Este 17 de mayo culminó una lucha histórica y jurídica por la defensa de los ríos y el agua por parte de comunidades y colectivos de las cuencas hidrográficas La Antigua y Actopan, en el estado de Veracruz, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto que reinstala la veda que existió en estas dos cuencas hasta el año 2018.^[1] 

En cumplimiento a la sentencia dictada por el Juez Décimo Octavo de Distrito en Veracruz en el juicio de amparo 687/2018, el Ejecutivo Federal ha expedido este nuevo decreto que busca reparar las violaciones a los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano de las comunidades y pueblos que habitan en dichas cuencas, y cuyo efecto es el de volver a proteger la totalidad de los caudales de los ríos. Además de ello, el juez determinó que la gestión de los ríos deberá ser compartida ahora entre las autoridades y las comunidades, en razón del vínculo cercano que tienen con los ríos y las formas de manejo tradicional del agua, lo cual representa una nueva forma de gestión de las cuencas en México.

El pasado 13 de septiembre del 2021, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en Veracruz emitió sentencia confirmando la decisión del Juez Décimo Octavo y por lo mismo, la inconstitucionalidad del “Decreto por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Actopan y Río La Antigua, de la Subregión Hidrológica Papaloapan A, de la Región Hidrológica número 28 Papaloapan, y se establecen zonas de reserva de aguas superficiales para los usos doméstico, público, urbano y ambiental o para conservación ecológica en las mismas cuencas hidrológicas”, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2018. 

En su sentencia el Juez Décimo Octavo reconoció, a partir de la aplicación del principio precautorio, que dicho decreto y otros actos de autoridad sí causarían un impacto significativo a las comunidades que dependen de los ríos Antigua y Actopan: con la disminución en sus caudales se afectarían a los ecosistemas, así como a la economía y la cultura de los pueblos y comunidades que dependen de estos ríos. 

Con la publicación del nuevo decreto el pasado 17 de mayo, quedó reinstalada la veda que existió hasta 2018, y por ello la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no podrá expedir nuevos títulos de concesión de agua. Este caso adquiere una gran relevancia en el camino hacia la transformación del paradigma que prevalece en México sobre el manejo del agua, buscando que el marco legal reconozca la importancia que tienen las comunidades indígenas y campesinas en la gestión de este recurso, así como los usos, prácticas y costumbres que han prevalecido a lo largo de los años en el manejo tradicional del agua.

Este caso también visibiliza la necesidad de expedir Ley General de Aguas que está pendiente desde 2012. “El río para nosotros es maestro y compañero de vida”, explica Alejandro, integrante del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (PUCARL), quien ha crecido junto con el río y participado en el proceso colectivo de defensa. Agradecemos a las comunidades y a todas las personas que hicieron posible el proceso de defensa de las dos cuencas y reconocemos el valor de las alianzas multiactorales para el cuidado de los territorios.

El éxito de este caso refrenda la importancia que tiene la organización comunitaria y colectiva para la defensa de la tierra, el territorio y el patrimonio natural; particularmente en este caso, el de los ríos y el del agua en general. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso con el cuidado y defensa de los ríos.

Continuaremos vigilantes del cuidado y la conservación de estas cuencas para garantizar que los ríos sigan corriendo libres y sigan siendo el eje articulador de nuestros proyectos de vida. Para ello, será fundamental recurrir a instrumentos como el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) y echar mano de estas herramientas para continuar con la defensa de los derechos humanos ambientales.

Foto: agua.org