Por el cierre de empresas consideradas como no esenciales, las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) han perdido al menos el 20 por ciento de su mercado y han tenido que desactivar a 15 por ciento de su personal, por lo que solicitan al gobierno federal los apoyos necesarios para poder diferir las cuotas de la carga social (IMSS, INFONAVIT y retiro, cesantía y vejez) porque, de lo contrario, podrían llegar a despedir hasta al 30 por ciento de sus empleados que llegarían a casi 3 mil trabajadores.

En rueda de prensa virtual, Armando Zúñiga Salinas, presidente de ASUME recordó que contrario al crecimiento anual de 20 por ciento que se había registrado en los tres últimos años, al cerrarse el primer cuatrimestre del año e impulsado por la pandemia de Covid-19, el sector decreció precisamente 20 por ciento y ha reducido sus plantillas laborales en un 15 por ciento, poco menos del 10 por ciento por despidos y el resto por confinamiento al ser considerados personas con riesgo por edad o problemas de enfermedad crónica.

“Para mantener los empleos, como prácticamente todas las empresas del país y en todo el mundo, solicitamos a nuestro gobierno federal los apoyos necesarios para poder diferir las cuotas de la carga social (IMSS, INFONAVIT y Retiro, Cesantía y Vejez) de estos meses en que ha bajado el ritmo de la actividad para poder pagarlas en parcialidades. Este apoyo permitiría a las empresas trasladar el compromiso de pagar los impuestos diferidos para que el flujo de efectivo de las empresas sea destinado a pagar nóminas y otros costos fijos que podrían paralizar la operación por falta de liquidez”, expresó el dirigente empresarial, quien estuvo acompañado por cuatro dirigentes de asociaciones.

“No pedimos condonación, pedimos un apoyo para seguir trabajando hombro con hombro con la seguridad pública, y con los ciudadanos y empresas que requieren de los servicios de seguridad privada”, añadió Francisco Avelar, presidente de la Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Adherentes (UNESPA), que agrupa empresas de seguridad en su mayoría del occidente del país.

Con este apoyo, apuntó Zúñiga Salinas, “se busca aliviar las presiones monetarias para el flujo de efectivo de las empresas y poder cumplir con todos: empleados, proveedores y gobierno”.

Joel Juárez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), terció en el sentido de que desde principios de abril hay cancelaciones de servicios, “hay un golpe a economía y a los flujos de efectivo de las empresas de seguridad privada que debemos garantizar de manera prioritaria, porque el 80 por ciento de los gastos, son gastos de nómina” y el gobierno debe estar muy consciente, abundó Zúñiga, “que nosotros trabajamos con la base de la pirámide, con gente que vive al día y es muy importante poder garantizar su nómina”.

Arturo de León Hernández, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Ciudad Juárez, consideró que “lo más importante es mantener el flujo de efectivo para poder mantener el mayor número de empleos y empleados activos. Es importe que la gente que ha sido capacitada pueda continuar en nuestras corporaciones”.

Las empresas de seguridad informales han sido, sin duda, las más afectadas puesto que algunas han tenido que cerrar definitivamente, pero también las más pequeñas que están en la formalidad están luchando por sobrevivir y se han dado casos de que algunas se han puesto a la venta, porque ya no pudieron con la carga, expresó Francisco Avelar.

Víctor Presichi, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular mediante GPS (ANERPV), dijo durante la rueda de prensa virtual que los servicios de seguridad seguramente son un sector que se va a reponer en cuanto las actividades se normalicen, pero en este momento, como prácticamente toda la industria en el país, pasan un grave trance que necesita apoyo.

Sobre todo, porque es un sector que necesita fortalecerse ante el incremento de la delincuencia, porque si bien los saqueos a los establecimientos comerciales se pararon ante la acción coordinada con las autoridades de al menos seis entidades como son la CDMX, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Sinaloa, es probable que, si el confinamiento se alarga, ya no sean actos vandálicos, sino acciones propiciadas por el hambre, como aseguró Armando Zúñiga.

Al respecto, Presichi observó que el delito se ha incrementado 7% en las zonas urbanas que ellos logran monitorear a través de rastreadores GPS, pero en lo que se refiere concretamente al transporte, hay zonas como la Puebla, Veracruz y Tlaxcala donde el incremento es arriba del 40%; Guanajuato, zona muy atacada por parte de los grupos delincuenciales, con 25% de incremento y la Ciudad de México y su Zona Metropolitana del Valle de México, que son vehículos de carga y distribución más ligeros, “estamos viendo incrementos de arriba del 20 por ciento”.