En atención a una denuncia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Nuevo León, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó la suspensión de actividades de una empresa dedicada al servicio de manejo de residuos peligrosos de otras empresas, en el municipio de Pesquería.

En la visita de inspección se constató que la empresa no contaba con la actualización de su registro como generador de residuos peligrosos y no manejaba adecuadamente los residuos que recibía y los que producía al encontrar, entre otros residuos, equipo de protección personal impregnados con grasas, lodos provenientes del proceso de destilación, contenedores metálicos impregnados de aceite, gasolina, diésel y pinturas; estopas con aceite y grasa.

 Los residuos peligros encontrados por los inspectores de la Procuraduría no estaban etiquetados para su almacenamiento temporal adecuado, por lo que se desconocía la cantidad, el tipo de residuos y el tiempo en el que se encontraban en las instalaciones. Las áreas de almacenamiento no cumplían con las condiciones establecidas en la normatividad, contraviniendo lo estipulado en el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).

Además, se observaron casi 2 mil metros cuadrados de suelo natural con presencia de manchas de aceites y grasas, con la posibilidad de infiltración de los hidrocarburos, lo que representa un riesgo a la salud humana y al medio ambiente.

Por ello, se impuso la medida de seguridad consistente en la suspensión de actividades en las instalaciones donde se encontraron los residuos peligrosos, y se dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente, en el que la empresa contará con los tiempos dispuestos en la ley para presentar las pruebas que considere pertinentes, a fin de que sean valoradas por esta Procuraduría.

 Las primeras acciones que ordenará la Profepa a la empresa serán el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones ambientales a las que está sujeta la empresa de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes, entre ellas, realizar la caracterización, limpieza y remediación adecuada de las áreas de suelo natural impactadas con materiales y residuos peligrosos.

Una vez valorados los efectos ambientales del mal manejo de los residuos peligrosos almacenados y el grado de cumplimiento de sus obligaciones ambientales, se procederá a la imposición de una sanción económica de acuerdo con los criterios establecidos en la LGPGIR.