en 2017) contaban con agua en sus casas solo dos o tres veces a la semana, en tanto que 14 millones de mexicanos no contaban con servicios sanitarios conectados a sistemas de drenaje.

Según un estudio del World Resources Institute, habitantes de 15 estados (BCS, Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, NL, Morelos, Jalisco y Tamaulipas) sufren estrés hídrico “extremadamente alto” y están acercándose a su “Día Cero.”

Frente a este panorama, la Iniciativa Ciudadana representa el compromiso y la capacidad de la ciudadanía y los pueblos de colaborar con los tres niveles de gobierno para construir un buen gobierno del agua.

El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera, participó como testigo en la entrega de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, que tuvo lugar en la Cámara de Diputados.

La iniciativa es impulsada por organizaciones sociales, investigadores, académicos y representantes de pueblos originarios –contiene el respaldo de 198 mil firmas– y pugna por inducir un acceso equitativo y democrático al recurso agua.

En el evento participaron también en calidad de testigos el subsecretario de Normatividad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Julio Trujillo Segura, y el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Luciano Concheiro Bórquez.

Víctor Suárez consideró que la democratización participativa del acceso al agua en México es un reto pendiente de la Cuarta Transformación.

“Se trata de revertir el sesgo neoliberal de la Ley General de Aguas vigente y recuperar, por medio de la vía legislativa, el carácter o enfoque del agua nacional como bien público, y de garantizar el derecho humano al agua, a un medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación», refirió.

«Se trata de revertir los procesos de privatización y mercantilización de este recurso vital y realizar una gestión democrática y sustentable del agua. A largo plazo, el agua es vital para la autosuficiencia alimentaria de las familias rurales y del país en su conjunto”, agregó el funcionario.

La Iniciativa fue entregada al área de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados y, entre otras cosas, plantea regular el derecho humano al agua, propone el reconocimiento de la propiedad del agua a las comunidades indígenas, crea Consejos de Aguas y Cuencas, integrados por ciudadanos, que se encargarían del manejo y administración del recurso, así como de supervisar proyectos.

Elena Burns, miembro de Agua para Todas y Todos, recordó que la reforma al artículo 4º. Constitucional realizada en febrero de 2012 estableció la necesidad de una nueva Ley General de Aguas que siente las bases para lograr el acceso equitativo y sustentable al agua por medio de la participación ciudadana y gubernamental.

La iniciativa que ahora se presenta, dijo, responde a ese requerimiento de la reforma constitucional.

Las organizaciones participantes en el evento, que representan a más de 400 comunidades indígenas, expusieron que actualmente sólo dos por ciento de los ciudadanos mantiene monopolio sobre 75 por ciento de reservas de acuíferos, lo que ha significado el despojo del líquido a los pueblos originarios.

Los participantes en la entrega de la iniciativa argumentaron que la propuesta que hacen pretende cambiar la legislación actual, que es extractivista, hacia una ley que cuide el agua, que realice mejor su captación, que tengamos agua limpia, que se trate, que se recicle y que se reutilice.

Asimismo, añadió, que se privilegien los usos humanos sobre los usos industriales y sobre los intereses capitalistas de ganancias de dinero.

La iniciativa de Ley General de Aguas prevé que Consejos de Aguas y Cuencas incluyan representantes de pueblos indígenas, investigadores, sistemas comunitarios, afectados hidricoambientales, productores agrícolas para la soberanía alimentaria y representantes de ecosistemas y cuerpos de agua, elegidos por sus propias asambleas.

Estos consejos elaborarían planes hídricoambientales vinculantes, y los organismos de cuenca de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como las comisiones estatales, estarían a cargo de su ejecución.

Contralorías ciudadanas auto-organizadas asumirían la responsabilidad de monitorear el buen funcionamiento de estas instancias y el cumplimiento de sus planes y decisiones por parte de los funcionarios.